Los correístas emboscan la Corte Constitucional
Rafael Correa debe andar de muy malas pulgas. Ya no hace noticia, ya no tiene centenares de micrófonos a su servicio y sus enlaces digitales son un fiasco. Su audiencia no logra pasar la barrera de 14 mil personas. La nada si se piensa en su ego y en sus necesidades políticas.
Correa no se repone de haber tenido que volver a la realidad. Ya no tuitea con el paroxismo que lo hizo en agosto y septiembre. Su eterna ironía, su irremediable cinismo ya no mueve a sus seguidores. Al punto que está dedicado a retuitear y promocionar artículos ajenos solo porque hablan bien de él o mal de Moreno.
Las noticias que le llegan no son halagüeñas. En la bancada oficialista se habla de dos bandos definidos e incluso uno de sus más furibundos seguidores, Augusto Espinosa, propuso ayer, 26 de octubre, separación por las buenas. Si esto ocurre, como es previsible, Correa perderá una de las espadas de Damocles que dejó suspendidas sobre la cabeza de Moreno.
La batalla por el control de Alianza País es implacable. Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño trabajan intensamente, pero en el entorno de Moreno, después de desdeñar ese aparato, existe la decisión de recuperarlo a su favor. Por obvias razones: no hay político en ninguna parte que regale una maquinaria montada y aceitada para ganar elecciones. Peor en víspera de la campaña para la consulta.
Se entiende, en estas circunstancias, que la estrategia correísta esté concentrada en estos días en la Corte Constitucional. Correa y los suyos se han volcado sobre esos jueces conscientes de activar la última carta que creen detentar en el andamiaje institucional que dejaron activo y a su servicio. Allí, en forma discreta por ahora, se están librando batallas jurídicas en apariencia pero hondamente políticas. Y decisivas para el país. De esos jueces depende el contenido de las preguntas y, de pronto, el espíritu mismo de la consulta. De esos jueces depende, desde el 24 de octubre, otra batalla política que involucra directamente al presidente Moreno y al vicepresidente preso Jorge Glas. En los dos casos, los correístas no han disimulado, en sus mensajes públicos a los jueces, su deseo de que se alineen con sus posiciones. Los recursos de amicus curiae presentados por Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Marcela Aguiñaga, Soledad Buendía y Liliana Durán buscan que la corte tumbe las preguntas más políticas de la consulta: la reelección indefinida y la recomposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La demanda de un grupo de asambleístas correístas (Marcela Aguiñaga, Carlos Viteri, Soledad Buendía, Juan Cárdenas, Rosa Mireya Cárdenas, Eugenia Espín, Ronny Aleaga y Amapola Naranjo) fue hecha directamente contra Moreno. Así se entiende la Acción de Protección que interpusieron para que la Corte Constitucional declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo mediante el cual el Presidente encargó la Vicepresidencia a María Alejandra Vicuña.
Jurídicamente esas acciones son deleznables. Afirmar que se reducen derechos a la sociedad porque se prohíbe que un ciudadano pretenda eternizarse en el poder, es negar la alternancia como un valor supremo de la democracia. Proclamar que el decreto de Moreno es inconstitucional porque Glas está de vacaciones en la cárcel 4, da para rodar una serie de surrealismo tropical. Para nada más.
Es claro, entonces, que los correístas frenéticos no recurren a los jueces ávidos de doctrina constitucional: van con la expectativa de que esa corte, puesta por ellos, cubra el vacío político que hoy sienten en el país. Que los jueces hagan lo que Correa y ellos –“que son más, muchísimos más”– ya no pueden hacer porque se les fueron los votos y las hordas sanducheras. Que esa corte produzca decisiones políticas disfrazadas de fallos constitucionales y reponga así las cosas en el lugar de siempre. Correa y los suyos van a la Corte Constitucional para que les restituya lo que creen que es suyo, porque para eso la nombraron.
Es claro, entonces, que los correístas frenéticos no recurren a los jueces ávidos de doctrina constitucional: van con la expectativa de que esa corte, puesta por ellos, cubra el vacío político que hoy sienten en el país. Que los jueces hagan lo que Correa y ellos –“que son más, muchísimos más”– ya no pueden hacer porque se les fueron los votos y las hordas sanducheras. Que esa corte produzca decisiones políticas disfrazadas de fallos constitucionales y reponga así las cosas en el lugar de siempre. Correa y los suyos van a la Corte Constitucional para que les restituya lo que creen que es suyo, porque para eso la nombraron.
Es eso lo que esconde esta nueva ficción que el correísmo está creando. Está haciendo creer que hay una instancia –impoluta, independiente, justa– para dirimir las controversias constitucionales. No es así, para eso no ha servido la Corte Constitucional que ellos instalaron. Pero esos jueces saben –a estas alturas deben saberlo– que ellos son producto de un proceso falaz y corrupto y que ahora, por esas cosas del destino, la coyuntura política les brinda la oportunidad de redimirse con la doctrina constitucional y con el país. Saben que ahora sus fallos pueden ser mediados por el espíritu de la democracia y no por la imposición del gobierno que los parió. O el que sigue.
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