Fundamedios y Colegio de Abogados esperan que la Fiscalía actúe en proceso contra Ochoa

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Mauricio Alarcón. Foto: Rayuela Radio

Ramiro García, presidente del Colegio de abogados de Pichincha, y Mauricio Alarcón, director ejecutivo (e) de Fundamedios, recibieron con agrado la decisión del conjuez nacional Marco Maldonado, quien dispuso que continúen las investigaciones contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. El funcionario enfrenta una denuncia penal por presunta falsificación y uso de documento falso. La resolución del conjuez se conoció el pasado 26 de julio.

“Incluso en la resolución del conjuez Maldonado hay perlas que desnudan la responsabilidad del Superintendente en el cambio deliberado de la Ley de Comunicación con el objetivo de sancionar medios de comunicación”, dijo Alarcón en Rayuela Radio. En su resolución el conjuez afirmó que “no existe fundamento alguno para aceptar el pedido de archivo presentado en la presente causa por Galo Chiriboga, exfiscal del Estado, por lo que corresponde negarlo”. También manifestó que Chiriboga pidió el archivo de la causa el 21 de julio de 2017, cuando ya no ejercía funciones en la Fiscalía.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.

La denuncia fue presentada por Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha en agosto de 2016. Argumentaron que la Supercom alteró la Ley de Comunicación en 300.000 textos de bolsillo, donde se corrigió el segundo inciso de la transitoria sexta de la normativa. Con este cambio, dijo García, se habría sancionado a once medios de comunicación radiales.

Para García esta decisión fue sorpresiva “porque la justicia ha ido en camino de la impunidad de los allegados al poder”. Consideró que este caso “es grotescamente evidente”.

Ambos abogados confían en que Fiscalía actúe de manera adecuada y apegada a la ley porque aseguran que hay una alteración de un texto normativo. “En una entrevista a El Universo reconoció ser el responsable de ese cambio”, recordó Alarcón.

“La norma (cambiada) se ha aplicado en 11 procesos incluso existe un daño pecuniario (a los medios) por la aplicación de una norma falsa”, recalcó Alarcón.