¿Por qué el país paga la seguridad del caudillo autoritario?
¿Por qué el Estado tiene que proteger a un ex presidente que atentó contra los ciudadanos y contra las libertades? ¿Por qué un gobierno debe cuidar, con la fuerza pública, a un político que conspira contra un presidente que fue elegido incluso con su apoyo? ¿Por qué un dirigente político que viene a hacer campaña contra la consulta que lo afecta –lo cual es su derecho– tiene que ser resguardado en forma especial?
Gabriela Rivadeneira reavivó el malestar ciudadano que generó Correa con un decreto ejecutivo, el 1369, que firmó el 3 de Mayo pasado –21 días antes de dejar el poder– y del cual él es el único beneficiario. Rivadeneira causó un tsunami en las redes al enviar al jefe del Servicio de Protección Presidencial, el general de brigada Pedro Mosquera Burbano, una nota en la cual solicita seguridad para Rafael Correa durante los días que estará en Ecuador. En principio del 24 de noviembre al 4 de diciembre.
Rivadeneira usa el decreto de Correa y pide esa protección como Secretaria Ejecutiva de un partido político: Alianza País. Esto vuelve a lastimar el sentido común: ¿en virtud de qué mecanismo institucional puede ella –cuyo cargo, además, está en entredicho– pedir al responsable de la protección presidencial que disponga “la seguridad necesaria” para Correa? ¿Más seguridad fuera de la que se atribuyó en el decreto? César Navas, ministro del Interior, respondió hoy negativamente a Rivadeneira y, en su respuesta, confirmó otra información que circuló en las cuentas sociales de Doris Soliz: Correa vendría la primera semana de diciembre.
#Atención. Ministro del Interior dice que no habrá seguridad especial para Rafael Correa como solicitó la asambleísta oficialista Gabriela Rivadeneira ► ow.ly/ZVfE30gMmMU
A pesar de la negativa del Ministro Navas, el problema de fondo –el que realmente importa– sigue intacto. Correa creó en su decreto una doctrina según la cual “es deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los ex presidentes y ex vicepresidentes…”. ¿Por qué? ¿Por qué él? En el país hay nueve ex presidentes y ex vice presidentes y ninguno goza de la prerrogativa que él se auto otorgó. Su decreto es una confesión, puesta por escrito, de haber dividido tanto el país que se consideró incapaz de caminar por las calles –como hacen todos los ex presidentes– sin temer a sus conciudadanos. En los hechos, Correa se acostumbró a vivir rodeado de una guardia pretoriana detrás de la cual se guareció para agredir y, en casos, perseguir hasta físicamente a sus críticos. Esa parafernalia no solo le dio seguridad; se convirtió en símbolo de estatus de poder que una mente como la suya necesita para pasear, ante las miradas locales o europeas, su supuesta importancia.
Nunca hubo, a pesar de muestras evidentes de autoritarismo, hecho alguno que justificara la paranoia que desarrolló Correa por su seguridad y la de su familia. Un informe de Plan V, publicado en julio del año pasado, reveló que el país pagó $914.289 por la seguridad de una de sus hijas que estudiaba en Lyon, en Francia. Eso cobró la compañía Undercover Global S.L. por sus servicios del 1 de septiembre de 2014 al 31 de septiembre de 2015. El correísmo no publicó ni contrato ni costo por ese concepto. El gobierno de Lenín Moreno tampoco ha dicho cuánto paga el país por proteger a Correa y su familia en Europa.
Esto es un hecho absolutamente absurdo que alcanza ribetes surrealistas en las circunstancias actuales. Correa no solo no ha pedido perdón al país por sus ilegalidades y actitudes abyectas en su gobierno sino que pretende, negando la alternabilidad en el poder, eternizarlas. ¿Pretende que la sociedad que lo padeció pague con los impuestos su seguridad mientras promueve su proyecto autoritario para tiranizarla de nuevo en 2021, cuando dice que volverá al poder si no queda inhabilitado? ¿Y pretende conspirar, con plata de los contribuyentes, contra Lenín Moreno cuya popularidad se debe precisamente a la ruptura que propone con su lógica autoritaria?
¿En qué parte se extravió la lógica y el sentido común? Lo importante es que el presidente Moreno la restituya y ahorre al país algunos millones de dólares que cuestan los gorilas que cuidan al autoritario con ínfulas de dictador eterno.
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