¿Puede la Corte Constitucional secuestrar la Consulta?

Publicado en noviembre 21, 2017  en La Info  por José Hernández

Anoche en su mensaje al país, el presidente Moreno, hablando de la consulta, al fin puso el acento político donde debe estar: envió un mensaje a la Corte Constitucional que, desde el 2 de octubre, tiene las siete preguntas en su poder y no responde.

Moreno quiso ser positivo y conciliador. En su mensaje se siente, sin embargo, decepción por el tiempo que este proceso ha tomado en la Corte. Y vasta preocupación de que esos jueces estén pensando poner cortapisas a que el pueblo se pronuncie en las urnas. “Estamos atentos y, de ser necesario, movilizados en defensa del derecho a pronunciarnos”: tras esa advertencia afirmó: “¡Que nadie nos dé interpretando el sentimiento ciudadano! ¡Que nadie se arrogue la decisión del pueblo ecuatoriano! ¡Que nadie pretenda desconocer o distorsionar el anhelo mayoritario!”

Nadie duda de que el correísmo está usando las palancas que dejó instaladas para bloquear los cambios. La Corte Constitucional es uno de ellos. Y es quizá el más solapado. En teoría esa Corte vela por el control y la interpretación de justicia constitucional. En teoría, estos jueces tienen que determinar lo que es y está conforme con la institucionalidad del país. ¿A qué institucionalidad se pensarán referir? ¿A la que dejó amarrada el correísmo? No extraña, por eso, ver cómo los correístas invocan la intervención de esta Corte y quieren, desde la Asamblea, aunque sin éxito hasta ahora, circunscribir el terreno y los términos para que esos jueces fallen a favor del statu quo.

Pues bien: aquello que sitúa, en teoría, a estos jueces por encima del bien y del mal es, precisamente, aquello que los hace merecedores de profundas sospechas. Porque vamos a ver: ¿En virtud de qué institucionalidad van a examinar las preguntas propuestas por el Presidente? ¿En virtud de los favores debidos al correísmo y el derecho adquirido de Correa a ser caudillo eterno? ¿O en virtud de la más genuina doctrina democrática que implica obligatoria alternabilidad en el poder? ¿En virtud de qué beneficios para la democracia y la transparencia en la gestión de la cosa pública pueden defender el bodrio del quinto poder tal y como está?

Es obvio que hay de qué preocuparse cuando se habla del fallo inapelable de la Corte Constitucional. Es factible pensar, hasta que la realidad pruebe lo contrario, que sus miembros son sensibles a las sirenas del correísmo. Es factible sospechar, hasta que la realidad pruebe lo contrario, que comparten reticencias ante una consulta que, en el fondo, quiere desmontar el Estado correísta del cual ellos son parte. Y beneficiarios directos.

La intervención de anoche de Lenín Moreno se antoja acertada pero atrasada. Desde hace siete semanas, el país luce expectante ante una Corte Constitucional que no puede juzgar solo en derecho (amañado por el correísmo), porque hay un momento político en el país que debe ser asumido y que pasa, para ser refrendado o rechazado, por la posibilidad de que el pueblo se exprese en las urnas. El desafío legal no reposa, entonces, en este punto, en la supuesta institucionalidad correísta sino en el veredicto que surja de las urnas. Por ello es absurdo el tiempo que se ha tomado la Corte para dar paso a una consulta que, de ser exitosa, permitirá que la democracia (por lo menos en un tema esencial) retorne al país. Porque de eso se trata. Y es precisamente en ese campo que esta Corte Constitucional tiene enormes deudas con el país. Su deficiencia democrática es pública y notoria. El mensaje de Moreno sitúa el desafío que tienen los demócratas ante la Corte Constitucional: no permitir que pueda secuestrar la consulta ni la posibilidad de que sea el pueblo el que decida si quiere romper con el autoritarismo de Rafael Correa. Esto depende del país; no de nueve jueces.

La intervención de Moreno plantea otra inquietud de fondo: ¿a quién importa realmente la consulta en el país? Algunos partidos y algunos gremios han hecho declaraciones de apoyo irrestricto. Incluso han prometido hacer campaña. ¿Pero cuándo? Da la impresión de que el país real ignora que es ahora que se está jugando el destino de la consulta en la sede de una corte que ha sido funcional al correísmo. En todo caso, el énfasis que actores sociales y políticos hacen sobre la consulta no parece ni de lejos equiparable al que algunos grupos empresariales hacen, en este momento, sobre la coyuntura económica.
En el fondo, el país real no cree que lo que se juega en las urnas es clave y decisivo para construir la posibilidad de pasar, en un ambiente más democrático, a la agenda económica.