La seguridad social al tapete

Alberto Ordóñez Ortiz

Por AGN -7 abril, 20183
Tras la presentación de un plan de gobierno dominado por una penumbra que impidió que se viera lo de fondo, es hora de que, -dada su crisis sin parangón-, volvamos los ojos a la Seguridad Social que curiosamente no fue ni siquiera mencionada pero que, cuando se trata de préstamos, ocupa planos estelares en boca los gobiernos de turno. No obstante, por su relevancia no ha dejado de estar en la cima del candelero público y por sus connotaciones sociales su presencia se ha vuelto recurrente. Demandante. Los problemas que le atraviesan y por los que atraviesa, alcanzaron proporciones nunca antes registradas cuando el Secretario de Comunicación del Gobierno reconoció su quiebra. Frente a ese desolador cuadro, más allá de las discusiones estériles sobre sus culpables, sin olvidarlos, desde luego, es preciso ir en línea recta a las soluciones, so pena de que la Seguridad Social y principalmente los jubilados, desaparezcan del mapa nacional.

El fallo de la Corte Constitucional que acaba de disponer que el 40% que el Estado debe al IESS para cubrir -¡óigaseme bien!- las pensiones de sus jubilados -es decir que no se trata de una contribución gratuita- sea cancelada, nos lleva a concluir que su arbitraria supresión: obra de Correa y de su sumisa Asamblea, fueron inconstitucionales. Ahora bien, toda violación constitucional constituye un grave delito punible y debe ser objeto de una sanción ejemplar y condigna. En esas condiciones, la iniciación de las respectivas acciones legales, es exigencia inaplazable, porque no es posible -sería un funesto precedente para la moralidad pública- que sus responsables se mantengan intocados, ¿intocables? libres y campantes. Si las autoridades tienen la calidad de tales, tienen que situarlos tras las rejas de máxima seguridad. Al Estado le corresponde iniciar las que viabilicen la recuperación de los fondos públicos defraudados.

Sin embargo, bajo el infamante pretexto de que no hay una auditoria confiable en torno al monto de la deuda total: la que incluye los préstamos otorgados al Estado, el gobierno bajo una maniobra aparentemente orientada a posponer su cancelación, -me refiero al 40%- ha ido sistemáticamente aplazándola. Sobre el particular, es imperativo que estemos absolutamente conscientes de que el pago del 40% no requiere de auditoría alguna, porque se trata de una cifra fija, insisto -valga la redundancia- que es el 40% de las pensiones de los jubilados del Estado. No hay para perderse. Entonces, resulta un insulto a la inteligencia que se pretenda meter gato por auditoría. Es destacable que jurídicamente hablando, debe saberse que su pago tiene que retrotrarse a la fecha en que se suspendió.

La extensión del seguro de salud a los hijos de afiliado hasta los dieciocho años, sin financiamiento, es uno de los detonantes que ha causado su quiebra. El Estado tendría que asumirla porque su primera obligación es otorgar Seguridad Social a sus habitantes. La oferta de extender la prestación de salud a las amas de casa y otros detonantes, podrían ser nuevos pretextos para desviar la atención de los varios y críticos problemas que la afectan. Entonces, hay que mantenerse en permanente estado de alerta. Con el un ojo abierto. Y el otro, también. (O)