El observador

POR: Francisco Escandón Guevara Publicado en la Revista El Observador (edición 101, Octubre del 2017)

Cañar provincia privatizada

El fin de la larga noche neoliberal fue una de las consignas más propagandizadas por el mandatario de la anterior década.  La inicial justificación deontológica del programa de la Revolución Ciudadana se proyectaba a partir del fracaso económico de anteriores gobiernos, en que el neoliberalismo capitalista había consumado mayores niveles de acumulación de riqueza en manos de los monopolios nacionales y extranjeros en base de expoliar los recursos naturales, de privatizar los activos públicos, precarizar las relaciones laborales y de liberalizar la economía. Poco o nada queda de aquel ideario que convocó simpatías, pues es evidente el divorcio de la práctica social (políticas públicas) del correísmo con respecto a la pirotecnia verbal del caudillo autoexiliado en un ático en Bélgica y de sus escasos defensores. Y es que resulta un fiasco hablar de revolución, cuando lo objetivo de ese proyecto político-económico es la modernización de la infraestructura del capitalismo al servicio de la mayoría de viejos monopolios y de una burguesía emergente que se enriqueció corruptamente con los contratos y recursos del Estado.  Pero ¿qué significa el post neoliberalismo confeso del ex presidente Correa? En una reveladora entrevista de enero del 2012 desnudó su praxis cuando afirmó que: “El modelo de acumulación no lo hemos podido cambiar drásticamente. Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación”; es decir, está vigente una mayor acumulación capitalista en el Ecuador que tiene la impronta de Rafael beneficiando a los ricos, a los pelucones. Es que el neoliberalismo no fue superado en los años precedentes, quizás sólo estuvo oculto bajo las alfombras de Carondelet; junto a la reprimarización de la economía (explotación petrolera y minera) se operaron privatizaciones, incluso antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera o del mismo terremoto de abril de 2016 que fue usado como el pretexto ideal para impulsar la venta de activos del Estado. De allí que se debe mirar a la provincia del Cañar como el conejillo de indias de las privatizaciones, pues sus principales medios de producción fueron enajenados; estas latitudes fueron el laboratorio en el que un economista con 15 honoris causa y su séquito de aduladores experimentaron las tradicionales políticas neoliberales. Por ello es que el ingenio azucarero (históricamente conocido como Aztra) e Industrias Cementos Guapán en la actualidad tienen como común propietario privado, de la mayoría de los paquetes accionarios, al emporio peruano Grupo Gloria. EL INGENIO AZUCARERO AZTRA, ECUDOS, COAZUCAR S.A. El ingenio azucarero ubicado en el cantón La Troncal, que fue escenario de una de las peores masacres de la clase obrera en el país, ya sufrió una primera privatización durante el clímax del gobierno de Sixto y Dahik. En una polémica negociación, la familia Isaías compró en USD. 100.000 este medio de producción y emprendieron un proceso de flexibilización laboral para apoderarse de más plusvalía generada por los trabajadores. Pero en el 2008, el ingenio junto a otros 195 bienes fueron confiscados por la responsabilidad que tuvieron estos magnates en el conocido feriado bancario, en ese proceso el fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, el Estado, pasó a administrar estos activos que posteriormente fueron reprivatizados.  En esta nueva venta, “el Grupo Gloria compró casi el 70 e acciones de la empresa en poco más de USD. 123millones. Lo inaudito es que la valoración de esas acciones vendidas fue de USD. 249.5millones, además que en la transacción la multinacional de origen peruano solo pagó en efectivo USD. 10millones y el saldo lo cancelará con un crédito estatal de la Corporación Financiera Nacional (CFN), a un interés del 5 por ciento anual para 15 años plazo.” (Escandón, 2016). ¿Qué hay detrás de esta sui generis enajenación, si hasta la Contraloría General del Estado presentó un informe en julio del 2013 en el que se establecen irregularidades en la venta del paquete accionario del ingenio, aunque no establece responsabilidades penales? Es que detrás de esta cuestionable privatización estaría el prófugo primo del ex presidente Correa, Pedro Delgado, también Camilo Samán denunciado por enriquecimiento ilícito y hasta hay quienes vinculan a la Gran Hermana de Rafael en un posible delito de testaferrismo. Pero más allá de los probables actos delictivos que encierra esta actividad financiera, la enajenación de esta empresa resulta reprochable en cuanto no se valoraron los importantes ingresos y utilidades que reporta anualmente el ingenio. En el año 2016 la facturación con respecto al 2015 fue 10uperior, llegando a USD. 125,98millones, aunque en lo que respecta a ganancias COAZUCAR reporta una reducción a USD. 1,95M comparada con USD. 6,75millones del año fiscal 2015 (Vistazo, 2017). Son evidentes el prejuicio al Ecuador en esta privatización, a ello hay que sumar el incumplimiento en la entrega del 30 e las acciones a los trabajadores y una política estatal de encubrimiento a la precarización de los derechos laborales. INDUSTRIAS CEMENTOS GUAPÁN Industrias Guapán S.A. durante 50 años fue de propiedad del IESS (de los afiliados y pensionistas), mientras que Cementos Chimborazo C.A. desde su creación perteneció al Estado ecuatoriano. Una vez estatizada la empresa de origen azogueño, junto a su símil fueron fusionadas y adquiridas por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), por un cuestionado monto de USD.72millones y finalmente sus acciones fueron transferidas a perpetuidad a la Empresa Pública Cementera del Ecuador (EPCE). El 18 de noviembre del 2013 fue legalizada la fusión del 86 e acciones de Cementos Chimborazo C.A. (el porcentaje restante pertenece a los trabajadores) y el 100 e Industrias Guapán S.A. en la razón social Unión Cementera Nacional (UCEM). Durante este proceso el correísmo invirtió recursos públicos para ampliar la capacidad instalada de producción, especialmente de Cementos Chimborazo C.A., aunque no son pocas las denuncias que reclaman fiscalizar los silos de almacenamiento construidos, pues tendrían fallas estructurales. De inmediato los planes privatizadores se pusieron en marcha, primero bajo el pretexto de hallar un socio estratégico (privado) para mejorar la capacidad productiva en la producción de Clinker (materia prima fundamental para la elaboración de cemento) y luego bajo la orden de enajenación dictada desde Carondelet (resolución gubernamental EPCE-GG-2014-091) que adjudicó a YURA S.A., filial del Grupo Gloria, las cementeras del Estado.  El secreto detrás de esta transacción es de tal dimensión que aún no es de conocimiento público el porcentaje de acciones vendidas y el valor de la transferencia, aunque extraoficialmente se conoce que no sería menos del 60as acciones adjudicadas al monopolio extranjero. La venta de estos activos fue ilegal, pues a ese entonces contradecía la Ley de Empresas Públicas, según la cual el Estado debía ser accionista mayoritario en caso de alianzas o convenios. Fue tan mala  la negociación que en el año 2016 la UCEM facturó, a pesar de la crisis en el sector de la construcción, por ventas de de USD. 119,43millones y ganancias de USD. 28,59millones (Vistazo, 2017), semejantes condiciones favorables las subordinaron a una inversión extranjera de USD. 230millones que evidentemente expoliará los recursos naturales y la fuerza de trabajo de los ecuatorianos. En esta privatización, en las que se subvaloró el patrimonio de las empresas fusionadas, también tienen relación otro prófugo de la justicia ecuatoriana, Ramiro González fue el principal responsable material de la enajenación de estos activos, mientras que Correa y Glas serían al menos cómplices por omisión política de prejuicio al Estado. De todo lo expuesto es evidente que el correísmo privilegió el oligopolio en la industria cementera y azucarera; es decir, promovió que un reducido número de productores privados controlen el mercado de estas ramas industriales, sin mediar control estatal alguno.  Pero en realidad no hubo razones para enajenar estos activos del Estado ecuatoriano, sólo primó la sinrazón neoliberal solapada de favorecer los intereses de las transnacionales y afectar la soberanía nacional. Ello demuestra el carácter antinacional y dependiente del anterior régimen, que pasará a la historia como la sumatoria del fracaso económico, el autoritarismo y la corrupción generalizada. Pero aún existen conscientes sumisos, socios beneficiados o asalariados chantajeados que defienden semejante latrocinio. Por ello no cabe que el que hoy asambleísta, ayer gobernador del Cañar, se atreva a persistir calificando a la provincia como la mimada de mashi Rafael, cuando es evidente que fue privatizada por el ex mandatario.  Es indispensable ahora que la sociedad reflexiona sobre los efectos de una amarga década y que reclama la convocatoria a la consulta popular para descorreizar el Estado, que también se exija fiscalizar los negociados, intereses y beneficiarios de las privatizaciones para sancionar a los responsables. Ello será posible sólo con la cesación y posterior renovación democrática de las autoridades de justicia y control, de esa manera los enemigos del pueblo ocuparán el triste espacio que en la historia merecen.