Judicatura: Contraloría encuentra un perjuicio al Estado de USD 327.345.

Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, está siendo evaluado por el Cpccs.

Un segundo informe de la Contraloría General del Estado aparece y golpea al Consejo de la Judicatura, en un contexto en el que el presidente y los vocales de este organismo están siendo evaluados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, con la opción a que tras este proceso sean cesados en sus funciones. Este informe da cuenta de un presunto perjuicio por 327.345,60 dólares.

Se trata de un contrato de arrendamiento entre la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas con la empresa Brenan S.A. por un edificio ubicado en la Ciudadela Alborada, entre las avenidas Francisco de Orellana y Benjamín Carrión. Por este inmueble, se presentó una oferta de arrendamiento de USD 17.500 mensuales.

Sin embargo, en el análisis de Contraloría, se tiene que la Ley de Inquilinato establece, en su artículo 17, que el límite máximo para fijar un arrendamiento es la doceava parte del 10% del avalúo comercial del inmueble, que conste en el catastro municipal. El avalúo del edificio es de USD 463.272,40, por lo que el valor máximo del arriendo era de USD 3.860,60. El perjuicio de más de 327 mil dólares es el excedente del arriendo que el Consejo de la Judicatura debió pagar por ese inmueble.

La opinión del asambleísta Esteban Bernal, que impulsa una propuesta para enjuiciar políticamente a Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura, coincide con las conclusiones a las que llegó Contraloría, ya que estas “irregularidades en las altas instancias del poder público” en un solo contrato, “demuestra la irresponsabilidad y forma abusiva con que vienen manejando al Consejo de la Judicatura”.

“Pero es más crítico”, dice Bernal, al cuestionar que una información tan relevante, como la contenida en este informe, salga a la luz pública por medio de legisladores que se dedican a investigar estos temas y no haya sido la misma Contraloría la que comunicó el hecho a la sociedad, o “el propio Consejo de la Judicatura que funge de honesto y cuando una de sus direcciones, en este caso la dirección provincial del Guayas, incurre en una irregularidad de esta naturaleza no lo comunica al país, en detrimento de los intereses de los ecuatorianos”.

María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, que ha cuestionado ante el CPCCS las actuaciones de Judicatura por la supuesta injerencia en la Justicia, ve con asombro “el uso irresponsable de los recursos públicos por parte de quienes debían ser los principales garantes del uso correcto de dichos recursos, al ser ellos parte de un poder del Estado que resulta primordial para el funcionamiento de la democracia”. Ella piensa que el “descontrol” no sólo toca un punto tan grave como “la designación arbitraria de jueces y fiscales, y el uso inadecuado y político del error inexcusable, sino de una falta de mesura en los gastos de los dineros de los ecuatorianos, causando perjuicios al Estado a nombre de la justicia”.

Miño dice que en estos años se ha dicho que gran parte de la “supuesta transformación de la justicia solo fue estética y de infraestructura. Ahora vemos cómo incluso en esos puntos donde los cambios se vieron hay pus”.

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