Los escándalos del Ministerio del Interior
La administración anterior en la Policía Nacional y en el Ministerio del interior recibe una oleada de denuncias —que topan incluso al ex ministro y actual presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y sus principales colaboradores— de irregularidades. A estas se suman amenazas a fiscales, y otras acciones que señalan que en el organismo encargado de velar por el orden y la seguridad primó —por lo menos— el más absoluto desorden.
20 de noviembre del 2017
REDACCIÓN PLAN V
La madrugada del 2 de noviembre, la fiscal Claudia Romero, miembro de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía General, se metió un lío: ordenó un operativo en el cual se detuvieron a cuatro personas, para fines de investigación, "quienes se habrían asociado ilícitamente para cometer el delito de concusión (funcionarios públicos que al hacer uso de sus cargos, ordenan y exigen pagos o contribuciones indebidas)", según dice la Fiscalía General. Estas cuatro personas no eran cualquier funcionario: las denuncias tenían que ver con presuntos cobros de dinero por contratos en el Ministerio del Interior, durante la administración de José Serrano, entonces poderoso ministro del Interior, y ahora también poderoso presidente de la Asamblea Nacional. Una de estas personas, una funcionaria, era nada menos que su mano derecha, la directora administrativa, María Paula Christiansen. Ahora ella está prófuga. En su denuncia, la fiscal cuenta que ordenó su detención por ocho horas, pero la dejaron salir del país.
En su denuncia, la fiscal dijo que "recibí mucha presión por parte de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD), quienes querían abandonar el caso si yo continuaba investigando a la señora María Paula Christiansen (...) el jefe de la UIAD me informa que no puede actuar en esta investigación (...) él decía que si el señor José Serrano conoce que él lideraría este operativo su vida correría peligro...".
La fiscal también dijo que realizaron escuchas telefónicas por esta supuesta red de corrupción en las que se menciona al exministro y actual presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.
La fiscal Claudia Romero dijo que "recibí mucha presión por parte de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD), quienes querían abandonar el caso si yo continuaba investigando a la señora María Paula Christiansen".
Además, Claudia Romero tuvo en sus manos el caso por presunta tortura y extorsión en la cárcel de Turi y acusó a su director Paúl Tobar, que según la fiscal es pariente de Serrano. También relata que recibió presiones para no imputarlo y menciona a la fiscal subrogante Thania Moreno, reportó la cadena Ecuavisa.
Y dijo, además, que "recibo una llamada por parte de la asistente de la doctora Thania Moreno, quién me informa que debo asistir a una reunión en su despacho (...) veo que ingresa una mujer que la dra. Moreno me presentó como asesora del Ministerio del Interior (...) en esa reunión se me informa que no cuento con los elementos para vincular al señor Paúl Tobar (...) Días antes de la audiencia recibí llamadas amenazantes por este hecho, me decían: cuídate...". Thania Moreno es la autoridad que llevó adelante la acusación en el llamado Caso Pases, en el cual exculpó a funcionarios del Ministerio del Interior y de la Presidencia de la República presuntamente vinculados con este caso.
El caso que involucra a los funcionarios del Ministerio del Interior se empezó a investigar a principios de agosto del 2017, cuando la señora Patricia Herrera presentó una denuncia ante la Directora Jurídica de la entidad, debido a sucesivas denuncias de personas realizaban contratos con institución estaba una persona siendo beneficiada, a la cual se le puso un alias "director". La referencia era apenas un número telefónico, y luego se determinó que ese número correspondía a Boris P. funcionario del ministerio. Al realizar las escuchas, la Fiscalía determinó la relación con otras personas, entre estas Byron Z., María Angélica E. y David Y. Luego de la indagación, la fiscal formuló cargos por la compra de caballos para la Policía Nacional, el cambio del kilometraje en vehículos institucionales, el cobro de dinero para la compra de chalecos antibalas, municiones... el delito: asociación ilícita y concusión. La Fiscalía determinó entonces que Boris P. era director Administrativo del Ministerio del Interior, Byron Z. trabajaba en comisión de servicios en el Ministerio de Defensa y Diego Y. era asesor nada menos que de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional.
La Fiscalía determinó entonces que Boris P. era director Administrativo del Ministerio del Interior, Byron Z. trabajaba en comisión de servicios en el Ministerio de Defensa y Diego Y. era asesor nada menos que de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional.
Durante la formulación de cargos, la fiscal dijo que "esta asociación no se limita estas cuatro personas, se ordenó la detención de Luis Eduardo N. y María Paula C., quien fuera coordinadora financiera en Interior que ordenó compra de caballos y compra de bienes Yachay... Ellos salieron del país, tenía órdenes de detención, se les ubica por las triangulaciones telefónicas, ella no cuenta con cuentas ni un bien a su nombre, todo se maneja a través de su esposo Luis N. Dejo constancia señora Jueza, que esta autoridad ha sufrido dos atentados (para que) se deje fuera del caso a Luis N., María Paula C. y Byron Z.". La fiscal advirtió que "se maneja mucho poder económico".
No solo son estos casos. La investigación fiscal, en torno al Caso Pases, dijo que ese proceso en particular era para depurar a la Policía Nacional de una serie de irregularidades. En una carta que uno de los sentenciados del Caso Pases, el teniente Patricio Gutiérrez Romero dirige al actual ministro del Interior, César Navas, se citan varias de estas, que se derivan del Caso Pases:
"1. El uso indebido de bienes del Estado por diversos funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía.
"2. El ingreso ilegal , con alteración de documentos públicos, de 378 cadetes y aspirantes a policías en las Escuelas de Formación de Oficiales y de Tropa de la Policía Nacional. Este hecho fue conocido por el Inspector General de la Policía y por el Jefe de Estado Mayor sin que haya existido una verdadera investigación para separar a estos hoy miembros policiales, y determinar a los miembros de la red que, se decía, funcionó en el Ministerio del Interior, con encargados del proceso de reclutamiento".
(Un informe periodístico reciente señalaba que una red ayudaba a ingresar a la Escuela de Oficiales previo el pago de 7000 dólares, lo cual permitía al aspirante evadir los exámenes médicos, tener las preguntas de los exámenes teóricos y evitar la prueba del polígrafo).
"3. La omisión de diferentes miembros policiales que conocían los hechos materia de la investigación y que nada hicieron para impedir la comisión del delito o para formalizar un proceso a través de la misma Fiscalía, siendo responsables por el principio de equivalencia jurídica al ser funcionarios de policía, que estaban llamados a impedir hechos penalmente relevantes.
"4. Designaciones internacionales de oficiales de Policía que no habrían cumplido los requisitos de forma o simplemente porque su antigüedad dentro de la promoción respectiva no les permitía alcanzar esta designación, considerada como un reconocimiento al esfuerzo o méritos de carácter policial.
"5. Acciones de investigación no autorizadas y utilización de medios policiales con fines personales. Dejando en claro que se formaron grupos que usaron medios policiales para investigar a generales de Policía e incluso al mismo ministro del Interior.
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