El Municipio de Quito sacudido por denuncias sobre coimas
La Fiscalía de Pichincha investiga una presunta red de coimas en el Municipio Metropolitano de Quito, que involucraría la regularización de taxis informales y las compensaciones al transporte en buses, así como otros aspectos como la limpieza del Trolebús. Dos concejales presuntamente involucrados anunciaron que no piensan renunciar, mientras la justicia de Pichincha les impuso medidas cautelares por 90 días.
23 de abril del 2018
REDACCIÓN PLAN V
Los concejales independientes de Quito, Eddy Sánchez y Sergio Garnica, que llegaron a sus curules con el apoyo de Alianza PAIS y movimiento Vive, respectivamente, desmintieron que vayan a renunciar como consecuencia de una indagación de la Fiscalía de Pichincha, que investiga la posible existencia de una red de sobornos en el Municipio de Quito.
El fiscal Fabián Salazar allanó el Palacio Municipal de Quito.
Los dos integrantes del Concejo Metropolitano se presentaron en sus oficinas del Palacio Municipal la mañana del lunes y en sus despachos desmintieron que piensen renunciar. Sánchez dijo que se lo quiere vincular a un contrato de limpieza del Trolebús, en que en no ha tomado decisión alguna pues su condición de concejal no se lo permite, mientras Garnica, en un audio difundido en redes sociales, sostuvo que se trata de una "calumnia en su contra", emitida por uno de los denunciantes. Garnica, en su cuenta de Twitter, sostuvo también que ha actuado dentro de la legalidad, y que está colaborando con la Fiscalía en el proceso investigativo.
Ambos concejales fueron detenidos para investigaciones la semana pasada, cuando en el marco del operativo ARES, la Fiscalía del Pichincha allanó 14 inmuebles en la capital, entre ellos, el Palacio Municipal, y aseguró varias evidencias, como dinero en efectivo, talonarios de compañías de transporte en buses, un arma de fuego, vehículos, entre otras. Los allanamientos se produjeron también en otras dependencias municipales, como la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito, la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, y la Cámara de Transporte, una entidad que agrupa a algunas empresa de buses.
Los allanamientos se produjeron también en otras dependencias municipales, como la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito, la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, y la Cámara de Transporte, una entidad que agrupa a algunas empresa de buses.
Los concejales y seis personas más, quienes se han desempeñado como secretarios de Movilidad, asesores, gerentes de las empresas municipales de transporte público, entre otros, fueron llevados a la Fiscalía de Pichincha. En un primer momento, se informó que los concejales solo habían sido retenidos para que rindieran su versión ante las denuncias, pero en horas de la tarde la Corte Provincial legalizó su detención. Finalmente, tras colocarles un grillete electrónico, fueron liberados.
Según informó la Fiscalía, se inició un proceso penal por los presuntos delitos de asociación ilícita (de 3 a 5 años de prisión art. 370), concusión (de 3 a 5 años art. 281), enriquecimiento privado no justificado (de 7 a 10 años art. 279) en contra de los dos concejales, así como de Xavier V., Fausto M., Segundo S., Andrea F., Rubén L., y Mónica G., "supuesto nexo en la acreditación de cooperativas de transporte".
La jueza María de los Ángeles Montalvo de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dispuso contra los procesados la prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente en la Unidad de Flagrancia y usar un dispositivo (grillete) electrónico, así como la retención de sus cuentas y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles.
Según la Fiscalía, el fiscal provincial de Pichincha, Fabián Salazar, presentó varios elementos de convicción como "las conversaciones telefónicas vinculantes en donde se presume que los hoy procesados fijaban puntos de encuentro para receptar dinero que provenía de los transportistas e incluso se identificarían a través de los seudónimos “Ingeniero”, “Gordo”, “Flaco”, “Secre”, “Pepe” y “Mona”.
El fiscal sostuvo en la audiencia que "dos procesados habrían intercambiado USD 18 000. En su dictamen, tras concluir la audiencia, la juez consideró que el fiscal no pudo probar la necesidad de la prisión preventiva de los sindicados, por lo que no la aceptó. De todas formas, se abrió una instrucción fiscal por 90 días.
Según precisó la Fiscalía, "el fiscal Eduardo Estrella lideró la diligencia que se investiga desde marzo debido a denuncias de usuarios y transportistas afectados. Se presume que el dinero se destinaba para dar autorizaciones y permisos de operación para buses y taxis. Con un despliegue de 16 agentes fiscales y cerca de 40 policías, se logró la incautación de 2 vehículos, 1 arma de fuego, 33 municiones, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentos".
Estas son algunas de las evidencias incautadas por la Fiscalía General del Estado. Fotos: Twitter Fiscalía General del Estado
En una rueda de prensa en su despacho, el fiscal Fabián Salazar dijo que tras las primeras investigaciones se ha logrado evidenciar “una estructura criminal”. “Estamos hablando de un movimiento de 80 millones de dólares”.
En declaraciones al portal EcuadorInmediato, el fiscal agregó que se cobraba entre USD 2000 y USD 5000 por permiso de cada taxi. "Es un caso que ha estado en la fiscalía provincial desde hace siete meses, fue denunciado por un miembro de un observatorio ciudadano. Yo tomo la decisión, Inteligencia de la Policía nos hace un informe y manifiesta que pueden existir casos de corrupción en el Distrito Metropolitano de Quito, donde estarían involucrados funcionarios y ciudadanos, habría una red delictiva. Delego a un fiscal, el doctor Eduardo Estrella, él realiza una investigación previa antes de presentar cargos".
El fiscal no descartó que haya "una red de corrupción" en el Municipio, y explicó que se habría cometido una asociación ilícita: “Esto es una asociación ilícita porque se juntan más de dos personas para cometer un acto que infringe la ley. Es un abuso torpe, abusivo”. Los cobros, dijo el fiscal, se habrían realizado "para poder obtener algún permiso, alguna activación de sus rutas, tanto taxis como buses, tenían que cancelar dinero que les permita realizar algo que literalmente es gratuito".
Los cobros, dijo el fiscal, se habrían realizado "para poder obtener algún permiso, alguna activación de sus rutas, tanto taxis como buses, tenían que cancelar dinero que les permita realizar algo que literalmente es gratuito".
“Hagamos cuentas, una compañía de 80 socios tenía que pagar USD 2000, por 80 socios, más o menos en ese rango estamos analizando y lo peor de todo es que hay víctimas que tenían que vender cosas, sus autos, empeñar sus bienes”.
El millonario cálculo
Pero, ¿de dónde podría salir la gran suma que el fiscal Salazar asegura sería el monto de los dineros manejados por la red en el Municipio? La cifra llama la atención porque la red de sobornos de Odebrecht, que según la justicia de Estados Unidos manejó USD 30 millones en el país, habría usado mucho menos dinero que el se estaría indagando en estos supuestos sobornos en el Municipio.
Según la Fiscalía, tendría relación con la regularización de taxis y, posiblemente, con las compensaciones a buses. En el caso de los buses, hasta el momento se han pagado 88 millones en compensaciones, que consisten en que cada bus recibe mensualmente, entre USD 460 y USD 1000 de dinero municipal para que mantengan la tarifa de USD 25 centavos para los usuarios. Pero cuánto recibe cada vez es algo que depende los informes de fiscalización municipal. Una fuente del Palacio Municipal dijo a PLANV que esa podría ser una fuente de corrupción, pues del informe depende el monto de los pagos.
Otra pista que sigue la Fiscalía tiene que ver con la regularización de los taxis. Por lo menos 8900 taxistas informales se inscribieron en un proceso de regularización, que tiene por objetivo el de entregarles un permiso de operación legal. El concejal Carlos Páez (Alianza PAIS), en varias intervenciones ante el Concejo Municipal, afirmó el año pasado que a su oficina llegaron denuncias de los taxistas informales, quienes sostenían que se les pedía entre cuatro y siete mil dólares a cada taxi para lograr un permiso. El concejal sostuvo que se limitó a orientar a los denunciantes para que, en primer lugar, no realizaran ningún pago ilegal, y por otro lado, les invitó a que concurran a la Fiscalía a presentar las respectivas denuncias. Según Páez, no todos quienes estaban en el proceso de regularización habrían hecho pagos ilegales, pero no se puede descartar que estos hayan ocurrido. El concejal pidió al alcalde Mauricio Rodas que el tema sea conocido en el Concejo Metropolitano.
"El Lava Jato quiteño"
La denuncia provocó varias reacciones. Xavier Buendía, del Observatorio de Movilidad, en declaraciones al portal EcuadorInmediato, aseguró que la red bien puede calificarse como el "Lava Jato quiteño". Según Buendía, hay 48 expedientes de investigaciones sobre este tipo de denuncias al tiempo que reiteró su apoyo al fiscal Fabián Salazar. Los procesos se habrían iniciado en enero de este año, ante denuncias de corrupción en el Municipio, pues, dijo, durante la alcaldía de Mauricio Rodas se habría enquistado la corrupción en el Palacio Municipal. “Lo que se busca es la demostración de concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, que son los más graves respecto de la fe pública y de la administración pública, por es que las actuaciones tienen que ver con la institucionalidad enquistada, estos son los primeros imputados”, dijo el abogado al portal.
"Hay una posibilidad concreta de que sea un mentiroso contumaz, esto tiene que ser llevado a la administración de justicia dada la imposibilidad de que la responsabilidad en el orden político también haya podido ser dictaminada", dijo Xavier Buendía al portal EcuadorImediato sobre la responsabilidad de Mauricio Rodas.
“El 8 de septiembre del 2016 y hasta el día hoy y volvemos a exhortarle doctor Pablo Celi, contralor General del Estado encargado, ya son 19 meses respecto de nuestro pedido a la Contraloría General del Estado para que se pronuncie, dentro de ello, hay 8 temas adicionales de los cuales es horita que tenga la misma diligencia que tiene en otro casos, que hasta informes-borrador hacen rueda de prensa”, recordó Buendía, sobre un pedido a la Contraloría para que investigue 18 casos de irregularidades en el Municipio. Varias de ellas tienen relación con la compensación a los buseros, que desde el Observatorio es considerada como un subsidio ilegal con dinero del Estado a negocios privados.
“Estamos hablando de los temas de cómo ilegalmente se han llevado adelante los procesos sobre la aprobación ilegal de los presupuestos en Quito, estamos hablando de los contratos relacionados con las obras inconclusas que declararon como emblemáticas, el tema de la mal llamada Solución Guayasamín, el Quito Cables, lo último que nos acabamos de enterar y el Fiscal va a tener novedad y noticia esta semana, a más de que le vamos a solicitar ya formalmente que llame a comparecer al Alcalde a rendir versión, nada más y nada menos que frente a los USD$134 millones, malhadadamente una mayoría en el Concejo le dieron aprobación, en una lesiva operación con una entidad privada al Alcalde Metropolitano, este se habría justificado, ese pedido de crédito, con obras ya ejecutadas, varias de ellas, en las parroquias rurales de Quito”.
Sobre la responsabilidad del alcalde Mauricio Rodas, Buendía aseguró a EcuadorInmediato que “Si él no conocía, se ha demostrado porqué vivimos el estado de negligencia en Quito que nos tiene en las condiciones de vida en las que tenemos que transcurrir diariamente o, por el contrario, hay una posibilidad concreta de que sea un mentiroso contumaz, esto tiene que ser llevado a la administración de justicia dada la imposibilidad de que la responsabilidad en el orden político también haya podido ser dictaminada con toda claridad en el Concejo Metropolitano dado los repartos en los cuales se entró desde el primer día”, en esa medida, pidió que sea llamado a declarar en esta indagatoria el propio alcalde Rodas.
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