martes, 10 de abril de 2018

Los progresistas no pueden ser corruptos

  en La Info  por 
Quien supuestamente ha sacado de la pobreza a millones, quien dice haber puesto límites a las burguesías y a la derecha de sus países o quien presume haber invertido miles de millones en políticas sociales no puede ser culpable de nada. ¿Corrupción? Imposible. Los líderes de izquierda no pueden ser corruptos y cualquier acusación en ese sentido es un artilugio de las élites de derecha para retomar el poder. 
La tesis de que “quien fue bueno con los pobres” no puede ser culpable de nada es parte de la lógica que se ha articulado para defender a políticos identificados con la izquierda y que enfrentan problemas con los organismos de control (es el caso de Rafael Correa) o de la justicia (es el caso de Lula da Silva o Cristina de Kirchner).  Cualquier otra explicación que estas fuerzas dan a los problemas judiciales que tienen sus admirados líderes se derivan de este razonamiento: la derecha quiere sacarlos de la lucha política. Para ello, sostienen, a los líderes progresistas se les aplica el lawfare (guerra jurídica, en castellano), un término acuñado por la academia en los 70 y que ahora está de moda para quitar cualquier legitimidad al sistema judicial cuando el acusado es un izquierdista.
El ejemplo más claro del razonamiento si-ayudó-a-los-pobres-es-inocente es el mensaje que en su cuenta de Twitter puso la asambleísta correísta Sofía Espín, poco después de hacerse pública la noticia sobre el informe de contraloría que establece indicios de responsabilidad penal en contra del ex presidente Rafael Correa por su participación en el proceso de endeudamiento durante su gobierno.  Es decir, si es en contra del progresismo no se vale.
Con esa misma lógica salieron otros políticos cercanos a Correa. Virgilio Hernández, ex asambleísta, cree que el informe de la Contraloría es “parte de la campaña de persecución” que el contralor Pablo Celi ha emprendido en contra de Correa y por eso se unió a una jornada de protesta a partir de hoy martes 10 de abril a las 16:00 bajo la estatua de Bolívar, en el parque de La Alameda, en Quito.
Para Virgilio Hernández como para Sofía Espín, las acusaciones de la Contraloría no existen o apenas son un detalle de una conspiración mayor. Por eso no toman en cuenta las acusaciones y, peor, las enfrentan con argumentos. Igual fue la reacción en redes de otros correístas declarados como Juan Paz y Miño, Cristóbal Lloret o el abogado Alejandro Vanegas quien, en los últimos meses, se ha convertido un uno de los defensores más activos en redes sociales de Correa.
El argumento de los defensores de Correa es prácticamente idéntico al que han utilizado los partidarios del ex presidente brasileño Lula da Silva, quien fue condenado a prisión por haber recibido un departamento de una empresa constructora como coima. El mejor ejemplo de esa estrategia de defensa es la que lanzó el presidente de Bolivia, Evo Morales: “Estamos presenciando una de las injusticias más grandes del siglo XXI. Quieren encarcelar a un hombre inocente que dio su vida por su país y que logró que decenas de millones de brasileños salgan de la miseria y del hambre”. Y Morales acompaña su mensaje con un video en el que, básicamente, se reseña los humildes orígenes del ex presidente del Brasil. 
El argumento no es exclusivo de los partidarios sino que los propios políticos, acusados por la justicia, los utilizan. Lula lo puso muy claro cuando dijo, en su discurso poco antes de ser aprehendido por la policía, que él no es una persona sino un sueño, un ideal. Y claro, los ideales y los sueños no cometen nunca actos de corrupción. “Cometí el crimen de poner pobres en la universidad, negro en la universidad, pobres comiendo carne, viajando en avión. Por ese crimen me acusan”, dijo el ex presidente del Brasil.
Dentro de esta estrategia, concebida para arrebatar legitimidad a cualquier acción de la justicia,  se ha desenterrado el viejo concepto de lawfare, que no siempre tuvo una acepción negativa pero que ahora se presenta, exclusivamente, como uso de la justicia para perseguir a líderes supuestamente progresistas.  Correa es, a pesar de haber montado todo un sistema para que la justicia opere a favor de su voluntad y sus intereses, quien quizá más ha mencionado este término. Lo ha hecho en sintonía con el canal de TV putinista y anti occidental RT en el que, además, el ex presidente tiene un programa de entrevistas.
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En un video de RT se explica lo que el lawfare significa para esta corriente política: “parcialidad política, testigos pocos fiables, ausencia de pruebas, implicación partidistas de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano”. En ese mismo video se afirma que el término apareció por primera vez en el Ecuador a raíz del juicio al ex vicepresidente Jorge Glas a quien, dice sin desparpajo la reportera, fue condenado sin pruebas, en un juicio injusto y basándose en acusaciones de corruptos. Pero el término no lo han usado únicamente los ecuatorianos, dice la periodista de RT, quien sostiene que ahora es utilizado en Bolivia y Argentina. Para sostener lo dicho, RT muestra algunos mensajes de tuiter de políticas ecuatorianas como Gabriela Rivadeneira que defiende a Glas y o de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que  dice ser víctima de eso.
Por lo que se ve en redes sociales, es evidente que el concepto de lawfare es un hallazgo reciente que está sirviendo como sostén doctrinario para legitimar el argumento, tan bien expuesto por Sofía Espín, de que cualquier acusación judicial en contra de los dirigentes supuestamente progresistas es inválido. Sí, contra ellos la justicia no puede operar. La Justicia sobra: son seres impolutos de manos limpias y corazones ardientes.
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