El observador

POR: Juan Cuvi Publicado en la Revista El Observador (edición 101, Octubre del 2017)

La consulta popular es nuestra

La consulta popular oscilará entre el interés del gobierno y la necesidad de la sociedad. Lenín Moreno requiere zafarse de las ataduras del correato para poder gobernar, mientras que la ciudadanía necesita recuperar la democracia y la institucionalidad republicana. Es el instrumento frente al fundamento, la parte frente al todo. El diálogo nacional como argamasa de la consulta popular, tal como lo ha sugerido el Presidente, tiene lógica marketinera, pero no práctica. Cautiva al electorado por su aparente significado, pero no resuelve el problema del poder político. Proyecto una imagen de amplitud difícilmente traducible en un cambio democrático del sistema político. Al abrir las puertas a una interminable lista de propuestas, impide asumir el problema de fondo: el esquema populista que amamantó al correato. Desmontar el correísmo implica no solamente recuperar la constitucionalidad manoseada y tergiversada mediante la consulta de 2011, las enmiendas de 2015 y las distintas interpretaciones legales antojadizas aplicadas por el anterior régimen, sino construir un pacto social realmente democrático. Hay que dotarle a la sociedad de mecanismos y condiciones para un ejercicio activo y renovado de la política, para una intervención eficaz y decisiva en los asuntos públicos. Porque ha sido precisamente la despolitización de hecho de la sociedad la que permitió, durante toda una década, la existencia de un andamiaje político-administrativo concebido para saquear los recursos del país. El latrocinio del correato se montó sobre la desidia social. Un hábil esquema de consumismo y reparto obnubiló la conciencia popular. El correato no solo robó a manos llenas; permitió –como ahora lo confirmamos– que los grandes grupos económicos del país se enriquecieran aún más. A límites inimaginables. De esa mesa servida únicamente cayeron mendrugos para el resto de ecuatorianos. Por eso la consulta popular debe expresar la agenda de la mayor parte de actores sociales. Si sus contenidos se resuelven en los conciliábulos del poder político formal, corre el riesgo de desnaturalizarse. Esto, justamente, es lo que busca el ala correísta alineada con la impunidad: negociar a espaldas del pueblo las preguntas de la consulta. Tranzar entre partidos y grupos políticos. Bajo el peregrino y marrullero argumento de la progresividad de los cambios, estos voceros y voceras del absurdo pretenden blindar a sus jefes frente a la acción de la justicia. Quieren perpetuar la inmoralidad. Por eso se aterran cuando escuchan hablar de una renovación profunda de las autoridades de control. Justamente en este último punto radica la posibilidad de democratizar el poder político en favor de la sociedad. Más allá del imprescindible y urgente saneamiento de los organismos estatales de control, el debate a futuro deberá centrarse en la construcción y aplicación de mecanismos que aseguren que los próximos fiscales, procuradores, contralores, defensores públicos, superintendentes y jueces actúen en defensa del bien colectivo y de los intereses del país. Solo así impediremos que se repita la etapa más corrupta de la historia nacional.