La quiebra petrolera: el feriado del correísmo
LA JUGADA MAESTRA DEL CORREÍSMO, AL RENEGOCIAR LOS CONTRATOS PETROLEROS, TERMINÓ SIENDO UN BUMERAN QUE SE REGRESÓ PARA GOLPEARLO EN DONDE MÁS LE DUELE, SU CAJA CHICA. GRACIAS A LAS ALTAS TARIFAS DE COSTO DE PRODUCCIÓN POR BARRIL PACTADAS CON LAS MULTINACIONALES PRIVADAS, LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL ENTRÓ EN TERAPIA INTENSIVA: SEGUIMOS SACANDO CRUDO A UN PRECIO MAYOR DEL QUE LO VENDEMOS. ASÍ NO HAY NEGOCIO QUE RESISTA.
Las cifras ponen al desnudo la catástrofe petrolera. Una realidad sin precedentes en los últimos cincuenta años. Es una suerte de coctel explosivo preparado con bajos precios del petróleo y altos costos de extracción; el primero, determinado por el mercado global de hidrocarburos y, el segundo, establecido en los revolucionarios contratos de servicios petroleros, suscritos entre 2010 y 2014, con una imborrable marca de corrupción. La fórmula fatal es muy sencilla y no hace falta ser experto para entenderla: “Estamos produciendo un barril a 39 dólares y vendiéndolo a 30“, son palabras de Rafael Correa. Así de sencillo. Cuando sacar un barril de petróleo cuesta más que venderlo, el negocio explota.
De los dos componentes, el precio del crudo es un factor externo, pero la definición del costo de producción (Tarifa) fue de exclusiva responsabilidad del gobierno y constituyó el elemento central en la configuración de la participación del país en la renta petrolera. El gobierno de Alianza País, al renegociar los nuevos contratos de Prestación de Servicios el año 2010, estableció tarifas de 35 y 41 dólares por barril (U$/BL), en aquellos bloques de mayor producción. En tanto, en las áreas de manejo estatal a cargo de Petroecuador y Petroamazonas, con la firma de contratos de servicios específicos con financiamiento, en campos como Libertador y Shushufindi, se aplicaron tarifas de 33 y 39 dólares por barril incremental, mientras la producción base de todos los campos bajo control de Petroamazonas experimentó un súbito crecimiento de los costos de 9 a 27 U$/BL.
Al realizar un balance entre los costos y los ingresos de las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas y de la operación de las compañías extranjeras, se puede concluir que, como nunca antes en la historia, la industria petrolera nacional genera pérdidas.
La cura fue peor que la enfermedad
Luego de cinco años de vigencia de los nuevos contratos de Prestación de Servicios que reemplazaron a los de Participación y Campos Marginales, desde enero de 2011, el país perdió U$ 3.000 millones, comparado con los ingresos que obtenía en los contratos de Participación, incluyendo los beneficios introducidos en la ley 042, que le garantizaba al Estado el 50% de los ingresos extraordinarios.
Sin lugar a dudas era preferible mantener los anteriores contratos, mejorar la participación en la producción y preservar las ventajas generadas por la Ley 042, a aprobar contratos de Prestación de Servicios con tarifas fijas y sobredimensionadas, que le permitieron a las compañías amortizar sus inversiones por anticipado. Resulta antitécnico, por no decir sospechoso, que en las fórmulas del modelo pactado no se haya considerado la volatilidad del precio del barril del petróleo, debido a las condiciones del mercado global.
La renegociación de contratos en 16 bloques y campos unificados, implicó el cambio de modelo de participación, campos marginales, alianzas operativas, contratos de servicios específicos y alianzas estratégicas a la nueva modalidad de Prestación de Servicios con tarifa fija.
De acuerdo con los modelos matemáticos utilizados por los equipos negociadores, se determinaron tarifas fijas que fluctuaron entre 20.77 y 59.91 dólares por barril (U$/BL). En los bloques de mayor producción las tarifas son de 35 y 41 dólares, de los cuales el país no recibe ingresos desde el año 2014, como efecto de la caída del precio del crudo a nivel internacional.
Un contrato que solo funciona con precios altos
La producción acumulada durante estos cinco años, alcanzó los 278 millones de barriles, una cantidad que multiplicada por las nuevas tarifas de servicios, permitió a las compañías obtener ingresos brutos de aproximadamente U$ 9.604 millones, entre enero de 2011 y diciembre de 2016.
Un informe oficial enviado por la Secretaría de Hidrocarburos a la Asamblea Nacional en octubre de 2016, reveló que hasta octubre de 2015, el Estado ecuatoriano canceló a las contratistas 7 mil millones de dólares por tarifas. Una actualización realizada por Focus, considerando la producción del año 2016, nos permitió llegar a la referida cifra total de 9.604 millones de dólares, hasta diciembre de 2016.
Al calcular el mismo volumen de producción (278.3 millones de barriles) con los términos económicos anteriores al gobierno de Rafael Correa, contenidos en los contratos de Participación y la Ley 042 (50/50), el país hubiese obtenido ingresos netos de U$ 14.836 millones, una diferencia de U$ 2.976 millones frente a los U$ 11.860 millones, alcanzados con los elogiados contratos de Prestación de Servicios. No es difícil concluir entonces que fue una pésima negociación al determinar una tarifa fija sin considerar el precio del petróleo como una variable básica.
Durante el período, los ingresos brutos a favor el Estado fueron de U$ 21.464 millones, cifra que se obtiene al multiplicar la producción de los cinco años por el precio promedio de exportación del petróleo de U$ 77.12. De esta cifra corresponde descontar los U$ 9.604 millones por el pago de tarifas, lo que deja un ingreso neto al país de U$ 11.860 millones.
Al calcular el mismo volumen de producción (278.3 millones de barriles) con los términos económicos anteriores al gobierno de Rafael Correa, contenidos en los contratos de Participación y la Ley 042 (50/50), el país hubiese obtenido ingresos netos de U$ 14.836 millones, una diferencia de U$ 2.976 millones frente a los U$ 11.860 millones, alcanzados con los elogiados contratos de Prestación de Servicios. No es difícil concluir entonces que fue una pésima negociación al determinar una tarifa fija sin considerar el precio del petróleo como una variable básica.
Unidad fiscal detecta indicios de peculado
Con base a una denuncia presentada por el legislador Cléver Jiménez, el año 2011, la Fiscalía dispuso a la unidad especializada, el inicio de una investigación respecto a posibles irregularidades en la modificación de los contratos y en el establecimiento de una tarifa fija. Un informe interno de la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía, recomienda al Fiscal Galo Chiriboga, el inicio de una indagación previa por el presunto delito de peculado, en contra de varios funcionarios del sector, en particular: el actual Vicepresidente Jorge Glas Espinel, el ex Ministro de Recursos Naturales, Wilson Pastor, el actual Gerente de Petroecuador, Carlos Pareja, el ex Gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, y otros funcionarios de menor rango. Entre las causas centrales se acusa de haber fijado una tarifa muy superior a la registrada por la empresa pública Petroecuador, además menciona que en el caso del bloque 10, concesionado a la italiana Agip, se adjudicaron nuevos campos y se modificó el mapa petrolero, al margen de la Ley. Han pasado cuatro años de emitido ese informe y ninguna autoridad de la Fiscalía ha iniciado la indagación previa solicitada por la Unidad de Investigaciones.
Al final de cuentas, lo poco que se logró al mejorar la participación en la producción de petróleo, lo acabamos perdiendo por la subida del precio base en un 60%. Lo lógico era subir la participación en la producción de los contratos de Participación y mantener el mismo precio base anterior
Historia de dos negociaciones perjudiciales para el país
Como ciego con una pistola se ha movido el gobierno en el tema petrolero durante los 10 años de revolución ciudadana, un camuflado y audaz comportamiento privatizador en medio del juego de intereses de las compañías, de ministros vinculados, y un discurso adjetivado de antiimperialismo. En medio de estridentes amenazas a las transnacionales, Rafael Correa, Wilson Pastor, Jorge Glas, Galo Chiriboga, Luis Jaramillo Arias y José Serrano Salgado, lideraron la negociación y acordaron con las compañías la suscripción de un contrato transitorio con vigencia de 1 año, con la “voluntad de las partes” de migrar a un contrato de Prestación de Servicios, la extensión de los contratos por varios años adicionales, muchos de los cuales estaban próximos a fenecer, y la reducción del porcentaje por incremento del precio del crudo de 99% a 70% (Ley 42). A cambio, las contratistas retirarían las demandas del CIADI y según anuncios del Presidente Correa, se comprometían a pagar las deudas pendientes con el Estado, por el 50/50 y el 99/1, hasta la fecha de suscripción del Acuerdo Transitorio.
La primera negociación de los contratos de Participación incluyó principal o exclusivamente la participación en los excedentes del precio del crudo, no así la participación en la producción de petróleo, cuando el país esperaba una modificación sustancial de la participación en el volumen de producción de crudo; esto era, mejorar la relación promedio del 25% para el Estado y 75% para las compañías. Al final de cuentas, lo poco que se logró al mejorar la participación en la producción de petróleo, lo acabamos perdiendo por la subida del precio base en un 60%. Lo lógico era subir la participación en la producción de los contratos de Participación y mantener el mismo precio base anterior, considerando que el precio del petróleo es una variable externa fuera de control del gobierno.
A las compañías les cayó de perla suscribir los contratos transitorios de 1 año, los cuales se extendieron a 2 años, sin autorizacion legal. Con ello se aseguraban la extensión de los plazos, mejoraban el precio base y se lavaban de las responsabilidades que venían arrastrando desde hace tiempo; por incumplimientos de contratos, perjuicios económicos, violación de la Ley, impactos ambientales, y afectación a pueblos y nacionalidades amazónicas. Sin lugar a dudas la aplicación de estos contratos significaría menores ingresos para el Fisco que los que generaría la Ley 042, fundamentalmente porque la nueva base de cálculo de los ingresos extraordinarios se modificó drásticamente.
Un aspecto fundamental que debemos analizar es el hecho de que el primer proceso de negociación el año 2008, se realizó cuando aún no se contaba siquiera con un borrador del nuevo modelo de contrato al cual se pensaba migrar, peor aún con un proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos. La sola existencia de dos procesos de negociación, en apenas dos años, evidencia la incompetencia de las autoridades del sector.
Correa tuvo que ceder ante las transnacionales y acordó reducir el 99% de ganancias a 70%, con la supuesta justificación de que el 70% es un término medio, superior al 50% que recibíamos antes. La realidad fue distinta.
Perdimos lo ganado con la Ley 042
Durante el gobierno de Alfredo Palacio, en abril de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 042 según la cual las empresas que mantenían Contratos de Participación debían entregar mensualmente al Estado “al menos el 50%” de sus ingresos extraordinarios. Por ejemplo, si el precio actual del petróleo en el mes X es de $100 y el precio inicial era de $20 la contratista estaría obteniendo ingresos extraordinarios por $80, que debería compartirlos con el Estado, entregándole al menos $40 independientemente de los porcentajes de participación en la producción de petróleo que hubieren estipulado en el respectivo contrato y que generalmente era 20 0 25% para el Estado y el resto para la contratista.
Con el cambio de gobierno, esa reglamentación se mantuvo durante 10 meses, hasta que en octubre de 2007 el presidente Rafael Correa dictó el Decreto 662 mediante el cual modificó el artículo 2 del reglamento a la Ley 042 sustituyendo el 50% por el 99%, de la participación en los excedentes del precio del crudo.
Es decir si el precio base estaba en U$ 20 el barril y el precio en el mercado internacional en 100 U$/BL, de los U$ 80 de diferencia el Estado debía recibir U$ 79,20 por barril (99%). Pero, pocas semanas después, en forma sorpresiva, Correa anunció que el Decreto del 99/1, fue “solo una medida de presión”, para que las compañías se sienten a negociar. En la práctica, el efecto fue al revés, las compañías hicieron fila ante el CIADI con demandas que llegaban a 12 mil millones de dólares. El Estado quedó de rodillas. Correa tuvo que ceder ante las transnacionales y acordó reducir el 99% a 70%, con la supuesta justificación de que 70% es un término medio, superior al 50% que recibíamos antes. La realidad fue distinta.
En efecto, con su mayoría en la Constituyente de Montecristi, incluyeron en la denominada Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria una adición a la Ley de Régimen Tributario Interno, mediante la cual se creó un impuesto anual del 70% a los ingresos extraordinarios de las compañías petroleras que celebraren nuevos contratos y con una base de cálculo distinta que la de la Ley 042. Esta reforma tributaria no implicó la derogación ni la modificación de la Ley 042 como tampoco del ya mencionado reglamento reformado que dispone el pago del 99% de tales ingresos extraordinarios.
Lo paradójico fue que la aplicación de ese 70% a favor del Estado resultó inferior al 50% definido en la Ley 042, debido al incremento injustificado del precio base en más del 60%.
Increíble: El 70/30 resultó inferior al 50/50
Lo paradójico fue que la aplicación de ese 70% a favor del Estado resultó inferior al 50% definido en la Ley 042, debido al incremento injustificado del precio base en más del 60%. Antes de la negociación de los contratos transitorios el precio base estaba en el orden de U$/BL 24.3 promedio pero el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, negoció un nuevo precio base de 39.2 US/BL. Por increíble que parezca, el aporte de Chiriboga, implicó un enorme perjuicio al país: el famoso 70/30 resultaba en algunos casos menor al 50/50. Ejemplo: con un precio promedio del crudo de 70 dólares el barril y un precio base de 24.3, de acuerdo con el 50/50 (Ley 042) el país recibía 22,85 U$/BL; con el 70/30 y un precio base de 39.2, el país recibiría 21,56 U$/BL. Digno de aplausos.
Rafael Correa sabía de los perjuicios económicos
En la cadena presidencial del sábado 5 de diciembre de 2009, un molesto Rafael Correa Delgado, condenaba la primera fase de renegociación de contratos con las compañías petroleras extranjeras, calificándola como un “crimen, delito de lesa patria y traición”. Los principales acusados, aunque no visiblemente expuestos, se miraban y agachaban sus cabezas, esperando el momento en que sus nombres revienten. Las palabras del mandatario sonaron como ráfagas: “Esto no va a quedar en la impunidad, el país sabrá los nombres y apellidos de quienes permitieron esta miseria y me voy a reunir con las privadas y vamos a hablar claro: o me invierten o se van, pero con el país no van a seguir jugando”, se escuchó en tono mayor. Pero los nombres de los responsables nunca salieron de su boca, al parecer eran muy cercanos y propios, como para dejarlos en evidencia: Galo Chiriboga, ministro de Minas y Petróleos, contralmirante Luis Jaramillo Arias, presidente de Petroecuador, y una plantilla de técnicos de viejo y nuevo cuño que conformaban los equipos negociadores.
Más allá de las palabras y acusaciones públicas, la información oficial señala que esta fase de negociación fue manejada y decidida directamente por Rafael Correa, su ministro Galo Chiriboga y un equipo asesor nombrado por el citado funcionario. El primer presidente de Petroecuador puesto por la Marina, contralmirante Fernando Zurita, cuestionó el proceso de negociación y anticipó los perjuicios que causaría. Por esta y otras razones fue removido del cargo. En una carta de 21 de mayo de 2008 dirigida al presidente Correa, ubica nombres de los responsables: “La renegociación de los contratos de exploración y explotación de petróleo, siempre fue liderada por el Ministro de Minas y Petróleo, Dr. Galo Chiriboga Zambrano, y, su grupo de asesores…“ (…) Durante el análisis de la negociación propuesta por el Ministro Chiriboga, él impuso su agenda, validando todo lo actuado por el grupo negociador, especialmente en los términos económicos“.
El primer presidente de Petroecuador puesto por la Marina, contralmirante Fernando Zurita, cuestionó el proceso de negociación y anticipó los perjuicios que causaría. Por esta y otras razones fue removido del cargo.
En la “célebre” sesión del Directorio de Petroecuador, de 19 de mayo de 2008, el Presidente de la República, reveló que el informe de los técnicos extranjeros (CURTIS MALLET) contratados por el Estado, señalaba que apenas una compañía estaría perdiendo con el 99/1, sin embargo de ello, Rafael Correa acogió el criterio de Galo Chiriboga, como se aprecia en el audio de la sesión: “De acuerdo a la información que tu equipo presentó Galo (Chiriboga) con el decreto 99/1 seis compañías estaban perjudicadas: City, Oriente, Repsol, bloque 16, Petrobras, Petroriental bloque 14, Petroriental bloque 17, la semana pasada me dicen no, que es solo una, si es que está perdiendo es City Oriente, el resto está ganando plata…¿Quién está en lo correcto ustedes o los mexicanos (CURTIS MALLET)?” A lo que Galo Chiriboga responde: “Me parece que estamos nosotros”. Rafael Correa retoma la palabra para precisar: “… yo como Presidente no puedo aceptar que esté tremendamente presionado para negociar los contratos y revocar el Decreto 99/1 porque seis petroleras están perdiendo plata para que un equipo de expertos traídos… (CURTIS MALLET) y que a lo sumo una está perdiendo plata, todo mundo está ganando y bastante, no puede ser, bueno, me presentas en informe unificado”.
Entre gallos y medianoche, al viejo estilo de la larga noche neoliberal, la Asamblea Nacional sin debate parlamentario, por el Ministerio de la Ley, permitió que entre en vigencia la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que incluía el nuevo modelo contractual
Como puede apreciarse, el presidente Correa estaba al tanto de los estudios presentados por la consultora “Curtis Mallet”, además tenía los criterios expuestos por el expresidente de Petroecuador Fernando Zurita, de que la renegociación de contratos en los términos planteados era inconveniente y perjudicial a los intereses del Estado. Rafael Correa sabía que incluso con el 99/1, “todo mundo está ganando y bastante”, sin embargo, el Presidente acabó validando el criterio del entonces ministro Galo Chiriboga, que era coincidente con el de las compañías.
Segunda negociación y el establecimiento de una tarifa fija
Dos años después de firmados los contratos transitorios, recién el gobierno con asistencia internacional de Hogan Lovells, logró redactar un proyecto de contrato de Prestación de Servicios, con una tarifa fija para todo el período contractual, en lugar de una móvil o variable. También se estableció la reducción del Impuesto a la Renta del 44.4% al 25%, todo ello como un tributo a la seguridad jurídica, tan necesaria en este increíble proyecto gubernamental, pues ni las propias compañías se habían imaginado un escenario que les fuera tan favorable.
Una vez consensuado el novedoso modelo contractual, el presidente Rafael Correa remitió a la Asamblea Nacional, en junio de 2010, un proyecto de Ley, calificado como urgente en materia económica, introduciendo el reencauchado modelo de Prestación de Servicios.
Entre gallos y medianoche, al viejo estilo de la larga noche neoliberal, la Asamblea Nacional sin debate parlamentario, por el Ministerio de la Ley, permitió que entre en vigencia la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que incluía el nuevo modelo contractual y la fijación de plazos de 120 y 180 días para migrar al renovado contrato de Prestación de Servicios.
Fin de la quimera del oro negro
Cuando se inauguró el mini boom petrolero en 1972, el país contaba con 8 mil 084 millones de barriles de reservas probadas. En la actualidad, esas reservas reales de crudo comercialmente explotables, se han reducido a 2 mil 680 millones de barriles (2014), incluyendo el ITT. Se estima que este 2017, cuando Rafael Correa deje el cargo, la última reserva petrolera será de 2 mil 134 millones de barriles. Considerando una tasa de extracción de 560 mil barriles diarios, el horizonte hidrocarburífero ecuatoriano, se agotaría en 11 años, aproximadamente. Sin la explotación de los bloques del Parque Nacional Yasuní (ITT y 31) el horizonte se reduciría sustancialmente.
Durante la década revolucionaria (2007–2017) el gobierno de Rafael Correa ha extraído 1 mil 800 millones de barriles. Durante ese mismo tiempo no se han descubierto volúmenes significativos de reservas probadas que sustituyan lo consumido, requisito básico de la industria petrolera (Barril consumido barril repuesto), pese a que se realizaron importantes inversiones en exploración. Una reserva es probada, solo cuando su extracción es rentable, es decir, cuando el costo de producción es inferior al precio del mercado.
No se han descubierto volúmenes significativos de reservas probadas que sustituyan lo consumido, requisito básico de la industria petrolera (Barril consumido barril repuesto), pese a que se realizaron importantes inversiones en exploración.
Al comenzar el 2014, mientras el precio del crudo empezaba a decrecer en el mercado mundial, la empresa pública Petroamazonas hacía esfuerzos y millonarias inversiones para subir la producción de sus campos, aplicando los contratos de servicios específicos. Lo propio venía realizando desde el 2013 Río Napo en el campo Sacha, que también incrementó su producción. A marzo de 2014, la tasa de producción total nacional, incluyendo la generada por las contratistas extranjeras, se ubicó en 560 mil barriles diarios, equivalente a 203 millones de barriles anuales. La decisión de subir la producción en momentos en que los precios del crudo tienden a la baja resultó contraproducente.
De la producción total se destina 154.6 millones anuales a la exportación, principalmente, a través de contratos de alianzas estratégicas con Petrochina, Sinopec y PTT de Singapur, y para el procesamiento en las refinerías nacionales se destina 46.6 millones anuales.
Sin duda el desplome de los precios registrado en 2014, que se mantiene hasta la fecha -sin posibilidad de recuperarse en el corto plazo- es un golpe letal a la economía ecuatoriana. Este hundimiento de los precios estuvo advertido en la agenda de la economía global desde el año 2010, cuando se evidenció una baja de la demanda de derivados, producto del debilitamiento de la economía europea, principalmente, y ante la revolución silenciosa de EE.UU que le permitió subir la producción petrolera, a través de la novedosa técnica de fracturación hidráulica (Fracking), orientada a extraer hidrocarburos atrapados entre las rocas.
La entrega de la administración de Petroecuador a la Marina, privilegió objetivos políticos del gobierno, antes que la definición de una política energética soberana. Los resultados fueron evidentes: caída de la producción, mayor corrupción e impulso de inversiones millonarias en proyectos no sustentables
El gobierno de Ecuador estaba advertido de la caída del precio del crudo y debió adoptar medidas para enfrentar los impactos en la economía, como crear una reserva con los recursos petroleros que excedieran el precio presupuestado.
Por el contrario, las políticas emprendidas en el sector hidrocarburífero desde el año 2007 fueron en dirección opuesta. La entrega de la administración de Petroecuador a la Marina, privilegió objetivos políticos del gobierno, antes que la definición de una política energética soberana. Los resultados fueron evidentes: caída de la producción, mayor corrupción e impulso de inversiones millonarias en proyectos no sustentables, como la refinería del Pacífico, la explotación del ITT dentro del área protegida Yasuní, la construcción de la planta de gas en Monteverde cuando se va a sustituir el consumo de gas; o, cuestionados negocios con China, como el oneroso endeudamiento garantizado con petróleo.
Joyas de la Corona a compañías extranjeras
Con el objetivo de subir la producción en los campos maduros, conocidos como “joyas de la corona“, el gobierno procedió a la firma de contratos de servicios específicos, entre los años 2012 y 2014, con las compañías extranjeras: Schlumberger, Tecpetrol, Sertecpet, para los campos Shushufindi, Cuyabeno, Libertador, Aguarico. Previamente, el campo Sacha, uno de los más grandes del país, fue adjudicado a la empresa mixta Río Napo (Petroecuador-Pdvsa) con una tarifa de 17,06 U$/BL. En julio de 2016 el régimen de forma unilateral disolvió la empresa mixta Río Napo y obligó a Pdvsa a abandonar el país. El objetivo era entregar Sacha a Halliburton a cambio de U$ 1500 millones de adelanto, pero la negociación fracasó. Para diciembre del mismo año, Petroamazonas intentó nuevamente entregar el campo, esta vez a la empresa china CRGC, pero igualmente a última hora fracasó.
Lo que no fracasó fue la firma del contrato del campo Auca con la multinacional Schlumberger, a través de la modalidad de servicios específicos con financiamiento, que incluyó una cuestionada variante introducida vía decreto por Rafael Correa, la de “Derecho Intangible“, con la cual el gobierno recibió como crédito de inicio U$ 1000 millones, los cuales sirvieron para aliviar la caja fiscal.
Lo que no fracasó fue la firma del contrato del campo Auca con Schlumberger, a través de la modalidad de servicios específicos con financiamiento, que incluyó una variante introducida por Rafael Correa, la de “Derecho Intangible“, con la cual el gobierno recibió como crédito de inicio U$ 1000 millones, los cuales sirvieron para aliviar la caja fiscal.
Con estos contratos se obligaba a la empresa pública Petroamazonas a adquirir a las empresas privadas extranjeras, directamente y por 15 años, los equipos y servicios para mantener y subir la producción; además, se incluía la aplicación de tecnologías de recuperación mejorada, con una tarifa de 39 dólares el barril. Las inversiones en equipos y contratación de servicios de Petroamazonas el 2014 ascendieron a U$ 3384 millones, mientras el año 2007 fueron apenas de U$ 342 millones. La vigencia de estos contratos y el crecimiento de la inversión pública, permite explicar el incremento de los costos de producción de Petroamazonas, de 9 a 27 U$/BL. En menos de tres años prácticamente los costos se triplicaron.
Como se aprecia, con los contratos de servicios específicos, estas compañías se aseguraron por 15 años la provisión directa (sin licitación) de bienes y servicios a Petroamazonas, por una cifra superior a los U$ 3000 millones anuales, uno de los mayores negocios del país. Durante siete años de la revolución ciudadana (2007–2014) las inversiones en exploración y explotación de petróleo realizadas por las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas, llegaron a U$ 13.037,01 millones, una de las más altas de la historia petrolera, pero los resultados, principalmente el descubrimiento e incorporación de nuevas reservas probadas, son negativos. A partir del 2015, las inversiones se redujeron sustancialmente como efecto de la caída de los precios.
La situación económica de los contratos de los campos Libertador y Shushufindi, donde participa la multinacional Schlumberger en consorcio con otras compañías, explica la catástrofe del sector. Según información de 2017, el gobierno de Ecuador adeuda a la firma francesa U$1.100 millones exclusivamente por esos dos contratos.
Aunque literalmente, la empresa pública Petroamazonas figure como operadora de los campos maduros (Joyas de la Corona), en la práctica, de acuerdo con los contratos de servicios específicos, la casi totalidad de actividades, desde los servicios de alimentación, estudios técnicos, fiscalización, sísmica, mantenimiento y perforación de pozos, las realizan compañías privadas extranjeras, en una suerte de privatización encubierta. Compañías privadas que, para colmo, mantienen millonarias cuentas por cobrar a un Estado sin recursos y moroso.
Lo que debió ser una época de bonanza, desarrollo y explotación adecuada de los recursos por parte de las empresas petroleras del Ecuador, terminó siendo un fiasco económico que las mantiene en la actualidad en una crisis severa, sin proyecciones alentadoras. Algo parecido a lo que ha ocurrido con la gigante venezolana PDVSA, envuelta, al igual que Petroecuador, en escándalos de corrupción, despilfarro y negocios turbios
Fernando Villavicencio Valencia
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