La sombra del juicio
Unos detrás de otros, amenazaron con voces quebrantadas sin poder explicar a la opinión pública cómo la reforma constitucional de diciembre pasado consiguió tener efectos retroactivos y derogar la función de auditoria a la gestión de las entidades públicas, incluyendo al extinto gobierno del presidente Rafael Correa como a la Asamblea y asambleístas de la época, algunos todavía en funciones.
21 de agosto del 2017
POR: Gabriel Hidalgo Andrade
Politólogo y abogado. Docente universitario.
Con un nuevo Consejo de Partici-pación se podría nombrar por con-curso a un contralor indepen-diente que quiera fiscalizar lo que la Asamblea Nacional se ha esme-rado en tapar durante la última década".
Lo que queda del correismo anunció que enjuiciará políticamente al contralor subrogante. En lugar de permitir que Jorge Glas aclare las acusaciones que pesan sobre él, el bloque de Alianza PAIS intenta detener el trabajo de la Contraloría.
Lo anunciaron en una rueda de prensa. Unos detrás de otros, amenazaron con voces quebrantadas sin poder explicar a la opinión pública cómo la reforma constitucional de diciembre pasado consiguió tener efectos retroactivos y derogar la función de auditoria a la gestión de las entidades públicas, incluyendo al extinto gobierno del presidente Rafael Correa como a la Asamblea y asambleístas de la época, algunos todavía en funciones.
Con el tiempo, los asambleístas sin deudas abandonaran las directrices de Bélgica y huirán de los más iracundos del grupo. Entonces se podría formar una nueva coalición de gobierno en la Asamblea Nacional que deberá juzgar y destituir a los miembros de los organismos de control que se rehusaron a cumplir con sus funciones.
El primero en el repertorio debería ser el Consejo de Participación Ciudadana que ostenta el record de incumplir con absolutamente todo. Creado para despolitizar la acción ciudadana, designar a los titulares de los organismos de control estatal y para posibilitar el control social de corrupción, este organismo violó precisamente estas mismas tres funciones.
Politizaron el concepto de participación ciudadana porque todos sus actuales miembros suscriben al partido Alianza PAIS y han participado públicamente en actos de adhesión. Aunque no constará formalmente su afiliación, esto los inhabilita del ejercicio de sus funciones según el Código de la Democracia (art. 340).
El Consejo fracasó en su intento de nombrar autoridades probas en los organismos de control porque dos de ellos han sido seriamente cuestionados. Carlos Pólit fue elegido y reelegido por este Consejo que ahora busca evadir responsabilidades en el nombramiento de un Contralor traído de la época del gutierrato y comprometido con la petrolera Odebrecht. Lo mismo sucede con Galo Chiriboga, ex fiscal de la nación, mencionado en el mismo caso, ahora observado por la Fiscalía.
También fracasó en el control de la corrupción. El Consejo de Participación nunca oyó las denuncias que en esta materia fueron presentadas por la sociedad civil, por la prensa, por los líderes sociales y por los actores políticos. Ahora estas mismas denuncias son ratificadas por la justicia de otros países. Este es “el costo de defender la revolución” dirán, parafraseando al presidente José Serrano; y “si había denuncias de corrupción en contra de Carlos Pólit, debieron presentarse en la etapa de impugnación del concurso”, dirán como Raquel Gonzales, presidenta de este mismo organismo, creado para destruir el concepto republicano de ciudadanía. Ni el centenar de veedores, todos afines al correismo, ayudaron a encontrar las manchas en la hoja de vida profesional de Pólit que hoy se conocen gracias a la prensa.
A los consejeros de participación les espera el juicio político y su destitución, como lo establece la ley del órgano (art. 46.4). Habrá que ver si sus suplentes están dispuestos a arriesgarse a cometer los mismos errores.
Con un nuevo Consejo de Participación se podría nombrar por concurso a un contralor independiente que quiera fiscalizar lo que la Asamblea Nacional se ha esmerado en tapar durante la última década. De esto serán corresponsables los asambleístas que abogan por Odebrecht y por la corrupción institucionalizada.
Sin embargo, si la mayoría correista insiste en obstruir injustificadamente el Plan Nacional “Toda una Vida”, concretamente en su eje de lucha contra la corrupción, entonces el presidente Moreno podrá disolver anticipadamente la Asamblea Nacional, pero ese ya es otro asunto.
La sombra del juicio y la destitución se pasea por los corrillos legislativos. Pero en este momento, el contralor subrogante y el titular de la Asamblea ya estarán alcanzando algún acuerdo extraoficial para salvarse mutuamente. Todo es posible en este clima de desinstitucionalización heredado por la década ganada del correismo.
@ghidalgoandrade
Lo anunciaron en una rueda de prensa. Unos detrás de otros, amenazaron con voces quebrantadas sin poder explicar a la opinión pública cómo la reforma constitucional de diciembre pasado consiguió tener efectos retroactivos y derogar la función de auditoria a la gestión de las entidades públicas, incluyendo al extinto gobierno del presidente Rafael Correa como a la Asamblea y asambleístas de la época, algunos todavía en funciones.
Con el tiempo, los asambleístas sin deudas abandonaran las directrices de Bélgica y huirán de los más iracundos del grupo. Entonces se podría formar una nueva coalición de gobierno en la Asamblea Nacional que deberá juzgar y destituir a los miembros de los organismos de control que se rehusaron a cumplir con sus funciones.
El primero en el repertorio debería ser el Consejo de Participación Ciudadana que ostenta el record de incumplir con absolutamente todo. Creado para despolitizar la acción ciudadana, designar a los titulares de los organismos de control estatal y para posibilitar el control social de corrupción, este organismo violó precisamente estas mismas tres funciones.
Politizaron el concepto de participación ciudadana porque todos sus actuales miembros suscriben al partido Alianza PAIS y han participado públicamente en actos de adhesión. Aunque no constará formalmente su afiliación, esto los inhabilita del ejercicio de sus funciones según el Código de la Democracia (art. 340).
El Consejo fracasó en su intento de nombrar autoridades probas en los organismos de control porque dos de ellos han sido seriamente cuestionados. Carlos Pólit fue elegido y reelegido por este Consejo que ahora busca evadir responsabilidades en el nombramiento de un Contralor traído de la época del gutierrato y comprometido con la petrolera Odebrecht. Lo mismo sucede con Galo Chiriboga, ex fiscal de la nación, mencionado en el mismo caso, ahora observado por la Fiscalía.
También fracasó en el control de la corrupción. El Consejo de Participación nunca oyó las denuncias que en esta materia fueron presentadas por la sociedad civil, por la prensa, por los líderes sociales y por los actores políticos. Ahora estas mismas denuncias son ratificadas por la justicia de otros países. Este es “el costo de defender la revolución” dirán, parafraseando al presidente José Serrano; y “si había denuncias de corrupción en contra de Carlos Pólit, debieron presentarse en la etapa de impugnación del concurso”, dirán como Raquel Gonzales, presidenta de este mismo organismo, creado para destruir el concepto republicano de ciudadanía. Ni el centenar de veedores, todos afines al correismo, ayudaron a encontrar las manchas en la hoja de vida profesional de Pólit que hoy se conocen gracias a la prensa.
A los consejeros de participación les espera el juicio político y su destitución, como lo establece la ley del órgano (art. 46.4). Habrá que ver si sus suplentes están dispuestos a arriesgarse a cometer los mismos errores.
Con un nuevo Consejo de Participación se podría nombrar por concurso a un contralor independiente que quiera fiscalizar lo que la Asamblea Nacional se ha esmerado en tapar durante la última década. De esto serán corresponsables los asambleístas que abogan por Odebrecht y por la corrupción institucionalizada.
Sin embargo, si la mayoría correista insiste en obstruir injustificadamente el Plan Nacional “Toda una Vida”, concretamente en su eje de lucha contra la corrupción, entonces el presidente Moreno podrá disolver anticipadamente la Asamblea Nacional, pero ese ya es otro asunto.
La sombra del juicio y la destitución se pasea por los corrillos legislativos. Pero en este momento, el contralor subrogante y el titular de la Asamblea ya estarán alcanzando algún acuerdo extraoficial para salvarse mutuamente. Todo es posible en este clima de desinstitucionalización heredado por la década ganada del correismo.
@ghidalgoandrade
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