¿Cuántos años de cárcel se ganó Correa?
Rafael Correa si acusó el golpe por los indicios de responsabilidad penal que estableció la Contraloría en su contra y la de sus ministros y funcionarios de su gobierno. Por supuesto, lejos de asumir la realidad de sus actos, la acomodó a su antojo: “¡Imagínense! Responsabilidad “penal” por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI”, escribió en su cuenta de twitter. Pues no, no es por eso. Ese informe, que fue aprobado el 6 de abril pasado y fue presentado ayer, abarcó dos ejes para los auditores: la verificación de que se cumplió la ley en las operaciones de endeudamiento público y la comprobación de que los recursos contraídos fueron recibidos, contabilizados y transferidos a los organismos encargados de ejecutar planes y proyectos.
Hasta la ministra Elsa Viteri lo desmintió el día de ayer, pero ya nada de eso importa en el pais cuántico.
¡Imagínense! Responsabilidad “penal” por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI.
“Los criminales son los que me acusan”
Lula da Silva. twitter.com/elcomerciocom/…
Rafael Correa conoce el informe porque Alexis Mera, su abogado, asistió a su lectura y pidió una copia. Sabe que tiene 101 páginas y que el análisis del decreto 1218 al que alude y emitió el 20 de octubre de 2016, se extiende solamente de la página 56 a la página 74. Sabe que ese análisis incluye los reparos de los auditores sino también los descargos que hicieron los funcionarios que aplicaron ese decreto que, en resumen, sirvió para dejar de considerar el endeudamiento público de todas las instituciones, sectores y organismos del sector público. El gobierno de Correa disminuyó así, mentirosamente, el volumen de la deuda pública y pudo seguir endeudando al país por encima del tope previsto en la Constitución del 40% en su relación con el producto Interno Bruto.
Correa no figura, entonces, en el Informe de la Contraloría “por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del FMI”, como lo quiere hacer creer. La Contraloría analiza a lo largo de esas 101 páginas, el sistema que creó su gobierno para efectuar un manejo totalmente discrecional no solo de la deuda externa, sino de su composición, su contratación, los términos de pago, su utilización y la conceptualización que permitió negar un volumen de ella. Correa y su gobierno se pusieron, además, al margen de cualquier control al haber declarado secretos y reservados todos los actos administrativos, contratos, convenios o documentos vinculados con financiamiento público.
Ahora Correa, en su afán de victimizarse, quisiera hacer creer que él es un perseguido político “por decir” que se mida la deuda externa según un mecanismo del FMI en 2016. La historia que investiga la Contraloría arranca en 2010 con la emisión del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que derogó leyes que preveían la composición de la deuda pública. Correa y su gobierno reemplazaron esas leyes y esos reglamentos. Por eso el informe no lo involucra solo a él: incluye a los ministros de Economía y Finanzas, subsecretarios de Financiamiento Público, Directores Nacionales del seguimiento y Evaluación de Financiamiento Público, Coordinador Jurídico del Ministerio de Finanzas…
Esos ex funcionarios tienen que responder por haber aplicado un método para calcular la relación deuda/PIB (40%), que permitió superarla, y que no estaba prevista en la ley. No solo eso: cuando la incumplieron, no aplicaron los requisitos, previstos en la ley, para seguir contratando deuda. Tampoco registraron, como deuda, la preventa de petróleo. Nada de todo esto se hubiera podido hacer sin el aval y, posiblemente, la orden de Rafael Correa. ¿Quién imagina a Patricio Rivera emitiendo, por su cuenta y riesgo, tres resoluciones ministeriales para declarar secretos y reservados la documentación sobre la contratación de endeudamiento público? Y esto violando la ley y extendiendo los plazos de esa reserva hasta el pago total de la deuda.
Correa no solo ordenaba a sus funcionarios. Controlaba, además, las condiciones, legales, técnicas y políticas de todas las operaciones de endeudamiento. Él reemplazó organismos autónomos por un Comité de Deuda y Financiamiento compuesto exclusivamente por funcionarios suyos: él o su delegado (que lo presidía); el Ministro de finanzas públicas o su delegado; el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado y el Subsecretario de Endeudamiento Público. Hay más grave: la Contraloría señala las incompatibilidades de estos personajes. Ejemplo: el Ministro de finanzas hace parte del Comité a pesar de ser la autoridad “que avala el informe técnico que sustenta la operación de endeudamiento” que, a su vez, lo elabora el Subsecretario de Financiamiento Público…
El informe de la Contraloría, plagado de datos y basado en documentos oficiales, muestra el sistema que se montó durante el correísmo para violar la Constitución y la ley, endeudar al país, superar el límite legal de endeudamiento, contraer deuda cara, efectuar preventa de petróleo y no registrarla como deuda, forzar a Petroecuador a gestionar créditos a nombre del Estado… Correa puede esconderse tras sus funcionarios para decir, como dijo ayer, que pregunten a Patricio Rivera por qué firmó las tres resoluciones para declarar secreta la documentación de la deuda. Pero él es responsable, según se colige del informe de la Contraloría, de irregularidades que tienen que ver con la asociación ilícita, el peculado, el tráfico de influencias, la falsedad documental y ocultamiento de información y otros delitos de función. Según el Código Integral Penal, esto suma una buena cantidad de años de cárcel para Correa. La caracterización de los delitos y la acusación no la hace la Contraloría y corre por cuenta de la Fiscalía que, como se sabe, está prácticamente descabezada.
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