Fiscalía inicia investigación previa urgente contra Correa
La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación previa urgente contra el expresidente de la República Rafael Correa, por los supuestos aportes económicos de las Farc a la campaña del exmandatario ecuatoriano.
El secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, presentó el pasado 20 de abril ante la Fiscalía General del Estado, un escrito solicitando una actuación fiscal urgente, de acuerdo al artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal.
El pedido se motiva en un video que el periodista Fernando del Rincón, de la cadena internacional CNN, hizo conocer al presidente de la República, Lenín Moreno, en entrevista realizada el pasado 18 de abril de 2018 en el Palacio de Gobierno.
En las imágenes, un supuesto testigo protegido (exguerrillero de las FARC) asevera haber entregado dinero proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a la campaña presidencial de Rafael Correa.
El exguerrillero de las FARC “quien estaba a cargo de algunos laboratorios de cocaína del grupo delictivo y quien también diseñaba rutas para el tráfico de drogas desde Colombia hasta Ecuador”, declaró que “las FARC habrían financiado con al menos USD 500 mil, a una de las campañas presidenciales de Rafael Correa” y que el dinero fue entregado “por medio del exasambleísta ecuatoriano Paco Velasco”, pareja de la actual Ministra de Justicia Rossana Alvarado.
“Esto permite concluir que existen motivos suficientes para iniciar investigaciones que determinen el posible cometimiento de un delito de acción pública”, según indica en un documento la secretaría nacional de comunicación.
El mismo día que se hiciera el pedido a la fiscalía, esta, amparado en los artículos 194 y 195, primer inciso, de la Constitución de la República de Ecuador; numeral 1 del artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, los artículos 580; 581 y 583 del Código Orgánico Integral Penal, dio inicio a la fase pre procesal de investigación previa, a fin de investigar un presunto delito de acción pública.
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