El último bastión del correísmo
[Alberto Ordoñez Ortiz]
La medición de las distintas fuerzas políticas que pugnan por imponer su hegemonía, sumada a sus divergencias, arrojan un solo resultado: que el último bastión del correísmo es la bancada legislativa que mantiene en la Asamblea. Se asegura que está dividida. Pero si nos remitimos a los hechos, nos encontramos con que en las distintas votaciones el bloque se ha mantenido férreamente unido. Si a su Comisión de Fiscalización nos referimos, ha impedido contra viento y marea que Glas y Halk sean llamados a juicio político. El pedido de que el Vicepresidente de un paso al costado, cuando se sabía que su prisión preventiva era inevitable, es una grosera medida adoptada para salvar los muebles, expresión esta última que en casos semejantes suele emplear nuestro sabio pueblo cuando no queda otra cosa que salvar.
Parecería que su consigna es dejar que la justicia ordinaria sea la que se encargue de juzgar no sólo a los dos mencionados funcionarios sino a todos los demás implicados en los purulentos actos del correato que, al momento, producen pestilencia insoportable. La consigna en cuestión tendría un triple objetivo: 1) Lavarse las manos, a la manera de Pilatos; 2) Demorar su juzgamiento al máximo posible, porque saben que el trámite de esos juicios es usualmente lento, en tanto que los resultados de los juicios políticos son inmediatos, por lo que los habrían evitado; y, 3) Pasar la papa caliente a la Función Judicial. Sin embargo, existen elementos que podrían generar una situación erizada de peligros. Veámoslos: A la Asamblea le corresponde por mandato constitucional: Fiscalizar a cualquier “órgano del poder público” (Numeral 9 del Art. 20 de la Constitución). Entonces el incumplimiento de ese mandato podría convertirlos en coautores o, encubridores, como con mayor propiedad se les designaba en la legislación penal anterior. La negativa a iniciar y tramitar los correspondientes juicios políticos pese a que con esa insólita decisión se quebrantaría el mandato constitucional antes invocado, podría derivar en prevaricato, delito que se comete cuando se viola -como habría ocurrido- una norma del ordenamiento legal.
Se dirá -como ya se ha dicho- que las solicitudes de juicio político no reunían los requisitos legales, no obstante que los cumplían con exacerbado rigor. Todo parece indicar que no se ha reflexionado suficientemente sobre las profundas connotaciones que se presentarían si la oposición alcanzaría la mayoría legislativa. El castillo de naipes del bloque de AP no soportaría un soplo y los autores de esa ominosa arbitrariedad podrían terminar en la silla de los juicios políticos: “el que la hace la paga”, especialmente aquellos que contracorriente pretenden mantener unida a una bancada en beneficio de un trasnochado correísmo. En ese orden de cosas, la disyuntiva -motivo de serios roces- sería, Moreno o Correa. Sin olvidar a quienes cínicamente están un día con el uno, y al siguiente, con el otro.
A la fecha, los desencuentros de esa bancada habrían tocado fondo, por lo que el último bastión del correísmo, estaría por ser demolido desde su interior. (O)
Parecería que su consigna es dejar que la justicia ordinaria sea la que se encargue de juzgar no sólo a los dos mencionados funcionarios sino a todos los demás implicados en los purulentos actos del correato que, al momento, producen pestilencia insoportable. La consigna en cuestión tendría un triple objetivo: 1) Lavarse las manos, a la manera de Pilatos; 2) Demorar su juzgamiento al máximo posible, porque saben que el trámite de esos juicios es usualmente lento, en tanto que los resultados de los juicios políticos son inmediatos, por lo que los habrían evitado; y, 3) Pasar la papa caliente a la Función Judicial. Sin embargo, existen elementos que podrían generar una situación erizada de peligros. Veámoslos: A la Asamblea le corresponde por mandato constitucional: Fiscalizar a cualquier “órgano del poder público” (Numeral 9 del Art. 20 de la Constitución). Entonces el incumplimiento de ese mandato podría convertirlos en coautores o, encubridores, como con mayor propiedad se les designaba en la legislación penal anterior. La negativa a iniciar y tramitar los correspondientes juicios políticos pese a que con esa insólita decisión se quebrantaría el mandato constitucional antes invocado, podría derivar en prevaricato, delito que se comete cuando se viola -como habría ocurrido- una norma del ordenamiento legal.
Se dirá -como ya se ha dicho- que las solicitudes de juicio político no reunían los requisitos legales, no obstante que los cumplían con exacerbado rigor. Todo parece indicar que no se ha reflexionado suficientemente sobre las profundas connotaciones que se presentarían si la oposición alcanzaría la mayoría legislativa. El castillo de naipes del bloque de AP no soportaría un soplo y los autores de esa ominosa arbitrariedad podrían terminar en la silla de los juicios políticos: “el que la hace la paga”, especialmente aquellos que contracorriente pretenden mantener unida a una bancada en beneficio de un trasnochado correísmo. En ese orden de cosas, la disyuntiva -motivo de serios roces- sería, Moreno o Correa. Sin olvidar a quienes cínicamente están un día con el uno, y al siguiente, con el otro.
A la fecha, los desencuentros de esa bancada habrían tocado fondo, por lo que el último bastión del correísmo, estaría por ser demolido desde su interior. (O)
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