SÍ

Detrás quedaron las sombras de debilidad y fraude que envolvieron al naciente gobierno del
licenciado Moreno. El cambio de estilo, la institucionalización del diálogo nacional y la
progresiva distancia tomada con respecto a la década anterior inauguró una crisis de pugnas,
realineamientos y trances en el partido gobernante.
A la par el país atraviesa una profunda crisis política-institucional generada por un creciente
rechazo social a la burda cooptación correísta de los organismos estatales. Ellos han
encubierto una escandalosa y generalizada corrupción que involucra a cercanos colaboradores
del ex presidente y, más temprano que tarde, terminará mostrando la verdadera
responsabilidad de Rafael en la trama de sobreprecios, coimas, negociados, tráfico de
influencias, lavado de activos y otros delitos.
Pero la lucha anticorrupción aún merece solo tibias acciones desde la fiscalía y la justicia
subordinadas a la disputa del poder político del Estado burgués, que se tensará más a
propósito de la Consulta Popular.
La Consulta es una necesidad que tiene su génesis en las aspiraciones de las masas de
trabajadores, jóvenes y pueblos que se movilizaron desafiando al proyecto modernizador del
capitalismo y autoritario de Correa.
Además la Consulta rebasa la voluntad política del mismo licenciado Moreno, pues
originalmente nació en la exigencia de respeto a los derechos de la naturaleza, en el rechazo a
la expoliación de las transnacionales de los recursos naturales del Ecuador, en la necesidad de
protección a los niños y adolescentes, en la movilización para impedir la reelección indefinida y
las otras reformas constitucionales, en la lucha que trascendió con la consigna fuera Correa, en
el reclamo de sanciones para los corruptos y hasta en la misma campaña electoral.
De allí que el trámite de presentación de las preguntas hecha desde Carondelet a la Corte
Constitucional responde a esas demandas sociales. Y aunque no se recogen a plenitud las
aspiraciones de las masas populares, sobretodo las preguntas vinculadas a la explotación
minera y del Yasuní o aquella de las enmiendas constitucionales de diciembre del 2015 que
están incompletas, se requiere presionar el dictamen de constitucionalidad favorable para que
sean las masas quienes decidan las políticas públicas del Estado.
En manos de la llamada Corte cervecera 1 está ese dictamen, la experiencia previa demuestra
que en anteriores procesos de consulta este organismo compuesto por 9 jueces
constitucionales calificó preguntas, las modificó y hasta las inadmitió conforme a los intereses
del anterior gobierno.
¿Se puede confiar en instituciones así parcializadas?
La respuesta debe ser la vigilancia activa-movilizada de los ecuatorianos para que se acepten
las preguntas propuestas, para presionar al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a las
elecciones y se respete plenamente la voluntad del pueblo que deberá convertir este proceso

1 En el año 2010 un grupo de ex trabajadores de la Cervecería Nacional exigían USD. 90 millones a esta
empresa por el pago de utilidades. El caso llegó hasta la Corte Constitucional (CC), misma que adoptó una
resolución a favor de los empresarios y adversa a los trabajadores, pero de por medio habrían tráfico de
influencias, presiones y hasta coimas que involucran a funcionarios y jueces de la CC (Patricio Pazmiño), a
Alexis Mera y Richard Espinoza.

en un verdadero referéndum para sancionar a los corruptos y democratizar la elección de las
autoridades de los órganos del Estado.
De ganar el sí en la Consulta Popular se emprendería una reforma política parcial que, aunque
no rebase los límites de la institucionalidad capitalista, pondrá los clavos finales al ataúd del
correísmo, pues los ejes cartesianos de la consulta son la eliminación de la reelección
indefinida de los cargos de elección popular (que jubilará a Correa y a varios caudillos políticos
en sus afanes de eternizarse en el poder) y la reestructuración del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social que debe constituirse en un laxante para purgar a las autoridades
de las instituciones del Estado que fueron designados sin más mérito que el ser sumisos y
hasta cómplices del jerarca de turno.
Los otrora déspotas omnipotentes que presagiaban la continuidad perpetua de una falsa
revolución, aquellos que incluso cometieron fraude para autodefinirse como proyecto político
invencible hoy llaman regresión de derechos a que el pueblo decida en las urnas, ahora
cínicamente reclaman autonomía para los órganos del Estado. Eso sucede mientras muchos de
sus ex compañeritos abandonan al raquítico líder autoexiliado en Bélgica y se camuflan o
reciclan en las filas del nuevo gobernante, al fin y al cabo él tiene el poder.
Los afines a Moreno y hasta la derecha tradicional tratarán de capitalizar lo que desacumule el
correísmo en miras de sacar ventajas en ese tradicional y odioso juego de reparto del pastel
reinstitucionalizado, por ello corresponde la iniciativa de unir a las organizaciones sociales,
sindicales e indígenas junto a los partidos políticos del centro a la izquierda para triunfar en la
Consulta y avanzar en la exigencia al actual gobierno en el cumplimiento de sus ofrecimientos
electorales.
Es evidente que la correlación de fuerzas de las elecciones del 2017 no es la misma que la
actual y será distinta luego de la Consulta Popular.
Así sobran razones para votar sí.

Lcdo. Francisco Escandón Guevara