Ante la opinión pública, Marcela Aguiñaga vocifera la inocencia de varios corruptos pero lo hace siendo ella parte de la corrupción. La exministra y exvicepresidenta de la Asamblea Nacional impulsó un perjuicio al Estado de más de 6.6 millones de dólares en la compra de los terrenos en los que se asentaría el fallido proyecto de la Refinería del Pacífico.
En el año 2007, un ciudadano llamado Carlos González adquirió un terreno de 1.255 hectáreas ubicado en El Aromo, provincia de Manabí. Para realizar esta transacción, González debió cancelar 115,21 dólares por concepto de Impuesto Predial. En base a ese valor de impuesto, se puede calcular fácilmente que el valor del predio fue de 121.275 dólares. Justamente ése fue el terreno que dos años más tarde adquirió la empresa mixta Refinería del Pacífico para emplazar allí el proyecto de refinación hidrocarburífera, solo que para entonces el terreno ya no costaba 121 mil dólares, sino la escalofriante cifra de 6.737.500 dólares, es decir tuvo un sobreprecio mayor al 1000%.
Sin embargo, el proceso de adquisición del terreno por parte de la empresa Refinería del Pacífico debía cumplir algunos requisitos, entre ellos la realización de estudios de línea de base ambiental, cuya ejecución debía ser autorizada por el Ministerio de Ambiente. Al final, en el año 2009, esos estudios los realizó la compañía E&C Consultores Ecuador S.A. (SK E&C), empresa a la que se adjudicó esa tarea de manera directa y sin concurso público, y trabajo de estudios fue autorizado por la entonces ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga.
E&C Consultores Ecuador recomendó la compra del terreno del señor González, contradiciendo un estudio previo realizado por el Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional (INOCAR) que recomendaba no instalar el complejo petroquímico en ese sitio debido a que “la zona es altamente poblada, y la construcción de una refinería constituye una bomba de tiempo por el impacto ambiental que esta generaría en la población”.
Pese a las advertencias del INOCAR, la empresa Refinería del Pacífico acogió el estudio de E&C Consultores autorizado por la ministra Aguiñaga y el 24 de diciembre de 2009 celebró un acta de negociación del predio, pero no sobre los 121 mil dólares que costaba el terreno sino en base a un sorpresivo avalúo municipal del Concejo de Montecristi que ascendía a 13.475.000 dólares.
Para sostener el argumento de que se había obrado en favor de los intereses del Estado, la empresa “regateó” el precio de 13 millones y “logró” que este se redujera a 6.737.500 dólares, un monto equivalente a 55 veces el avalúo original por el que en abril de 2009 Carlos González adquirió el terreno.
Es decir, Aguiñaga autorizó, y con ello aseguró, que se comprara específicamente ese terreno que ya estaba “negociado”, aunque aquello pusiera en peligro la vida de las personas que viven a su alrededor, mientras el alcalde Montecristi inflaba el precio y Carlos Pólit, entonces contralor del Estado, disponía que los informes de la Contraloría omitieran señalar indicios de responsabilidad penal pese a que no existía justificación alguna que sustentara el por qué un terreno que en 2007 costaba 121 mil dólares haya alcanzado un costo de 13.4 millones en 2009.
En 2016, la Comisión Anticorrupción señaló a Marcela Aguiñaga y a otras personas como las responsables de este escandaloso desfalco. Incluso interpuso una denuncia contra ellos ante la Fiscalía, dirigida entonces por el tristemente célebre Galo Chiriboga. Para denunciar este presunto sobreprecio, la Comisión tuvo como sustento documentación oficial: informes de la Contraloría, certificados de avalúo, resoluciones, estudios, contratos, entre otros.
Cuando la denuncia llegó a Fiscalía, Galo Chiriboga se encargó de ponerla en la congeladora y pidió que se la archivara, al tiempo que Contraloría felicitaba esa acción así como la decisión posterior del juez de amenazar a los miembros de la Comisión Anticorrupción de haber lanzado un denuncia “maliciosa y temeraria” contra Aguiñaga y compañía.
Esa absolución, como vemos, tiene tanta legitimidad como la de las exautoridades que ahora están cuestionadas por su capacidad para delinquir: Pólit y Chiriboga. Mientras tanto, Aguiñaga y su combo deben estar disfrutando a sus anchas los más de 6 millones de dólares que le sangraron al Estado, es decir, a todos nosotros.
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