¿Se protege desde el Estado a los abusadores de menores?
A estas alturas ya resulta imposible no sospechar que en el Ecuador existe una red de influencias enquistada en el poder que protege a acusados de delitos sexuales.
La forma tramposa en que en la Asamblea se impidió que se determinen responsabilidades políticas en el escándalo de las denuncias de abusos a menores en colegios y escuelas, que se haya ignorado y silenciado durante años alrededor de 800 denuncias de abuso en centros educativos y que acusados de delitos sexuales hayan sido defendidos por los abogados del ahora ex presidente Correa y del vicepresidente Jorge Glas, no parecen casos aislados ni fortuitos.
Uno de los últimos acontecimiento en esta saga es el que le ocurrió al abogado que defiende al “Principito”; el chico abusado sexualmente por un profesor del colegio La Condamine, José Xavier Valdivieso Larco, quien fue condenado por la justicia a 22 años de prisión, pero se halla prófugo de la justicia. Ocurrió el lunes 13 de noviembre a las 8:18 de la mañana cuando sonó el celular de Diego Yépez. Del otro lado, habló una mujer que se presentó como Ximena Torres, empleada del Tribunal del Contencioso Administrativo. Le dijo que si podía hacer que el señor Valdivieso Larco se acerque a firmar los documentos en el sistema judicial para que aparezca como si hubiera estado presentándose ante el juez como era su obligación según unas medidas cautelares, ya que no lo había hecho.
Yépez se llevó una inmensa sorpresa y quedó de una sola pieza. Era evidente que la persona que le hacía la llamada estaba equivocada y que el verdadero destinatario de la misma era el abogado de Valdivieso Larco y no él. Cuando Yépez se lo hizo saber, Torres se disculpó con una voz apagada y cerró la llamada.
Yépez se llevó una inmensa sorpresa y quedó de una sola pieza. Era evidente que la persona que le hacía la llamada estaba equivocada y que el verdadero destinatario de la misma era el abogado de Valdivieso Larco y no él. Cuando Yépez se lo hizo saber, Torres se disculpó con una voz apagada y cerró la llamada.
Funcionario judicial se equivoca y llama al abogado del sentenciado (cuando era el del #Principito) y le pide que su cliente se acerque a firmar las presentaciones que no firmó y no constan para falsear el expediente y beneficiarle con la revocatoria de la prisión preventiva
Yépez decidió inmediatamente hacer la denuncia ante el Consejo de la Judicatura para evitar que, en efecto, Valdivieso Larco apareciera como si se hubiera presentado ante el sistema judicial cuando, en realidad, está prófugo desde que fue condenado a 22 de años de prisión. La esposa de Yépez y también abogada de la familia del menor, hizo igualmente la denuncia a través de Twitter, como se observa en esta nota.
En la denuncia escrita que presentó el mismo día lunes 13 de noviembre, Yépez sostuvo entre los antecedentes que las medidas cautelares dictadas en contra de Valdivieso Larco establecían la prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse periódicamente ante el juez del proceso. Sin embargo, como Valdivieso Larco no se ha presentado, el tribunal ordenó que se oficie a la Policía Judicial para que lo capture.
Era evidente, según Yépez, que se estaba intentando, desde algún puesto de influencia en el sistema judicial, subsanar la falta de firma de Valdivieso Larco y no perjudicarlo en el proceso. En su denuncia, Yépez pedía al Consejo de la Judicatura que se evite cualquier forma de tráfico de influencias a favor de Valdivieso como se evidenció con la llamada que la funcionaria del Contencioso Administrativo. Además recordó al Consejo de la Judicatura que el tráfico de influencias se pena con cárcel de 3 a 5 años. El abogado hizo una captura de pantalla de su teléfono para que se viera la llamada que había recibido de Torres y se la adjuntó a la denuncia.
Lo que ocurrió a Diego Yépez es parte de todo un proceso lleno de opacidades y sospechas en el que estuvo envuelto el caso del “Principito”. Desde el inicio del caso, el acusado tuvo evidentes privilegios procesales y contó con la defensa de Caupolicán Ochoa, abogado personal de Rafael Correa en varios casos judiciales. Además, tuvo el apoyo público y notorio de Anne Malherbe, esposa de Rafael Correa, quien apareció en los bajos de la Corte el día de su juicio en señal de respaldo. Malherbe, que durante los 10 años de gobierno de Correa jamás hizo alguna presentación pública en apoyo de alguna causa social o filantrópica, apareció para respaldar a Valdivieso Larco. Durante esos días, la Presidencia no tuvo la sensibilidad de emitir algún comunicado deslindándose de cualquier actuación de Ochoa en el caso.
Lo sucedido con Yépez no es lo único que ha pasado en los últimos días. En redes sociales y medios de comunicación se han multiplicado las versiones de denuncias y casos de abuso sexual a menores que no han sido sancionadas por el Ministerio de Educación en tiempos de Augusto Espinosa, actualmente asambleísta y miembro del grupo más rabiosamente correísta.
#Loja Esc #Portoviejo,#Cariamanga docente #JoseSantosVargas sentenciado a 13 años x abuso sexual a varias niñas de 7 años@EducacionZ7_Ec y el rector #DarwinTorres,protegieron al violador
Violador salió de prisión antes de cumplir 2 AÑOS
Quien lo protege @CJudicaturaEc
Otro abogado de víctimas de abuso sexual y activista en redes sociales, Pedro Granja, colocó en su cuenta de Twitter un documento en el que se ve que un grupo de padres de niños abusados en Chunchi, provincia del Chimborazo, dicen al entonces ministro de Educación Augusto Espinosa que desisten de las denuncias contra un profesor pero le piden que lo cambien de escuela. Sin embargo, el profesor nunca dejó de dar clases.
Hay tantos hechos en que se ve que los acusados de delitos sexuales se benefician de entronques con el poder, para tener procesos favorables, que se vuelva casi imposible no sospechar que opera un sistema de protección desde el poder a favor de estas personas.
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