Correa y Espinosa trataron de librarse del informe de Contraloría
Pablo Celi, contralor del Estado subrogante, lo confirmó hoy: hay una predeterminación de destitución y multa para Richard Espinosa presidente del Consejo Directivo del IESS. Espinosa informó que tiene 30 días para presentar sus descargos en los cuales aclarará –escribió– “que nunca se ha perjudicado en un dólar al IESS”.
Espinosa tiene serios problemas desde el 20 de junio pasado cuando la Contraloría emitió su informe final sobre la deuda que tiene el Estado con el IESS por prestaciones de salud. En ese informe, se determinó que él y 17 de sus funcionarios son responsables de haber eliminado del balance del Fondo de Salud $2.527´919.221.
Ese informe preocupó en forma ostensible a Rafael Correa, que ya era expresidente. El 21 de junio en una dirección de correo electrónico de la Presidencia (lineamientos@presidencia.gob.ec) escribió a Espinosa, Jorge Glas, Patricio Rivera y Pamela Martínez (jueza de la Corte Constitucional). Les preguntó si ese informe es definitivo y si entienden lo grave que esto es en los planos político y económico. Es su problema les dice. En dos líneas dio su interpretación sobre el informe de la Contraloría: quiere reivindicarse frente a los escándalos que ha enfrentado. Hace otra pregunta: ¿cabe alguna acción de protección o algo así? Y les pide recordar que esto es solo deuda acumulada y que después habrá que pagar anualmente una fuerte cantidad lo que es, a sus ojos, un absurdo completo.
Todos, salvo Jorge Glas, le responden. Espinosa confirma que el informe es definitivo. Y que la contraloría señala como responsables a los directivos del IESS. Le dice que encuentra paradójico que entre la lectura del borrador y el informe final apenas pasaron tres meses. Y que no tomaron en cuenta sus descargos.
Patricio Rivera, su ex ministro y ahora delegado de Lenín Moreno ante el Comité de deuda y de endeudamiento, le confirma que, en efecto, el tema es muy grave. Le informa que están trabajando en opciones para anular esto con Finanzas. Y anuncia que van a molestar al Vice y a los demás a lo largo de esa semana.
Pamela Martínez, jueza de la Corte Constitucional, confirma que se puede presentar una acción de protección en contra de la resolución emitida por la Contraloría. Que se puede alegar presunta vulneración al debido proceso y/o a la motivación. Que se puede hacer ante un juez ordinario, decisión que puede ser apelada ante la Corte Superior y luego llegaría a la Corte Constitucional.
No obstante tiene un reparo: que la Contraloría ante la sentencia constitucional de vulneración, podría corregir la irregularidad y emitir una nueva decisión con similar impacto. Pero avanza otra salida: le recuerda que él (Correa) mencionó una ley que dispone el pago y que podría incurrir en inconstitucionalidad. Usar esa vía implicaría presentar una acción de inconstitucionalidad a esa ley directamente ante la Corte Constitucional. Lo puede hacer un ciudadano, un colectivo o directamente el IESS… No es la primera vez que el nombre de esta jueza aparece en la escena del correísmo y su respuesta la inicia con un buenos días Presidente y demás compañeros; lo cual muestra la independencia de la Justicia de Correa-Jalkh. El ex presidente respondió que él no está en capacidad de hacer nada y que deben hacerlo desde el IESS y el gobierno.
Pues no lo lograron. En cualquier caso hubiera sido un escándalo porque el hecho real, ineludible e innegable es que, como lo reveló 4Pelagatos, Espinosa y otras 17 personas borraron esos $2.528 millones de las deudas que el gobierno tiene con el IESS. No obstante, Espinosa dice ahora que “nunca se ha perjudicado en un dólar al IESS”. Por supuesto, que esa deuda fue restablecida pero luego de cometido el delito y tras el escándalo y el informe definitivo de la Contraloría. Hay evidencias, además, de que Espinosa –imitando a Correa– negó que esa deuda existiera. Y cuando salió el informe de Contraloría –como lo prueba el cruce de correos– se buscaron mecanismos jurídicos para obviar la decisión de la Contraloría.
La predeterminación de destitución y multa que ahora pesa sobre Espinosa y otras 17 personas es la consecuencia del uso del IESS como caja para el gobierno de Rafael Correa. Espinosa no solo borró esa deuda de la contabilidad del IESS. Socapó la decisión de la Asamblea y el Ejecutivo de suprimir el aporte fijo del 40% para pago de pensiones. Entonces negó que esa medida obedeciera a la necesidad fiscal del gobierno de Correa y dijo (como se lo dijo a Lenín Moreno recientemente) que el IESS gozaba de liquidez y tenía superávit.
Este capítulo de Espinosa con la Contraloría recién empieza. Es evidente que tiene responsabilidades en la venta del Hotel Quito por no haber informado al directorio sobre el cambio de precio y haberlo vendido casi 7 millones de dólares menos de la propuesta que nació en el propio IESS. Muchas otras decisiones tomó de la misma forma. Y cuando la Superintendencia de Bancos decida hacer su trabajo en el BIESS (es claro que no lo ha hecho), Espinosa tendrá nuevos motivos para lamentar haber violado la institucionalidad del IESS y del BIESS para convertir el dinero de los afiliados en la caja grande y en la caja chica del gobierno de Correa.
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