domingo, 27 de agosto de 2017

La ley del silencio



Publicado el 2017/08/26 por AGN
[Alberto Ordóñez Ortiz]
La putrefacción en el manejo de los fondos estatales ha salido a flote. Y no es que todos los caminos conduzcan a Glas, como se dice, sino a su ex-jefe Correa. La responsabilidad solidaria es una figura jurídica que consta en la Ley Orgánica Financiera y de Control -Ley de funcionamiento de la Contraloría-. Esa figura jurídica establece que en toda responsabilidad civil administrativa o penal el responsable solidario es el máximo funcionario, por la sencilla razón de que es quien debe controlar y vigilar con severidad sin concesiones que todos los actos de sus subalternos sean inmaculados, ni se diga en el caso de quien ejerce la más elevada magistratura de la República y la alta responsabilidad de representarlo. Lo contrario significa o puede significar irresponsabilidad manifiesta o quizá el tenebroso propósito de ocultar asuntos que comportan intereses inconfesables.
Nadie que yo sepa -aunque todos lo habrán pensado- se ha atrevido a decir lo que estoy diciendo, pero alguien tenía que hacerlo. Aquí no importa el riesgo que eventualmente represente, aquí importa que todos elevemos tan alto la voz como podamos. Y hacerlo, significa, hacerlo por nuestro país. Y porque no podemos mantenernos indiferentes ante el ilimitado desenfreno de quienes saquearon al Estado. Entonces, no podemos convertirnos por vía de nuestro silencio, en encubridores de toma y daca. Hay que mantener de pie el incondicional respeto por los deberes cívicos que nos inculcaron nuestros mayores, no solo con la austeridad en la enseñanza, sino con lo que tiene de sagrado el más alto apostolado: el del ejemplo. Que la década pérdida, a más del faraónico latrocinio perpetrado, ni de lejos se atreva a despojarnos de nuestros valores tutelares. Es hora de que recuperemos la memoria y recordemos la desfachatez del ex-presidente Correa cuando dijo que el millón de dólares con que había sido coimado su Ministro Mosquera, era una simple propina.
Por todo lo dicho y más, en un artículo de reciente data, me permití sugerir al señor Presidente que era imperativo desmontar las mafiosas redes que protegían el sistema de corrupción establecido a lo largo y ancho del Sector Público. Que cualquier demora podía resultar contraproducente no solo para el país, sino para su imagen hoy, en la cima de su aceptación. De allí que insisto en mi pedido y lo hago bajo el convencimiento de que no caerá en el vacío, pues que las acciones que ha emprendido van precisamente en contra de todas aquellas que constituyen un insulto a la razón y a la ética.
Sin embargo, en el caso “Capaya” es urgente que la investigación se profundice sin dilaciones, atenta la circunstancia de que hay un enorme riesgo: la probabilidad -incierta, pero posible- de que por ser conocedor de todos los entretelones del caso Odebrecht se intente [[silenciarlo]], para de esa forma evitar que el nombre del mayor de los peces sea el único honoris causa que le calce a la medida, amén de las monumentales sanciones punitivas que están en juego. Ni se diga si la “omerta” o ley del silencio, es la que emplean mafias como las instauradas en el país durante el correato. (O)

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