"Gustavo Jalkh era el ejecutor de la voluntad de Rafael Correa en la justicia": Luis Pásara
Para el abogado y catedrático peruano, radicado en España, cualquier mejora en la independencia de la justicia en el Ecuador pasa por el cambio del actual Consejo Nacional de la Judicatura. Sobre las denuncias de presiones políticas a ex jueces, piensa que parte de la integridad profesional de un magistrado pasa por renunciar de manera pública en el momento en que es imposible ser juez con imparcialidad. No descarta que en casos de sentencias presuntamente ilegales se puedan tomar acciones contra ciertos operadores de justicia.
20 de noviembre del 2017
FERMÍN VACA
El abogado peruano radicado en España Luis Pásara visitó el país, en el marco de una serie de diálogos en los cuales se ha analizado el concurso que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) lleva a cabo para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia.
El Observatorio Judicial de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) presentó ante representantes de la sociedad civil, delegados de varias misiones diplomáticas, académicos y miembros de la Asamblea Nacional, un informe preliminar, el 14 de noviembre, sobre el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia.
Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de FCD presentó las dificultades que atravesó el proceso de control social del concurso debido al incumplimiento de aspectos básicos de transparencia y acceso a la información. Comentó sobre las reformas que se produjeron para este concurso respecto del proceso anterior y que el trabajo del Observatorio se enfocó en un grupo de 40 postulantes, de un total de 268, con base en su trayectoria profesional, militancia política, calificaciones obtenidas en el concurso y noticias publicadas en diferentes medios de comunicación.
Según Mauricio Alarcón del grupo inicial de 268 concursantes, 46 siguen en carrera. Más de 200 concursantes han quedado fuera por el impedimento constitucional de reelección, impugnaciones ciudadanas, no presentación a la etapa de entrevistas, incumplimiento de pruebas psicológicas, y por no alcanzar el puntaje mínimo de 75/100.
Alarcón precisó que del grupo inicial de 268 concursantes, los resultados parciales indican que 46 siguen en carrera. Más de 200 concursantes han quedado fuera por el impedimento constitucional de reelección, impugnaciones ciudadanas, no presentación a la etapa de entrevistas, incumplimiento de pruebas psicológicas, y por no alcanzar el puntaje mínimo de 75/100. Los méritos se calificaron sobre 15 puntos, la prueba teórica valió 35 puntos y las pruebas prácticas 50 puntos y consistieron en resolver dos casos por 25 puntos cada uno.
Marcelo Espinel, director de proyectos de FCD, presentó datos respecto al proceso en general y a los concursantes en específico, destacando sus relaciones político - partidistas, vinculación con presuntos casos de corrupción y relaciones con otras Funciones del Estado, así como procesos y sanciones disciplinarias impuestas por el mismo Consejo de la Judicatura que hoy lleva adelante el concurso. Recalcó que el Observatorio Judicial envió solicitudes de información al Consejo de la Judicatura, que fueron respondidas parcialmente.
Según el cronograma presentado por el Consejo de la Judicatura, el 13 de noviembre debería haber concluido el proceso de recalificaciones con lo cual se tendría ya los resultados definitivos del Concurso, pero esta información al momento no está disponible.
El jurista peruano Luis Pásara, quien es un experto internacional en sistemas de justicia y en 2014 publicó el informe “Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana”, con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso, ha seguido de cerca la situación del Poder Judicial en nuestro país.
Conversamos con el jurista, quien se encuentra radicado en la ciudad española de Salamanca, sobre la situación y perspectivas de la justicia en el Ecuador.
Usted fue el autor de un informe en el año 2014 sobre la independencia judicial en Ecuador. El informe destacó que el Gobierno de Rafael Correa tuvo una injerencia desmedida en la Función Judicial ecuatoriana. ¿Cómo ve la situación ahora que, al menos sobre el papel, el pulso autoritario parece haberse relajado? ¿Es posible retomar la independencia de poderes?
Espero que así sea, pero la estructura del CNJ está tal cual. Es más, en este momento, el CNJ está a cargo de un proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, al que creo que los medios deberían prestar más atención. Este es un tema clave, porque va tener efectos de largo plazo. Los jueces que sean designados ahora van a estar nueve años en la Corte, es algo que merece atención. Sin embargo, no podemos decir que los nuevos aires que se respiran en Ecuador se van a sentir todavía en la justicia. El CNJ fue el aparato que Rafael Correa usó para manejar a los jueces y eso está intacto. Aún es prematuro saber qué ocurrirá.
El presidente del CNJ, Gustavo Jalkh, al responder las críticas producidas luego de la filtración de algunos correos electrónicos, llegó a decir que no era su culpa que ciertos jueces le hayan hecho caso a las insinuaciones del ex presidente Correa. ¿Qué le parece ese argumento?
Me parece una broma esa respuesta. El doctor Jalkh es muy inteligente y supongo que tiene un gran sentido del humor. Cuando el presidente Correa decía en público el sábado que determinados jueces que habían dictado medidas sustitutivas a la prisión preventiva y debían ser sancionados, y el lunes el CNJ actuaba en esa línea, eso no depende de los jueces sino del CNJ que preside el doctor Jalkh. Cuando el presidente Correa desautorizó al juez y al fiscal en el caso del Colegio Central Técnico y el CNJ les abrió enseguida un proceso tras lo dicho en la sabatina, la cosa es muy clara. ¿Cómo que no tenía la culpa el doctor Jalkh si él era el intermediario, el ejecutor de la voluntad de Rafael Correa? ¿Cuando Alexis Mera les decía a los jueces lo que tenían o no que hacer en los casos de las acciones de protección, una cosa de la que no hay antecedentes en Ecuador, que son solo uno de los muchos ejemplos? El doctor Jalkh se ha permitido una broma.
"¿Cuando Alexis Mera les decía a los jueces lo que tenían o no que hacer en los casos de las acciones de protección, una cosa de la que no hay antecedentes en Ecuador, que son solo uno de los muchos ejemplos? El doctor Jalkh se ha permitido una broma".
La consulta popular podría llevar a la modificación del CNJ, pero también podría ocurrir que este responda ahora al nuevo Gobierno. ¿Dónde queda la independencia judicial?
Cuando usted tiene un régimen que concentra poder, ese poder puede ser utilizado en forma positiva o negativa, para el bien común o el bien de pocos. Rara vez cuando se concentra el poder demasiado se usa para el bien común. Cualquier forma de concentración de poder tiene el riesgo de la arbitrariedad. Creo que todos nos hacemos esa pregunta, ¿qué va a significar que el presidente Moreno proponga un nuevo CNJ y una serie de otras instituciones? La pregunta es inquietante.
Algunos jueces denunciaron que habían sido objeto de presiones, pero lo hicieron de forma que podría considerarse tardía. ¿Les quita credibilidad hacer la denuncia cuando ya salieron y cuando ya cambió el Gobierno?
Los jueces siempre se quejan de presiones, tanto del poder político, cuanto del poder mediático. Si en un medio de comunicación se critica un juez o una sentencia los jueces tienden a decir que es un presión. Pero los jueces están sujetos al escrutinio público al igual que sus sentencias y sus decisiones. Lo que no pueden estar sujetos es a la presión política. Si esas presiones se producen y esa presión es insostenible, creo que el juez tiene la obligación moral de renunciar. Es como si el director de un hospital quisiera decirle al médico cómo hacer la operación. Me hubiera gustado más renuncias frente al CNJ de jueces en Ecuador, más personas que manifestaran públicamente que en esas condiciones no podían ejercer su judicatura.
Pero cabe también la posibilidad de que haya habido jueces militantes, jueces alineados políticamente y esa sea la razón por la que no denunciaron...
Usted cita el caso de quienes denunciaron las presiones tiempo después de que salieron de la Función Judicial y cuando hubo un cambio de Gobierno. No me parece que hay que esperar a que a uno lo echen de un puesto para decir que hubo presiones y arbitrariedades. Uno debe irse si hay esas presiones. El caso de los jueces militantes es distinto.
En un editorial sobre el caso del diario El Universo, Mario Vargas Llosa decía que los jueces prevaricadores serán olvidados, mientras ese antiguo periódico seguirá saliendo todos los días. ¿Si hay sospechas de sentencias ilegales, cabe la posibilidad de revisarlas? ¿Se deben abrir procesos contra esos operadores de justicia?
Me parece muy complejo abrir casos con sentencias definitivas. Lo que es posible es abrir procesos contra los jueces que dictaron sentencias, si se puede demostrar que hubo prevaricación, es decir, una aplicación manifiestamente desviada de la ley, para favorecer o perjudicar a alguien, eso sí merece un proceso judicial. Pero no se pueden cambiar las sentencias, porque en derecho tenemos el criterio de la cosa juzgada, que es una garantía fundamental. Un asunto con una sentencia definitiva no puede ser cambiado, pero sigue habiendo responsabilidad del juez.
"No me parece que hay que esperar a que a uno lo echen de un puesto para decir que hubo presiones y arbitrariedades. Uno debe irse si hay esas presiones".
¿Y si eso llega a pasar en Ecuador, se puede alegar las presiones como disculpa?
No. El haber sido presionado es una razón para dejar la Función y de manera pública. El tema de la independencia judicial no es solo de interés de los jueces, sino de interés ciudadano. Nos interesa que haya jueces imparciales e independientes a todos. Sino hay esas condiciones deben irse y decírselo a la ciudadanía, ese es un deber ciudadano. Los jueces que sintieron esa presión no debieron esperar ahora para decirlo. Debieron irse antes.
¿Cómo ve usted el proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia?
Estoy examinando alguna documentación, y reuniendo criterios al respecto. Pero hay un elemento: los abogados tenemos especialidades en la actualidad. El abogado de pueblo que atendía todos los casos ya no existe. Si un abogado especialista en una área es demandando en otra, lo que hace no es defenderse solo, sino consultar a un especialista, pues el derecho tiene especialidades muy complejas. Me ha sorprendido que en la prueba teórica, que vale 35 puntos, y que tiene una serie de materias y de temas, como procesal, constitucional, ambiental, hay una docena de postulantes que han obtenido los 35 puntos. Eso me parece muy curioso: o en Ecuador tienen abogados que tiene una comprensión enciclopédico del derecho o hay algo curioso que merece una reflexión.
Entonces, siguiendo su reflexión, ¿ese examen enciclopédico de conocimientos es inadecuado?
Creo que ese es uno de los problemas del concurso. Es una problema técnico, los concursos deben orientarse hacia la especialidad del postulante, aunque en la Corte se llama a las Salas a personas que no son de la materia, es decir, un penalista va a una sala laboral, pero eso no debe ocurrir, no se debe medir la universalidad del conocimiento jurídico del postulante. Lo mismo pasa en las pruebas prácticas, donde se dan dos casos de manera aleatoria a cada postulante, un especialista civil podría recibir un caso civil y eso le daba ventaja frente a quien es de otra especialidad.
Otro cuestionamiento que se ha hecho a los postulantes es que han sido asesores o funcionarios de algún político. ¿Cómo evitar esto en el Ecuador cuando hay abogados que han tomado una suerte de puerta giratoria: una época son funcionarios, otra políticos, otra académicos y otra se dedican al libre ejercicio?
"Una posibilidad tentadora y fácil puede ser poner limitaciones a quien ha desempeñado cierto cargo. Pero no se puede impedir que alguien que ha sido funcionario público pueda ser juez porque se estaría desperdiciando ciertas capacidades personales".
Una posibilidad tentadora y fácil puede ser poner limitaciones a quien ha desempeñado cierto cargo. Pero no se puede impedir que alguien que ha sido funcionario público pueda ser juez porque se estaría desperdiciando ciertas capacidades personales. Pero quizá para el cargo de juez se podrían poner ciertas limitaciones, como el tipo de trabajo efectuado en los últimos años. Me llama la atención el número de personas vinculadas a la Asamblea Legislativa como asesores o colaboradores de algún tipo que aparecen postulando para jueces. Como el poder ha estado tan concentrado en Ecuador bajo el régimen de Alianza PAÍS, eso podría provocar sospechas. Es importante también por qué no se postulan personas de otros ámbitos, como el ejercicio profesional o la docencia. El problema no parecen ser los sueldos, aunque un juez nacional gana más de USD 4000, que no es para enriquecerse como sería en el libre ejercicio. El tema no es el sueldo: es la falta de prestigio de la Función Judicial, lo mismo pasa en el Perú, los mejores abogados no quieren ser jueces porque hay una falta de prestigio en la Función. Es raro que alguien quiera coronar su carrera como juez de la Corte Suprema. En Ecuador, los últimos años han agravado este problema, pues a la falta de prestigio de la Función se ha añadido las reglas del juego informales impuestas por la Revolución ciudadana, en las que ya se sabía que los jueces debían hacer lo que el Gobierno quisiera o el CNJ les aplicaba el error inexcusable. Los jueces que están ahora en la Función son quienes han aceptado esas reglas del juego. Hay que garantizar la independencia y la imparcialidad y si esas reglas ya no están vigentes. Por eso es difícil pedirle a una persona que viene de otro ambiente que habrá concursos confiables, y por eso se han negado muchas personas valiosas.
¿Qué podría hacer el Ejecutivo para fortalecer la confianza en la justicia?
Diría que lo primero es desmontar el actual CNJ, que se ha permitido juzgar las sentencias de los jueces por medio del error inexcusable. Para eso no tienen atribuciones. Este CNJ se tiene que ir, no puede continuar por las cosas que ha hecho y por la imagen que transmite. Ese es el primer paso. Luego hay que hacer reformas, como en el caso del error inexcusable, que ha sido la llave de la arbitrariedad. Se debe reformar o eliminar. Se deben enviar señales de que el cambio va en serio.
El CNJ defiende su gestión alegando la oralidad, los centros de mediación, la mejora de la infraestructura, los sistemas de cobros de la pensión de alimentos... ¿Son válidos esos argumentos?
Es positivo que haya mayores recursos y aspectos como la informatización. Hay dudas sobre los costos de algunas inversiones, pero eso es otro tema. La inversión es positiva, pero el problema es si todo eso ha garantizado o no una justicia imparcial. El edificio con aire acondicionado está muy bien, pero una buena justicia debe tener una sentencia imparcial.
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