“Bajarse al Fiscal”
“(…) definitivamente tenemos que bajarle, no nos queda más, él no puede ser Fiscal hasta finales de este año”. Se lo dice José Serrano a Carlos Pólit en la conversación telefónica entre el Expresidente de la Asamblea y el Excontralor General, cesado por la Asamblea y procesado por haber recibido dinero a cambio de sus dictámenes como juez de cuentas del país.
Conocí al actual fiscal General, Carlos Baca Mancheno, hace diez años aproximadamente cuando trabajaba como asesor de un miembro de la Asamblea Constituyente, tuve una importante diferencia con su jefe cuando propuso cambiar la Corte Suprema de Justicia, así que mi “relación” se limitaba a saludar cuando coincidíamos en alguna sesión. Años después, conocí lo mismo que todos: presidente de la Comisión del 30S y luego asesor político de Rafael Correa. Mientras se desempeñaba en ese cargo, Patricio Baca Mancheno, su hermano, fue el juez ponente de la sentencia con que ilegalmente disolvieron el Movimiento Político Ruptura, de cuya creación y construcción yo había sido parte durante más de once años. Hago esta introducción para aclarar que mi opinión no se explica por simpatía personal, sino por la preocupación de que una eventual separación del Fiscal General pueda ser uno de esos casos en que la cura es más grave que la enfermedad:
¿Qué pasa con lo que está en marcha? La lista de los pendientes de la Fiscalía es inmensa: las nuevas investigaciones sobre Jorge Glas, Caminosca, la intermediación petrolera, los otros contratos de Odebrecht, todos los casos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias, etc., etc. Sin embargo, la lista de las indagaciones y sentencias, aunque pequeña, supera a todo lo que nos podríamos haber imaginado en la década anterior: Glas y Rivera; Capaya y compañía, González y Larrea, Espinel, el prefecto Zambrano; Alexei Mosquera; Walter Solis; y algunos más. Pueden ser pocos frente a las expectativas, pero es la lista de los que se suponían intocables, y lo fueron por muchos en años. ¿Qué tanto se ponen en riesgo estos procesos con una eventual salida del Fiscal? ¿Es un riesgo que se debe correr así sin más cuando ni siquiera parece claro quién sería el reemplazo temporal durante los meses decisivos que tomaría un nuevo concurso?
Por cierto, no propongo resignarnos al “mal menor”, solo creo que es momento de actuar con cautela y tomar decisiones antes de ir por los cambios: reformas legales para crear algún mecanismo de control o registro de los informes que pasan de Contraloría y desaparecen en Fiscalía; un sistema que asegure la información de los grandes casos emblemáticos del país, que evite que sean objeto de negociación política, una evaluación profunda de la institución que era la encargada de investigar y que cerró los ojos por años, un debate serio de la independencia de la justicia en el país que –lamentablemente- no es un problema solo de nombres.
¿Quién evalúa los 10 años anteriores de la Fiscalía? Cientos de los delitos menores cometidos en el país ya están prescritos. Muchos delitos graves ya no podrán investigarse ni sancionarse. Por acción y por omisión, Washington Pesántez y Galo Chiriboga deben ser investigados y su gestión evaluada. Fueron los fiscales del encubrimiento, de mirar para otro lado, en muchos casos los instrumentos de la persecución. Sería infame que en la conciencia nacional, las cuentas pendiente de diez años de esa Fiscalía queden saldados con la fiscalización de estos once meses (por cierto, lo mismo se debe decir de la Contraloría, pero será motivo de otras líneas).
Tremenda ironía del destino si el Consejo de Participación o la Asamblea, en este inusitado despertar a la fiscalización, terminan siendo los que cumplen con el propósito de los participantes en la conversación telefónica: “bajarse al Fiscal”.
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