Poscorreísmo 4. ¿Cómo salir de la anomia institucional?

Publicado en Agosto 23, 2017  en La Info  por José Hernández

Es obvio que en la lista de las preocupaciones de los ciudadanos aparezcan el costo de vida, el desempleo, la inseguridad… Pero que estén tan lejos de su interés los valores democráticos debiera ser, a su vez, motivo de preocupación. No lo es. Las mal llamadas élites endosan ese problema a la falta de lucidez de la masa de electores. Y para su consuelo pueden agregar que esa fractura, entre el país real y sus supuestos valores, es ampliamente anterior al correísmo. 

No obsta. El país real acaba de salir de una experiencia que, durante diez años, desconoció el abc de los acuerdos que están consignados, supuestamente, en la carta de convivencia. Y ahora, cuando Lenín Moreno, emplea otro estilo y otro lenguaje, cuando propone diálogos en vez de imposiciones, su nivel de popularidad se dispara.

¿Qué está percibiendo la sociedad? ¿Que lo que se juega entre Moreno y Correa es un enfrentamiento de modelo político? ¿O solo percibe formas, el estilo personal del mandatario y no la naturaleza profunda del régimen político y sus instituciones?

El hecho cierto es que el país real poco o nada tiene que ver con la institucionalidad; incluso con la construida por el correísmo. Hay que oír al arquitecto mayor, a Alberto Acosta, hablar de la Constitución de Montecristi como una de las más progresistas del mundo. Un compendio de derechos de las minorías. Un cuerpo de derechos y libertades que estaba destinado, dijo él, a servir de antídoto a cualquier intento caudillista o autoritario. Pues el país supuestamente allí condensado fue el mismo que votó una docena de veces por el caudillo que, a la postre, arremetió contra la misma Constitución y se convirtió en representante del Estado que, a su vez, representa –en su concepción– la sociedad. Es decir, él es la sociedad y el Estado. Él es la institucionalidad.

Diez años de autoritarismo, deja un país con instituciones totalmente forjadas para servir al partido del caudillo. Y eso dispara, otra vez, las afirmaciones y preguntas de siempre: hay necesidad de rehacer esas instituciones. Pero, ¿a partir de qué acuerdos si los ciudadanos no comparten, al parecer, los valores que deben unirlos y las nociones mínimas sobre esos valores?

Lo que ocurrió es innegable. El gobierno de Correa siguió siendo popular a pesar de atentados evidentes contra los luchadores sociales, indígenas, periodistas o ciudadanos en general. El electorado no vio contradicción alguna, por ejemplo, en autorizar al Ejecutivo a meter la mano en la Justicia (lo cual implicaba ponerla a su servicio). Nada dijo sobre la concentración de poder, una Asamblea sumisa, unos organismos de control inexistentes. No se inmutó al ver al Presidente dar órdenes a fiscales, jueces, superintendentes… O camuflar las verdaderas cuentas de la economía. Todo esto tiene que ver con la democracia, con sus mecanismos, sus valores, sus roles, sus sistemas de peso y contrapeso, la idea misma del interés público… En teoría, esto no debió ocurrir en un régimen democrático. Y si ocurrió deja un rosario de problemas.

El correísmo demostró, en forma palmaria, que el relativismo de valores nada tiene que ver con el número de leyes. Durante 10 años, Correa y sus asambleístas se convirtieron en fábrica de leyes, reglamentos, decretos… que ancoraron su poder; no la convivencia social. Arsenal jurídico que el mismo poder se encargó de contornear o de violar. La estabilidad no se sustentó en la ley y en acuerdos compartidos por los ciudadanos: se amparó en el miedo. Y la institucionalidad supuestamente creada por el correísmo siempre fue una ficción con alientos de realidad dados por el aparato de propaganda.

En el fondo, Ecuador sigue sufriendo de anomia institucional. Los diez años de correísmo agravan ese escollo. Le dejan un mamotreto de institucionalidad supuesta que le será largo y difícil de desmontar. Es decir, ese corsé constitucional hará mucho más difícil la tarea que tienen los ciudadanos en el país y que pasa, sin agotarse, por resolver cómo quieren cohabitar, bajo qué acuerdos y con qué valores.