Carlos Baca enfrenta el juicio político impugnando pruebas
El fiscal general compareció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para enfrentar el juicio político con lógica jurídica. Impugnó las pruebas presentadas en su contra como lo haría en un proceso penal, y arremetió contra los testigos de su rival, José Serrano. La Comisión de Fiscalización se pronunciará esta semana sobre si el caso pasa o no a conocimiento del Pleno del Legislativo. Si Baca es censurado se produciría un vacío en la Fiscalía, pues la subrogante del fiscal general, Thania Moreno, está suspendida de sus funciones.
16 de abril del 2018
FERMÍN VACA
La lógica jurídica primó en la intervención del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
El titular del Ministerio Público llegó acompañado de una nutrida delegación de fiscales, entre ellos, el fiscal provincial del Pichincha, Fabián Salazar. Los fiscales ocuparon casi todas las sillas destinadas en el Salón de los Presidentes del Palacio Legislativo para los simpatizantes del interpelado. En el otro lado del Salón, en cambio, estaban sentados asambleístas, como César Rhon del PSC, quienes fueron a escuchar los argumentos del fiscal general, llamado a juicio político en la misma sesión en la que se selló la caída del ex presidente de la Legislatura y ex ministro del Interior, José Serrano.
El fiscal llegó con una corta presentación en Power Point y una texto preparado para su defensa. Para el eje central de su intervención fue más técnico que político. El fiscal quiere demostrar que las pruebas que José Serrano presentó en su contra son forjadas, y por tanto, sin mayor valor.
El fiscal llegó con una corta presentación en Power Point y una texto preparado para su defensa. Para el eje central de su intervención fue más técnico que político. El fiscal quiere demostrar que las pruebas que José Serrano presentó en su contra son forjadas, y por tanto, sin mayor valor.
Baca Mancheno se mantuvo en los mismos argumentos que ha esgrimido desde que se inició la polémica por una conversación grabada, en la que se escucha a Serrano hablar con el ex contralor Carlos Pólit. En ese diálogo, producido el año pasado, el ex contralor que se encuentra prófugo en Miami -es ciudadano americano y es muy difícil su extradición- y Serrano, quien ese momento era presidente de la Asamblea Nacional, hablan sobre la conducta del fiscal Baca, al que califican como "un miserable que no va a cumplir ningún acuerdo". También concuerdan en que "hay que bajarlo", y hablan, al parecer, de hacerlo por medio de un informe de la Contraloría, en donde se establece que Baca, como presidente de la Comisión del 30S, había cobrado sueldo y solicitado pagos que fueron cubiertos con el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia, SENAIN.
Las pruebas, una por una
Baca insistió ante la Comisión de Fiscalización en que era de su deber hacer público el polémico audio, pues no se podría afirmar que se trataba de algún asunto personal que debía ser manejado con reserva. Puso varios ejemplos sobre cómo cualquier persona que conoce de una grave conspiración en su contra la denunciaría en lugar de ocultarla. Lo ético, sostuvo Baca Mancheno, era hacer pública la grabación, por lo que cree que la ética de los legisladores, al iniciar un juicio político en su contra con esa prueba, está trastocada. De esta manera, Baca atajó uno de los cuestionamientos en su contra: haber hecho pública la grabación. El segundo cuestionamiento es de índole legal: hay quienes afirman que para hacer pública la grabación, Baca debió "judicializar" el asunto, cumpliendo con la serie de pasos previstos en las leyes. A eso Baca respondió, nuevamente, que el audio estaba en una red social y que por lo tanto era de dominio público, aunque esta vez tampoco aclaró exactamente en qué red estaba.
Al argumento de la judicialización previa, Baca responde que primero ocurre un hecho y luego se judicializa y no al revés. En palabras simples, primero ocurre el asesinato, luego se informa a la policía y esta informa al sistema judicial. Siendo ese el orden de las cosas -Baca apeló en este punto a la pura lógica jurídica- la forma en la que hizo público el tema, en una declaración de prensa en la que no aceptó preguntas, fue más que correcta.
Asambleístas de varias fuerzas políticas estuvieron presentes en la intervención del fiscal general.
Otro reparo en su contra es la declaración juramentada de un policía, Danny Ibarra, quien fue a la Notaría Séptima de Quito, a una cuadra del Palacio Legislativo, a firmar un documento en el que sostiene que el parte que Baca Mancheno asegura fue la noticia que tuvo de la grabación fue forjado en medio de una serie de presiones. Ibarra, a quien Serrano identificó solamente como el "Policía Valiente" y cuyo nombre se conoció cuando el documento notarizado se hizo público en Twitter, en un clase de la Policía Nacional que trabaja en investigaciones con la Fiscalía.
En tono sarcástico, el fiscal general arremetió contra el policía, a quien calificó como "una pobre alma bendita" que había sido presionado por sus jefes y por él mismo para que le cambie la hora al parte policial, de manera que coincida con la declaración de prensa de Baca Mancheno.
Baca se dirigió en tono sarcástico al "Policía Valiente", Danny Ibarra, quien ha dicho que lucha "contra un malvado".
En tono sarcástico, el fiscal general arremetió contra el policía, a quien calificó como "una pobre alma bendita" que había sido presionado por sus jefes y por él mismo para que le cambie la hora al parte policial, de manera que coincida con la declaración de prensa de Baca Mancheno.
Para desvanecer esa prueba en su contra, a la que con la misma sorna llamó "la prueba de oro de Serrano", el fiscal se situó en la tarde del 5 de marzo, cuando Ibarra fue ante un notario de Quito a firmar su confesión. Baca precisó que los contactos entre Serrano y Baca Mancheno ocurrieron durante el fin de semana del 3 al 4 de marzo. En pleno domingo 4 de marzo, el Policía Valiente se habría reunido con el secretario de la Política, Miguel Carvajal, y con el presidente de la Asamblea, José Serrano, para hablar de estas supuestas presiones. Baca ironizó: "el polícía valiente que se enfrenta a un malvado" habría estado en reuniones con Serrano desde el día anterior, y luego, estuvo en una diligencia judicial en el momento que supuestamente fue presionado por el fiscal general. Para mayor abundamiento -dicen los abogados que lo que abunda no hace daño- el fiscal general presentó la citación de una audiencia a la que sostene asistió el agente que decía haber estado en reuniones con sus jefes en el Edificio Patria de la Fiscalía General.
Y para seguir abundando, el fiscal general declaró que la llamada "prueba de oro" se desvanece también por otros dos elementos: el primero que el propio notario admitió que editó algunas de las declaraciones del policía cuyo testimonio receptó, lo que lo invalidaría. En segundo lugar, que hay que recordar cual es el alcance legal de una declaración juramentada. Para ello, el fiscal lee la parte legal pertinente, y recuerda que no se trata de ir a una Notaría a declarar, bajo juramento, que se tiene 70% de discapacidad y con ello pretender obtener algún beneficio. La propia ley, dice Baca Mancheno, establece que lo que consta en las escrituras públicas -al final, la declaración de marras es de una categoría legal similar a una escritura de compra y venta- es lo siguiente: quién la otorgó, en qué fecha, y para qué. Sobre el contenido, recuerda el fiscal general, no porque alguien declare ante notario se considera que es verdad. Por el contrario, lo que ahí se diga puede ser usado como prueba en contra de quien lo declaró.
No menos de veinte fiscales de la Fiscalía General del Estado fueron a apoyar al titular del Ministerio Público.
De esta forma, el fiscal, apelando a la lógica jurídica más que política, pretendió desvirtuar la supuesta prueba de Serrano. Una declaración juramentada editada por el notario y que según la Ley no prueba nada no puede ser usada en ningún juicio. Aplica también para el juicio político, se entiende.
El fiscal hizo también algunas revelaciones curiosas sobre cómo supuestamente Serrano, su hombre de confianza Diego Fuentes y el policía Ibarra hicieron su diligencia notarial. Aunque ya se sabía que fue a altas horas de la noche en la notaría de la esquina del Palacio Legislativo, que las cámaras de la Notaría fueron borradas, el fiscal reveló que también fueron desconectadas, al parecer deliberadamente, las cámaras de los accesos al Palacio Legislativo y a las oficinas del Presidente de la Asamblea, la tarde del 5 de marzo, cuando el policía Ibarra fue al despacho de Serrano.
El fiscal reveló que también fueron desconectadas, al parecer deliberadamente, las cámaras de los accesos al Palacio Legislativo y a las oficinas del Presidente de la Asamblea, la tarde del 5 de marzo, cuando el policía Ibarra fue al despacho de Serrano.
Cerca del mediodía, Baca Mancheno iba cerrando su argumentación. Hubo, dijo, un "uso ilegal" de la Notaría Séptima de Quito. Hubo un curioso operativo para borrar hasta las cámaras de seguridad del Palacio Legislativo. Participó activamente en la trama el ex viceministro Diego Fuentes, asesor de Serrano en la Asamblea.
La última prueba que Baca decidió impugnar fueron las 14 notas de prensa que la Comisión de Fiscalización ha aceptado como parte del expediente del juicio político. "Las notas de prensa no prueban nada", afirma el fiscal general, quien, sin embargo, sostuvo que a pesar de ello él ha hecho su propio monitoreo de medios. Baca pasó entonces a leer un voluminoso monitoreo de medios que le habían preparado sus relacionadores públicos. Estos habían revisado 44 mil noticias sobre la Fiscalía del Ecuador -incluye acciones en el interior del país- y su evaluación es buena, asegura. Si bien el 59% de las notas son solamente informativas, es decir neutras, y el 30% son positivas, Baca Mancheno concluyó que su imagen en los medios es sobresaliente.
La suerte de Baca Mancheno se conocerá esta semana, cuando la Comisión presente su informe. Si el caso llega al Pleno, Baca Mancheno deberá asistir ante los legisladores para defenderse, aunque lo más probable es que reitere su posición frente a los cuestionamientos en su contra. Sin embargo, si el fiscal general es censurado, habrá un vacío legal sobre quién debe reemplazarlo, pues la subrogante es la suspendida fiscal Thania Moreno, lo que motivó que el Consejo de la Judicatura realice una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre qué hacer en el escenario de que el Ministerio Público quede sin titular.
Por su parte, el Consejo de Participación transitorio deberá organizar un nuevo concurso de méritos para determinar quién ocupe el cargo de Baca Mancheno de manera definitiva.
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