Cuando hablar del dinero de las FARC era traición a la patria
25 años de prisión podía haber pagado en la cárcel, en el 2008, la persona que se atrevía a pedir que se investigue si en la campaña de Rafael Correa habían ingresado aportes financieros de las FARC. ¿Chiste? Para nada.
25 años era la pena fijada en aquel tiempo para quien hubiera cometido traición a la patria; el delito por el cual en abril de ese año la Fiscalía, en cuya cabeza estaba Washington Pesántez, inició una instrucción fiscal en contra de Diego Ordóñez. El crimen había sido solicitar al Tribunal Supremo Electoral que se investiguen las denuncias que sobre posibles aportes de los subversivos para la campaña de Correa habían aparecido. El organismo electoral no se tomó ni tres días en desechar el pedido. Los votos de su presidente Jorge Acosta y los vocales Elsa Bucaram, Hernán Rivadeneira y René Maugé sepultaron la iniciativa. De ahí el tema fue a la Fiscalía donde luego de evidenciarse que la idea de acusar a Ordóñez de traidor a la patria por su pedido no iba a tener mucho recorrido, fue archivó. Pero la advertencia había funcionado: quien se atreva a mencionar en los tribunales el tema será procesado.
Lo que hizo Ordóñez en aquel entonces es más o menos lo mismo que ahora está haciendo el presidente Lenín Moreno, es decir pedir que se investigue los posibles aportes de las FARC a la campaña de Correa del 2006. El pedido de Ordóñez se hizo en el 2008 luego de que aparecieron videos y denuncias posteriores al ataque colombiano al campamento guerrillero en Angostura, donde murió Raúl Reyes. Algunas de ellas las hizo el presidente colombiano Álvaro Uribe.
Moreno, en cambio, hace el pedido porque afirma haberse enterado del tema al ver un video apareció en redes sociales en el 2012 y levantó una inmensa polvareda, no solo por el contenido de las denuncias que se hacían ahí sino también porque fue un documental al que el gobierno de Rafael Correa trató de eliminar varias veces, gastando millones de dólares en agencias internacionales especializadas sacar material de las redes sociales. El video se hizo especialmente famoso por el juego del gato y el ratón que se produjo entonces: el gobierno eliminaba el documental y enseguida alguien lo volvía a subir. Así cientos de veces.
El documental, titulado “Correa: el padre de la patria” fue una producción del periodista colombiano Gonzalo Guillén en el que se aparecía un ex guerrillero de las FARC afirmando cómo ese grupo vinculado con el narcotráfico había enviado ayudas financieras a la campaña de Correa. El video se convirtió en un tema tabú y los medios de comunicación prefirieron no hablar de él. El debate se limitó exclusivamente a las redes.
La historia de las denuncias sobre los dineros de las FARC en la campaña de Correa comenzó, en realidad, a partir del bombardeo a Angostura el 1 de marzo del 2008. Durante ese ataque las FFAA colombianas lograron recuperar tres computadores que eran del comandante guerrillero donde aparecieron comunicaciones que hablaban de las contribuciones. El presidente colombiano de ese entonces, Álvaro Uribe, leyó algunos de esos correos durante una cumbre presidencial en República Dominicana que se hizo célebre por el enfrentamiento que tuvo con Rafael Correa. Se trataba de comunicaciones entre los mandos guerrilleros que hablaban de cómo se había ido articulando una donación de dinero a la campaña de Correa a cambio de ciertos compromisos políticos.
Poco tiempo después, en julio del 2009, se sumó un video en el que aparecía el Mono Jojoy, número dos de la guerrilla en ese ese momento, leyendo un informe en el que se decía “ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos, según documentos en poder de todos nosotros”.
En agosto del 2009 se filtró un supuestos diario personal de Raúl Reyes que daba uenta de las relaciones clandestinas de la guerrilla con el equipo de Correa y la entrega de dinero. En el documento se hablaba de la entrega de 400 000 dólares a la campaña, cifra que, según la prensa de ese entonces, coincidía con las sumas ingresadas en efectivo en esas fechas en la cuenta bancaria de Alianza País en el Banco de Machala.
Todas las denuncias fueron ignoradas por las autoridades de control ecuatorianas y cuando merecieron alguna atención fueron archivadas en poco tiempo. “El expediente no tuvo recorrido. En octubre de 2008, 15 días antes de ser disuelto por la la nueva Asamblea Constituyente (controlada por Alianza País), el Tribunal dio el carpetazo al asunto”, decía diario El País de España en un extenso informe que publicó en agosto del 2009 y que bajo el título de “El dinero perdido de las FARC” produjo un sacudón en el gobierno de Correa quien, como era su costumbre, se lo sacó de encima con insultos y descalificaciones.
Correa y sus más cercanos colaboradores siempre negaron las versiones. Nunca lo hicieron demostrando no haber recibido dinero sino desprestigiando la fuente de la denuncia o afirmando que si las FARC decían aquello era porque alguien habría tomado el nombre de la campaña para pedir dinero que jamás entregaron. Cuando apareció el video del Mono Jojoy la coartada fue decir que todo era una estrategia regional para desmontar a los gobiernos progresistas de la región. “Que investiguen la tontería que acaban de sacar -dijo Correa- esta campaña que, no solo es a nivel de Colombia y Ecuador, sino a nivel regional, donde hay una arremetida de la derecha y de todos sus instrumentos y todas sus armas, entre ellos los medios, para desestabilizar a los gobiernos progresistas”.
La mezcla de sentimientos de patriotismo y de soberanía ultrajada, exacerbados por el discurso oficial, con la enorme simpatía que Correa tenía en amplios sectores de la población, facilitó la tarea de archivar o ignorar las denuncias. Casi diez años más tarde, la situación cambia drásticamente con la indignación y alarma por lo que ocurre en la frontera norte y Lenín Moreno pide que se haga la investigación. ¿En verdad Lenín Moreno nunca había visto el video de Gonzalo Guillén y Santiago Villa? Es muy difícil creer que recién lo haya visto. Lo único cierto es que a estas alturas pretender condenar a alguien por traición a la patria por pedir que se haga la investigación suena a una espantosa aberración. Solo han pasado cerca de diez años para que eso haya cambiado.
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