La justicia fue una operación política al servicio de Rafael Correa
Cada día aparecen más y nuevas evidencias de la forma en que Rafael Correa manejó la justicia en el país y cómo hizo de ella una herramienta política.
Ahora se trata de un paquete de supuestos correos filtrados que, si se llega a probar su autenticidad, sería la prueba más contundente que se tenga hasta ahora sobre cómo operaba el sistema creado por Correa para manejar a los jueces que, además, fueron seleccionados con criterio político como se ve en los mismos correos.
Los documentos filtrados y que fueron hechos públicos en el sitio web de la periodista venezolana Patricia Poleo confirman las denuncias que se han hecho sobre el caso, como por ejemplo el informe del experto internacional, el peruano Luis Pásara, quien en un informe rechazado por Correa dijo que en el Ecuador no había independencia de la justicia. La información filtrada, además, constituyen un espaldarazo a la denuncia hecha hace poco por un grupo de jueces que sostienen que el gobierno Correa utilizó al Consejo de la Judicatura, presidida por Gustavo Jalkh, para infundir miedo entre los jueces y conseguir fallos hecho a la medida o para castigar a quienes no se ajustaban al deseo del Presidente y su entorno.
De la lectura de los correos se desprende que, al menos desde los años 2011 y 2012, ya se había instalado una operación bajo las directrices del Presidente para presionar a la justicia. En esa operación participaban su secretario jurídico, Alexis Mera; su entonces ministra de Justicia, Johana Pesántez; el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y, otros funcionarios como Carmen Simone ministra encargada de Justicia, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea; Diego Guarderas, subsecretario de Justicia, e, incluso Xavier Cazar, un abogado casado con Johana Pesántez que se ve era un importante operador.
De la lectura del paquete de supuestos correos se desprende, además, que las presiones no solo se dirigían a casos públicos como en el tema de los estudiantes del Colegio Central Técnico o en los que se llevaba en contra de activistas como Cléver Jimenez o Pepe Acacho, sino a temas relacionados con delitos comunes. Hay un correo, por ejemplo, que muestra cómo Alexis Mera ejercía su poder para convencer a los jueces para que el dominio sobre los bienes incautados durante un operativo en contra de un cartel de narcotráficantes sean transferidos a Inmobiliar y no se queden en manos del Consep.
Los correos evidencian el trato cercano, muy poco institucional y muchas veces imperativo que se usaba en las comunicaciones entre Correa y sus subordinados. Hay un correo, por ejemplo, en el que se ve cuán subordinado se mostraba Jalkh cuando se comunicaba con el Presidente informándole sobre decisiones que tomaba. “Te cuento que esta semana suspendía a dos juezas de Manabí que mediante aciones de protección improcedentes perjudicaban al Estado por 3 millones de dólares y seguramente serán destituidas al terminar el proceso, como lo será esta semana la jueza que suspendió por el hábeas corpus a Noboa y que del proceso se desprende que debe ser destituida”, le decía Jalkh. En efecto, el lunes 1 de abril en el portal de Ecuavisase informaba del anuncio hecho por Jalkh de que se había destituido a la jueza Ivonne Hernández por haber concedido la protección al empresario y político Álvaro Noboa, sobre quien pesaba un impedimento para salir del país. “Buen día Presidente y estamos en contacto. La próxima me uno en el aeromodelismo”, cierra su misiva Jalkh.
El 11 de septiembre Correa, quien escribía desde la dirección noticias1@presidencia.gob.ec, se mostraba preocupado por una noticia publicada en El Comercio que hablaba sobre la demanda que el entonces legislador Cléver Jimenez le había puesto a la jueza Lucy Blacio por haber dado paso a la demanda de Correa en contra del legislador sin haber tenido la autorización de la Asamblea. En efecto, en la nota de El Comercio aparecía la versión de Jiménez diciendo que “la irresponsabilidad con la que actúa la Jueza contraviene la Constitución”. Solícita, Pesantez le informaba así a Correa en uno de los documentos filtrados: “Presidente: no tiene ninguna posibilidad, considerando que la inmunidad legislativa es en ejercicio de sus funciones como legislador, y las tonterías, por decirlo menos, que dijo, no son parte de esas protección, y la jueza actuó por la declaratoria de malicia y temeridad de la denuncia sin sustento que presento el asambleísta. Estamos monitoreando el tema. Saludos, Johana”.
También se observa en el material filtrado la preocupación y seguimiento que Correa hacía de algunos temas en particular. Uno de esos caso fue el de los estudiantes del colegio Central Técnico que fueron sentenciados a 21 días de cárcel por participar en unas protestas. El 22 de junio Correa envía un mensaje a Alexis Mera en el que le dice “si esto es verdad sería terrible” y que iba con la cita de una nota de diario El Universo en la que se informaba sobre la oposición que el entonces Defensor Público, Ernesto Pazmiño, mostraba a la decisión de la justicia sobre los estudiantes del Central Técnico. “Presidente: es verdad y es terrible. Hablé con el interfecto y le dije que se calle”, le respondía Mera el 25 de junio tranquilizándolo.
En otro correo incluido en la filtración se ve asimismo cómo Correa presionaba para que, por ejemplo, Patricio Pazmiño, entonces Presidente de la Corte Constitucional tome decisiones de su gusto en un tema relacionado con la justicia indígena. “Que no pase lo de siempre, que te desentiendes de esto. Esta es tu responsabilidad”, le decía visiblemente molesto Correa a Mera quien le responde: “PP (las siglas de Patricio Pazmiño) no quiere quedar mal con el entorno internacional”.
Uno de los casos de mayor presión de Correa se observa en un mensaje relacionado con el caso de Mary Zamora, la dirigente estudiantil condenada por su supuesta vinculación con la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010. “¿Cómo puede pasar que jueces tengan otra audiencia?”, preguntaba el domingo 24 de marzo del 2013 al filo de la medianoche a Johana Pesantez con copia a Gustavo Jalkh. “Esto no es lo que dice Gustavo Jalkh. Por favor habla con él”, le decía a Pesántez quien le contesta que “estamos coordinando para que se fije en el menor tiempo posible nuevamente”.
Los documentos a los que tuvo acceso Patricia Poleo también ponen en evidencia otro tema del cual mucho se ha hablado: la selección de los jueces en función de su alineamiento con el Gobierno y sus intereses. En uno de los documentos filtrados se ve cómo la abogada Carmen Simone, entonces subsecretaria de Justicia, envió en un cuadro sus recomendaciones sobre los candidatos a ser jueces. A los cuadros con los nombres que creía que eran peligrosos para los intereses políticos de Alianza País los pintaba de rojo y, en cambio, a los que pensaba que eran de confianza e instrumentales en verde.
En ese documento enviado a Teresa Coba, funcionaria del Ministerio de Justicia, por ejemplo, recomendaba en verde a Carmen Salgado, madre del entonces ministro del Interior y actual presidente de la Asamblea para el cargo de esta forma: “se dedicó al libre ejercicio profesional desde 1988 hasta la actualidad. Cercana a PAIS. Azuay”.
Cuando se trataba de María Ximena Vintimilla, a quien también recomendaba para el cargo, ponía en el cuadro en verde lo siguiente: “Afin, en la actualidad es Directora de Desarrollo Insitucional y Talento Humano en el Municipio de Cuenca: trabajó con Lorena Escudero en la Secretaria Nacional del Migrante, asesora de Rosana Alvarado en la Asamblea Constituyente; fue directora del Centro de Mediación de la Corte Superior de Justicia de Cuenca teniendo como jefe a Gustavo Jalkh…”. Resulta que tiempo más tarde Vintimilla fue quien sentenció a Galo Lara a 10 años de prisión.
De una postulante indígena Simone dice “esta candidata podría formar parte de acuerdos con Ecuarunari” y la recomienda como conveniente.
Cuando se trataba de nombres cuestionados, Simone por lo general destacaba su filiación política crítica al Gobierno. De uno de los candidatos decía, por ejemplo, lo siguiente: “Oposición, Abogado de derecha con manifestaciones publicas en contra del régimen, hijo de notario de larga data en Quito” o de otro anotaba que era “abogado Social Cristiano del Guayas, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de! año 1987, en gobierno de León Febres Cordero. Oposición, Posiciones públicamente contrarías al Gobierno”.
La aparición de este paquete de correos filtrados pone un signo de interrogación adicional sobre la idoneidad del sistema de justicia ecuatoriano por su falta de independencia pero también sobre la legitimidad que va a tener para tratar los temas de corrupción que se ventilan actualmente. Pero también abona en la tesis de quienes han sostenido que tras el gobierno de Correa había un inmenso operativo de corrupción y de impunidad. Sin una justicia controlada, eso es imposible.
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