Brazaletes chinos: un contrato lleno de inconsistencias
Un contrato de 13 millones de dólares para la compra de 4.000 brazaletes electrónicos, de origen chino, genera una serie de dudas sobre la calidad de los equipos, la forma en que se armó el contrato para, supuestamente, favorecer la oferta de una empresa estatal china, cuyo precio unitario sería 800% más caro que el que se puede comprar directamente a la fábrica.
20 de noviembre del 2017
Una investigación de Focus, PlanV, Milhojas y Diario La Hora
El contrato con la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) por USD 13.7 millones, para la instalación del sistema de dispositivos electrónicos (grilletes), suscrito por el Ministerio de Justicia, contiene algunos puntos que llaman la atención: a) fue financiado con crédito chino oneroso, pagado con petróleo a precios descontados; b) la diferencia, solo en el grillete, entre el precio de la empresa fabricante (Megastek) y la intermediaria (Ceiec) es del 800%; c) se simuló un concurso abierto cuando ya estuvo seleccionado el proyecto directamente con la empresa china como parte de la línea de crédito; d) Ceiec fue beneficiada con otros proyectos durante el gobierno de Rafael Correa, con 12 contratos por USD 424 millones, de los cuales 9 están atados a endeudamiento cubierto con petróleo; f) hay problemas por la mala calidad del servicio y de los dispositivos, lo cual vulneraría los derechos humanos.
Dispositivos con diferencia de precios del 800%
El 18 de agosto del 2016, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) suscribió un contrato con la empresa CEIEC para la “adquisición e implementación de la plataforma informática y dispositivos de geo posicionamiento electrónicos”, por un valor de USD 13.712.456,45.
El contrato fue dividido en 8 ítems: plataforma de aplicaciones y código fuente; plataforma principal de hardware y software base; plataforma secundaria de hardware y software base; dispositivos de vigilancia electrónica (DVE); consola de monitoreo, servicio de comunicación; servicio de instalación y desinstalación y capacitación y soporte técnico.
El ítem 4, “Dispositivo de vigilancia electrónica (DVE)” estableció que cada dispositivo (de libre circulación) costó USD 1.058,00. Esa cifra se obtiene de la suma del valor de cada dispositivo (USD 960,00) más el costo de la licencia permanente de cada unidad (USD 98,00). El contrato no especifica qué características y valores se incluyeron dentro de los USD 960,00, porque simplemente se limita a decir “Dispositivo Libre circulación”
Según CEIEC, el equipo ofertado fue el modelo MT200, marca CEIEC, del año 2016, con tecnología y comunicación GSM, GPRS/UMTS, Quad-band 850/900/1800/1900Mhz, 3G, GPS, Bluetooth, micrófono y parlante incorporado. Para precisión de ubicación: 15 metros, puerto para cable de carga; resistentes a humedad y temperaturas hasta 250 grados y batería de 15 horas de duración.
Al revisar los valores internacionales de estos productos hay datos que señalan que su valor de mercado puede oscilar entre los USD 130 y USD 135. Quiere decir que cada brazalete de ese modelo (MT200) aumentó USD 825 al costo consultado a al empresa fabricante, más del 800%.
Este medio hizo una consulta directa a dos ejecutivos en China que distribuyen estos brazaletes; la primera ejecutiva respondió que el modelo MT 110 (por la compra de 1000 piezas) tenían un costo de $100.
La ejecutiva pidió saber cuál era el mercado de venta final de los equipos, al informarle que era Ecuador, respondió: “En Ecuador tenemos un distribuidor para gestionar el rastreador de GPS en la prisión (MT-110, MT-60x, MT-200x, MT-300), por lo que no podemos recomendar ningún otro tipo de rastreador”. Al preguntarle si era posible contactar a ese distribuidor aquí en Ecuador, respondió “es un proyecto gubernamental”.
En un nuevo mensaje se le dijo: “Supongo estamos hablando de la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) porque es la empresa que ganó el contrato con el gobierno de Ecuador para dispositivos electrónicos”. Ella añadió “sí, CEIEC es nuestro socio”.
Otro ejecutivo chino fue consultado por el precio del dispositivo de tobillo modelo MT-200, con las mismas características de los que fueron entregados, señaló que “para 1.000 piezas, ofrecemos el MT200x (3G) en USD 130, o 500 piezas, ofrecemos en USD 135”.
Las consultas a China permitieron conocer que el fabricante de estos equipos no es CEIEC, sino la empresa Megastek, de Hong Kong, quien respondió nuestras inquietudes.
El contrato incluye una “plataforma de aplicaciones y código fuente” por el que se pagó USD 550.000. Este ítem incluye un módulo de reconocimiento facial. Queda la pregunta, ¿por qué se contrató un programa de reconocimiento facial? ¿Acaso los brazaletes que llevan los ciudadanos vigilados incluyen cámaras de vídeo?
El ítem siete, Servicio de instalación y desinstalación costaría, según la oferta económica de CEIEC, USD 1.088.000,00.
Este valor fue distribuido en cuatro rubros:
El primero señaló que el Ecuador pagaría USD 100.000 para que se instalen los equipos en el centro de monitoreo.
La propuesta económica presentada por CEIEC (la misma que fue aceptada íntegramente por el Ministerio de Justicia) pretendía, de acuerdo a la segunda actividad, cobrar $600.000 por la instalación y desinstalación de 6.000 brazaletes.
Esta cantidad no tenía justificación porque el ministerio solo había adquirido 5.000 brazaletes. Cuando la oferta fue estudiada por las autoridades del Ministerio de Justicia en vez de arreglar ese error lo perfeccionaron: en el contrato redujeron el número de brazaletes a 4000 y decidieron cobrar 400 mil dólares por la instalación y otros 400 mil por la desinstalación. En total, USD 800.000.
Este último valor —que fue ajustado por el Ministerio de Justicia— permitió a CEIEC mantener el precio de su oferta, que no varió en un solo centavo. Por ejemplo, en su oferta la empresa china pretendía cobrar por la “configuración e instalación o desinstalación de brazalete más rastreador GPS” de 1200 equipos un monto de USD 204.000. No hemos determinado por qué se cobra este valor adicional en 1200 equipos. El contrato tampoco aclara las particularidades de estos brazaletes, en comparación con aquellos especificados en el modelo MT 200.
13,7
millones de dólares fue la oferta de CEIEC, a la cual se adaptaron los requerimientos del Ministerio de Justicia
El monto de este rubro (USD 204.000) fue reducido a USD 84.000 por el Ministerio de Justicia, pero aumentó en los rubros de instalación y desinstalación de las 4000 unidades, lo que les permitió balancear el precio.
Este modus operandi repite y ajusta en el contrato los montos sugeridos en la oferta. Otro ejemplo: dentro del mismo ítem para la “configuración e instalación o desinstalación de brazalete + radio base” de 800 equipos Ceiec pretendió cobrar USD 184.000, es decir USD 230 por cada brazalete.
Datos del Ministerio de Justica, establecen que desde la firma del contrato hasta mayo de 2017 se instalaron 111 dispositivos, apenas el 2%.
Pero en el contrato dividieron 400 equipos (instalación de brazalete + radio base”) a USD 130 cada uno (USD 52.000) y 400 equipos (desinstalación de brazalete + radio base) a USD130 cada uno (USD 52.000). En términos prácticos significó el ahorro de USD 80.000 pero ese monto ya fue absorbido en la instalación y desinstalación de 4000 por la que se cobró USD 800.000. Pese a esto, el Ministerio señaló que la oferte de CEIEC “no tuvo errores susceptibles de ser convalidados”.
Contrato. Ítem 7. Valores y cantidades modificadas. La instalación y desinstalación de 4.000 dispositivos costó $ 800.000
Todos los valores de la propuesta fueron modificados, de tal manera en el contrato que el precio total nunca varió y se mantuvo en 13.7 millones de dólares. Según datos del Ministerio de Justicia, hasta mayo de 2017 se habían instalado 111 dispositivos. Una nota publicada en noviembre de este año por diario Expreso, señala que hasta la fecha se han colocado cerca de 500 dispositivos.
Este medio solicitó una entrevista a esa entidad para conocer cuántos dispositivos están instalados y cuál es el estado actual del contrato con CEIEC. Hasta el momento nuestra solicitud está siendo procesada.
También se solicitó entrevistas a la empresa china sin que hasta el momento responda esos pedidos.
CONTRATO PAGADO CON CRÉDITO CHINO
Las especificaciones técnicas de la negociación indicaron que el contrato fue financiado con la cuarta línea de crédito que el Banco de Desarrollo de China (CDB) otorgó a Ecuador. En abril de 2016, el Ministerio de Finanzas anunció la suscripción del crédito por 2.000 millones de dólares con el CDB, el crédito, según el Ministerio de Finanzas, se dividió en “Tramo A” y “Tramo B”. El primero de hasta 1500 millones, fueron recursos “de libre disponibilidad” y el segundo de 500 millones, destinado a “proyectos de inversión”, es decir a contratos para obras en el país a cargo de empresas chinas. Los recursos contenidos en el Tramo B de las líneas de crédito no ingresan a Ecuador, se transfieren de la cuenta del CDB a las cuentas de las compañías contratistas chinas.
De acuerdo con los convenios de 4 partes y las líneas de crédito suscritas con China, Ecuador está literalmente obligado a utilizar el Tramo B de esos créditos en contratos con empresas chinas, lo cual, en el caso de la contratación con CEIEC, abona a los cuestionamientos de que al invitar a ofertar a otras compañías, se armó una simulación. “Fuimos utilizados por el Ministerio de Justicia”, señaló el representante de una de las firmas de mayor prestigio internacional.
El proyecto de compra de grilletes desde su inicio se sustentó en la necesidad de encontrar ahorro respecto a los gastos provocados por el sistema penitenciario.
Dentro del “Tramo B”, el Ministerio de Justicia compró 4.000 dispositivos de vigilancia electrónica para libre circulación, 600 para protección de víctimas, 400 para arresto domiciliario y 500 dispositivos para reconocimiento facial, con el respectivo software de monitoreo, su implementación, instalación e infraestructura.
El proyecto de compra de grilletes desde su inicio se sustentó en la necesidad de encontrar ahorro respecto a los gastos provocados por el sistema penitenciario. El Ministerio de Justicia señaló que, por cada caso de arresto domiciliario, se necesitaba de tres policías para la custodia, lo que generaba un costo de USD 90 diarios, mientras que con el uso del dispositivo ese valor se reduciría a USD 5. Por eso resulta inexplicable que el proyecto se financie con una línea de crédito de inversión, cuyo objetivo es el logro de futuras regalías. Se trata más bien de un crédito proveedor, como la mayoría de los entregados por China, y por tanto ingresa al ámbito de la ilegalidad y en contraposición a la Constitución, artículo 290 numeral 3: “Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador”.
Correa anunció tecnología china antes de llamar a concurso
El 20 de febrero de 2016, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, invitó, a través de un medio de comunicación, a personas naturales y empresas a manifestar su interés en participar en el proyecto de los dispositivos electrónicos.
Sin embargo, un mes antes, enero de 2016, el expresidente Rafael Correa, se adelantó en anunciar que dentro de su política de “decisiones inteligentes” implementaría “un sistema de vigilancia con brazaletes para presos de baja peligrosidad. En su intervención preguntó a la ministra de justicia Ledy Zúñiga por los dispositivos ¿Este es para muñeca o tobillo?”. “Es tobillera, presidente. No se ve, es totalmente antialérgica, respondió Zúñiga mientras sostenía un brazalete que, según reportes de esa fecha, de medios nacionales, utilizaba tecnología china.
Enero, 2016. Ledy Zúñiga, entonces ministra de Justicia, muestra a Rafael Correa un grillete de tobillo, modelo MT-60X, fabricado por la empresa china Megastek
Lo que la ministra le enseñó a Correa, era un dispositivo para rastreo de ubicación personal, marca MT-60X, fabricado por la empresa Megastek. En el portal de compras chino Alibaba, el de mayor venta en el mundo, se ofrece este aparato a USD 109 la unidad.
La ex ministra Ledy Zúñiga hizo llegar a nuestra redacción un comunicado que aseguró que ocho empresas presentaron sus propuestas técnicas y económicas: CEIEC (China), Urbandata Cía. Ltda. (Estados Unidos-Bielorrusa); Supercom Ltd. (Israel), Ecuasistemas S.A-3M (Israel), Distribuciones Importaciones y Representaciones Generales S.A. D.I.R.E (España); Huawei Technologys Co. Ltd (China), Securitas Ecuador Cía Ltda. (Canadá) y Track Group INC (Estados Unidos).
En marzo de ese año, las ocho empresas realizaron las pruebas “de concepto” que consideraron: establecimiento de reglas de monitoreo, tanto en software de monitoreo como en dispositivo; instalación de dispositivos y verificación de conexión con el centro de monitoreo (ECU911); seguimiento, vigilancia y control permanente a las actividades previstas a monitorear; pruebas de agua y de daño.
Un empresario que participó de ese proceso, que prefirió no identificarse, recuerda que fue notorio que los equipos de CEIEC no pasaron la prueba de la piscina.
La ex ministra Zúñiga dijo que el 11 de mayo de 2016 se invitó a las empresas a que presenten sus ofertas económicas, seis de éstas (CEIEC, Supercom, Ecuasistemas, D.I.R.E, Huawei y Track Group) lo hicieron el 18 de mayo de 2016. Pero en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no existe ningún detalle sobre este procedimiento.
El 26 de julio del 2016, el subsecretario de reinserción social del Ministerio de Justicia recomendó “que se invite de forma directa a la empresa estatal China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC)”.
Zúñiga señaló que el Ministerio de Justicia solicitó a las empresas que propongan las fuentes de financiamiento con las que eventualmente el gobierno podría contratar la adquisición de los dispositivos. Fue CEIEC, según el comunicado, la que “planteó una propuesta económica de lo más conveniente y presentó como fuente de financiamiento el crédito, de gobierno a gobierno, con el Banco de Desarrollo de China, razón por la que solicitó al Ministerio de Finanzas confirmar la disponibilidad presupuestaria de recursos”.
El 26 de julio del 2016, el subsecretario de reinserción social del Ministerio de Justicia recomendó “que se invite de forma directa a la empresa estatal China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC)” para que “participe y presente su oferta dentro del proceso contractual”.
El 29 de julio del 2016, la ministra de justicia subrogante resolvió que la contratación sería por régimen especial, la decisión sacó de juego al resto de participantes y se inició el proceso con CEIEC para que presente su oferta técnica y económica.
El acta de evaluación y calificación de la oferta, del 3 de agosto del 2016, señala que el “02 de agosto del 2016 se realizó la apertura del único sobre presentado, que contiene la oferta de la empresa China National Electronics Imp. & Exp. Corp. Ecuador (CEIEC)”.
Acta de evaluación y calificación de la oferta de CEIEC, presentada el 2 de agosto de 2016
El 3 de agosto de ese año, Ledy Zúñiga adjudicó el contrato a CEIEC. De las ofertas, calificación y participación de las demás empresas, solo se obtuvo un cuadro comparativo entregado por Zúñiga Rocha.
Un empresario que participó con su compañía señala que luego de las pruebas de concepto, “nunca más les volvieron a llamar”.
Queda la pregunta para las autoridades del ministerio: si a inicios de enero del 2016, se habló de la compra de 4.000 brazaletes y que éstos “emplearían tecnología china”, ¿por qué se invitó a participar a las otras empresas si finalmente no iban a contratar a ninguna que no fuese CEIEC?
La actuación del ministerio podría contradecir varias normas. Una de ellas es la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que en su artículo 9, numeral 22 dice que constituye infracción y están prohibidas aquellas conductas que “impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica”.
El monto total del proyecto se estableció en un inicio en USD 18'014.369,98. De éstos, USD 14.08 millones serían financiados con el crédito externo y los restantes con recursos fiscales. La exministra señaló además que una de las razones para haber adjudicado el proyecto a CEIEC fue que dicha empresa había instalado el sistema EQ911, el cual sería utilizado para el monitoreo.
Profesionales consultados aseguraron que el tipo de tecnología del EQ911 no era un condicionante para contratar con la misma compañía el servicio de dispositivos electrónicos. De no ser así, se preguntan, ¿por qué invitaron a otras compañías?
¿Quién estableció los 18 millones del contrato?
El precio de la contratación lo determinó el Ministerio de Justicia en el 2014, cuando realizó el primer estudio para la compra de dispositivos electrónicos. El organismo estatal estimó que un total de 5.654 personas podrían ser beneficiarias de la implementación de los dispositivos de geo- posicionamiento electrónico. El precio del proyecto lo detalló así:
En el componente 1, se incluyeron rubros para: la implementación del centro de gestión y monitoreo (USD 2.344.859,95), la dotación de dispositivos de vigilancia electrónica (USD 3.738.649,51), el equipamiento para monitoreo de dispositivos de vigilancia electrónica (USD 36.838,82) y servicios complementarios para el funcionamiento del sistema de monitoreo (USD 899.148,48).
Se debe resaltar que el rubro dotación de dispositivos, por USD 3.7 millones, cubría la compra de 5.654 dispositivos, sin activar, es decir un valor unitario de USD 661, 24. Pero el costo total de cada equipo activado, listo para ser anexado al sistema del ECU911, sería de USD 1.241, 5.
El componente 2, incluyó dos rubros: USD 899.148,48 para “capacitación a jueces” más USD 45.692,31 para “capacitación a funcionarios de Judicatura y Fiscalía”. El componente 3, señaló que USD 7.921.502,75 serían destinados para el monitoreo y vigilancia a las personas que usarían el dispositivo, es decir lo que más costaba en este proyecto eran los “contratos con el personal a cargo del monitoreo”. Los otros USD 2.913.447,40 serían destinados a “contratos de servicios de conectividad, contratos de servicios de mantenimiento” e “informes de monitoreo”.
Este equipo de investigación revisó el proceso de contratación y encontró que, en las especificaciones técnicas del contrato, elaboradas el 6 de junio de 2016, ya mencionaban a CEIEC. La hoja 6 de las especificaciones técnicas señaló que el contrato sería financiado con dinero del Banco de Desarrollo de China. El 6 de julio de 2016, el Ministerio de Finanzas, comunicó a la ministra Zúñiga, “sobre la autorización para el financiamiento externo para el proyecto “Implementación de dispositivos de geo posicionamiento electrónico en el Sistema de Ejecución de penas que dispone el Código Orgánico Integral Penal”, por el valor de USD 14.088.313,51 con crédito externo, del Tramo B de la Línea de Crédito IV.
Un contrato con imprecisiones
El objeto del contrato señalaba que la empresa debía “suministrar, instalar, entregar debidamente funcionando los bienes y servicios” los siguientes dispositivos de vigilancia electrónica: “3.000 dispositivos de vigilancia electrónica para libre circulación, 600 dispositivos de vigilancia electrónica para protección y 400 dispositivos de vigilancia electrónica para arresto domiciliario”; además de:
Sin embargo, y a pesar de que el objeto del contrato señala que son 4.000 dispositivos, el precio del contrato dice otra cosa: allí se detalla que se cobró por 5.500 dispositivos: 4.000 de libre circulación, 600 para víctimas, 400 para arresto domiciliario y 500 dispositivos para reconocimiento facial.
¿Por qué no se incluyeron 1500 dispositivos más en el objeto del contrato?
Contrato. El detalle del precio del contrato establece que se pagó por 5.500 dispositivos.
“Usted no puede bañarse más de 8 minutos”
“Usted no puede bañarse más de 8 minutos y si lo hace, póngase una funda”, le dijo a Fernando Villavicencio el funcionario del Ministerio de Justicia que le colocó el grillete. Además, le prohibió el ingreso a ríos y piscinas. Algo similar le informaron al ex legislador Cléver Jiménez, que también lleva un dispositivo en su tobillo. Jiménez nos contó que recibe llamadas constantes de funcionarios del Ministerio de Justicia —cada 8 horas en promedio— y por razones distintas. Las más recurrentes: advertirle que cargue el equipo y preguntarle sobre su ubicación. Para Jiménez resulta sorprendente que le pregunten por su ubicación, cuando el equipo tiene un GPS. “O el equipo no funciona o pretenden alterar mi tranquilidad”, sostiene.
Jiménez y Villavicencio muestran sus respectivos dispositivos.
Según los términos de negociación, los dispositivos deben garantizar que las personas puedan acceder libremente a piscinas, ríos o al mar, por un período de hasta 1 hora, con un nivel de inmersión de hasta 1,60 metros de profundidad, lo cual en el caso de los equipos de CEIEC no se cumple.
En el caso de Villavicencio, el primer dispositivo fue cambiado debido a fallas en la operación. Él igualmente cuestiona las constantes llamadas, cada seis horas, a pedirle que cargue el equipo. De acuerdo con los términos técnicos, la batería tiene una duración mínima de 15 horas.
El rubro Capacitación estableció un costo de USD 54.000,00. “El proveedor realizará un programa de capacitación”, dirigido a jueces, fiscales, funcionarios del SIS ECU 911, Policía, personal del MJDHC y del proyecto DVE.
El documento también señaló que este “proyecto de inversión” contó con el aval técnico de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, con el aval del Ministerio Coordinador de Seguridad, y el dictamen de prioridad de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), y el Ministerio de Finanzas que fue la institución que emitió la autorización para el financiamiento del proyecto. Con la firma del contrato se entregó el anticipo del 70%.
Una investigación de diario El Universo develó que CEIEC obtuvo doce contratos en el país, nueve de ellos financiados con dinero proveniente de los créditos chinos. La compañía china, desde 2011 hasta 2017, facturó un total de USD 424.079.831,70.
El equipo investigador tuvo una charla extraoficial con personas particulares vinculadas a esta contratación. Ellas reconocen que el rubro para la compra de los brazaletes estaba por debajo de los cuatro millones de dólares, pero que no está a su alcance conocer porqué el Ministerio de Justicia elevó el precio de esa adquisición a más de 13 millones de dólares.
Respecto a los precios que fueron comunicados a los periodistas, "por presuntos técnicos y comerciantes chinos" para este informe, ellos los relativizan: el precio siempre depende, dijeron, de la calidad de los dispositivos y de las condiciones que se hayan marcado en el contrato. CEIEC, dicen, no es una empresa improvisada. Montó todo el sistema electrónico del ECU911 y es una empresa estatal china que, para operar fuera de su país, tiene el certificado del Ministerio de Defensa y Guerra Electrónica de China, lo cual es muy difícil de obtener. Además, señalan, todo el dinero que sale del Banco chino hacia la empresa tiene que ser justificado, y de existir un precio que no corresponde al mercado, la empresa tiene que justificar esos ingresos con facturas.
El punto, refieren las fuentes, está más que nada en las decisiones tomadas en el Ministerio de Justicia: ¿Cómo se hicieron los precios de referencia? ¿Cómo se determinaron las necesidades y características técnicas de los brazaletes? ¿Cómo se justificaron? El precio puede variar, dicen, de acuerdo a la calidad, por ejemplo, del GPS. Del alcance y la precisión del dispositivo; si su margen de error es de 20 metros o de 2 metros, si es impermeable, si sus materiales son de alto impacto, la duración de la batería; además, si el sistema está en capacidad de hacer un cerco virtual que detecte de inmediato la localización de quien porta el dispositivo; si el GPS es tan bueno que puede captar una señal el subsuelo 4 de un estacionamiento vehicular... Para los técnicos consultados, el Ministerio debiera dar cuenta de las pruebas técnicas que sirvieron para recibir los brazaletes a entera satisfacción por parte del Estado ecuatoriano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario