Los guardianes de la impunidad

por María Sol Borja • AGOSTO 23, 2017 •
Las revelaciones de coimas, tráfico de influencia y contrataciones que no cumplían las exigencias legales tienen al Ecuador entre el shock y la indignación. Para que la corrupción haya llegado a los niveles denunciados era indispensable que los organismos que debían evitarla y combatirla miraran hacia otro lado. Fue exactamente lo que pasó.

El vicepresidente del Ecuador Jorge Glas será vinculado al juicio por asociación ilícita, uno de los delitos que se investiga en el caso Odebrecht. Lo anunció el lunes 21 de agosto de 2017 el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno. Es la primera vez en más de cuarenta años que un funcionario de ese rango podría ser sentenciado por un hecho de corrupción. El caso (por el cual un cercano tío de Glas está detenido) estaba en manos de la fiscal Diana Salazar, pero por el fuero de corte del Vicepresidente ahora debe ser retomado por la máxima autoridad de la Fiscalía, Baca Mancheno. Salazar dice en el documento con el que traslada el caso al Fiscal General, que “el ingeniero Jorge Glas en su calidad de Ministro y Vicepresidente ejerció directa influencia en el ámbito de las funciones encomendadas facilitando así la consumación del ilícito investigado”. Eso, desenredado el enredado lenguaje jurídico, significa que halló indicios de responsabilidad del vicepresidente en el caso de asociación ilícita. El caso Odebrecht tiene en jaque al Movimiento País, que gobierna al Ecuador hace más de una década: cada vez son más miembros de su gobierno los que son cuestionados por corrupción.

Pero lo que sucede en el Ecuador va más allá de un vicepresidente que podría ser procesado penalmente. Se trata de una forma institucionalizada de la corrupción que trasciende al Ejecutivo. Las investigaciones de las ilegalidades incluyen también a dos de los que —se suponían eran— principales encargados de combatir la corrupción en el Ecuador: el excontralor y el exfiscal.

Uno de los primeros en caer por Odebrecht fue el hombre que tenía que supervisar que nada de esto sucediera. En unos audios divulgados por la prensa, el delator José Santos conversa con Carlos Pólit, excontralor del Ecuador entre 2005 y 2017 (fue la Asamblea presidida por Gabriela Rivadeneira, que en marzo de 2017 posesionó al contralor para un nuevo período). Cuando la Policía allanó su casa, Pólit estaba en Miami por un supuesto permiso médico. Desde allá renunció mediante una escueta carta a la Asamblea Nacional, y desde allá insiste en que es inocente. Pero el fiscal Baca Mancheno no está tan de acuerdo con él. Según él, Pólit recibió más de diez millones de dólares para “desvanecer sistemáticamente” glosas (órdenes de reintegro) en contra de la compañía brasileña.

La Contraloría parece haber estado convenientemente aislada de lo que ocurría en el país durante los diez años en que Odebrecht fue un contratista recurrente para las megaobras del gobierno de Rafael Correa. En diez años, fueron 15 proyectos estatales por un monto de más de 4 mil millones de dólares y 144 millones más en glosas y multas por parte de la Contraloría, según lo reporta diario El Comercio. Pero según las conversaciones entre Santos y el excontralor Pólit, reveladas por O Globo, la Contraloría se habría asegurado de guardarse los informes perjudiciales para Odebrecht a cambio de coimas. Así se explicaría el silencio y la poca celeridad para investigar a una empresa que ya fue expulsada del país en 2008 pero que regresó apenas tres meses después con más contratos. En Ecuador, durante diez años, el vigilante máximo de las cuentas y bienes del país miraba para otro lado.

Sin Pólit dirigiendo la Contraloría, empiezan a salir informes de responsabilidad en contra de otros funcionarios de alto nivel. Según anunció la institución, el campo petrolero Singue presenta irregularidades en los procesos de adjudicación, que involucran al exministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, a Carlos Pareja Yannuzzelli y al Vicepresidente Jorge Glas. La Fiscalía ya inició la indagación previa por ese caso, y Glas ya rindió su versión el 9 de agosto de 2017.

El otro guardián de la institucionalidad ecuatoriana es el Fiscal General. El hombre que persigue los delitos más importantes del país fue, durante seis años, Galo Chiriboga. El mismo día que Carlos Pareja Yannuzzelli —exministro de Hidrocarburos de Correa y hoy preso por corrupción en Petroecuador— entraba a la Fiscalía por la puerta trasera, Chiriboga era retenido por la Policía en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito. El Ministro del Interior, César Navas dijo que el exfiscal tenía pasajes para viajar a Colombia, pero Chiriboga dijo que no se iba a ninguna parte, que acompañaba a su hija que viajaba a visitar una pariente. “Yo no voy a salir del país, no tengo por qué hacerlo. Yo no soy Capaya, Carlos Pólit” dijo tras ocho horas de declaraciones en la misma institución que dirigió entre 2011 y 2017.

Pero esta vez, Chiriboga no fue a preguntar, si no a responder. Según un funcionario de la Fiscalía, el exfiscal fue a dar su versión en la investigación sobre la salida de Pareja del Ecuador pues en un video divulgado en redes sociales, Pareja dijo que un funcionario de la Fiscalía lo llamó el 26 de septiembre de 2016 para alertarle que debía salir del país. Como justificación sobre su viaje a Colombia, Chiriboga dio una explicación tragicómica: “el que aparezca en el registro de mi pasaje y el de mi esposa, no significa que vaya a viajar; es más, habíamos cancelado el viaje.”

Chiriboga no ha sido vinculado a una instrucción fiscal, pero es un personaje que claramente encarna la ausencia de separación entre los poderes estatales en la década pasada. Galo Chiriboga no solo fue fiscal durante ocho de los diez años en los que gobernó la llamada Revolución Ciudadana: antes de ganar el cuestionado concurso que le permitió ocupar el cargo, fue abogado personal y colaborador del gobierno de Rafael Correa.

De acuerdo al World Justice Project, Ecuador es uno de los últimos países en el ranking del Estado de Derecho: estamos en el puesto 91 de 113 países analizados. En América Latina y el Caribe, llegamos en el puesto 25 de 30. La escala mide entre 0 y 1 factores como balance de poderes y el control del gasto y el uso de los bienes públicos, donde 1 es la calificación más alta. Los límites al poder Ejecutivo desde el legislativo están en 0,34, desde el judicial en 0,32 y la auditoría independiente en 0,38. Esto se refleja en falta de pudor del estado al nombrar exministros para puestos de control independientes del poder ejecutivo.

Entre julio de 2007 y octubre de 2009 Chiriboga fue Ministro de Minas y Petróleo. Luego fue Embajador en España de 2009 a 2011. En 2010 patrocinó a Rafael Correa en un juicio que el expresidente entabló contra el Banco Pichincha —iniciado antes ser candidato y que ganó después de electo Presidente—. Esa cercanía fue una de las razones por las que su candidatura a la Fiscalía de Chiriboga fue tan criticada. La mayor duda sobre su trabajo está en la falta de celeridad en las investigaciones del caso Odebrecht. Dos meses antes de terminar su período de seis años, Chiriboga decidió retirarse quizás por la presión que empezó a crecer para que renunciara. En su lugar, fue designado Carlos Baca Mancheno, otro hombre cercano a Correa (fue su asesor en la presidencia). Sin embargo, el cambio de gobierno y el peso de las evidencias ha llevado al nuevo Fiscal a un callejón que parece sin salida: si no investiga, no se quedará en el cargo.

En la rama Ejecutiva los dardos apuntan no solo a Jorge Glas, zar de los sectores estratégicos. Sin duda es el funcionario de mayor rango que es investigado pero no el único. Alecksey Mosquera fue Ministro de Electricidad entre junio de 2007 y julio de 2009, una de las áreas más poderosas del gobierno pasado. Seis años después, su poder se ha desvanecido: fue el primer funcionario de alto nivel en ser detenido por la trama Odebrecht. Está preso desde abril de 2017, acusado de lavado de activos. Su abogado confirmó que había recibido un millón de dólares por parte de la empresa Odebrecht, como pago por una consultoría mientras ejercía su cargo como secretario de estado. Sin embargo, la empresa negó que Mosquera hubiera hecho consultoría alguna para la compañía, aunque Rodrigo Tacle, exprocurador de la compañía confirmó, en una entrevista a diario El País de España, que Mosquera recibió una comisión por ese monto. Correa, quien aún gobernaba el país cuando su exministro fue detenido, minimizó las acusaciones asegurando que el pago se debía a un “acuerdo entre privados”, y que el juicio era por “defraudación tributaria”.

Pero Mosquera fue apenas la punta del iceberg. Antes de su caída, en septiembre de 2016, Carlos Pareja Yannuzzelli (conocido como Capaya) quien fue Ministro de Hidrocarburos y Gerente de Petroecuador salió del país repentinamente. Una semana después, Alexis Mera, quien era asesor jurídico de la Presidencia, denunció ante la prensa que Capaya era parte de la red de corrupción de Odebrecht. Casi dos meses después, la jueza Silvia Sánchez de la Corte Nacional de Justicia ordenó la prisión preventiva contra el funcionario que ya no estaba en el país.

Tuvieron que pasar más ocho meses de eso y un cambio de presidente, para que Pareja decidiera regresar voluntariamente a Ecuador. Llegó el viernes 11 de agosto de 2017 a ponerse en manos de la justicia. Capaya se encuentra recluido en la Cárcel 4, en Quito, en donde cumple una sentencia a cinco años de prisión por el delito de cohecho. El exfuncionario se enfrenta a cuatro procesos más enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de activos e injurias. En uno de los videos que grabó mientras estuvo fuera del país, Pareja dijo que en Petroecuador “no se hacía nada sin el visto bueno de Jorge Glas”. Tres días después de su regreso al país, Pareja debía rendir su versión ante la Fiscalía pero la diligencia se postergó una semana. La defensa del exministro, solicitó además un acuerdo de cooperación eficaz a la Fiscalía, lo que le permitiría a Pareja reducir su pena a cambio de entregar información valiosa a la justicia.

Que el vicepresidente, el contralor y el fiscal sean sujetos de investigación dice mucho del estado de la transparencia en el país. A eso hay que sumarle los exministros investigados, procesados o sentenciados. Pástor, Pareja y Mosquera no son los únicos. Rafael Poveda, ex Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos fue convocado a rendir versión libre y voluntaria ante la Fiscalía en el caso Odebrecht; Walter Solís, ex Ministro de Obras Públicas y ex Secretario del Agua tiene una orden de prisión preventiva por un caso de presunto peculado que se investiga desde 2013, además ha sido llamado por la Fiscalía también por el tema Odebrecht. Ramiro González, expresidente del Directorio del IESS y exministro de Productividad tiene una orden de captura para por presuntos enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria. La Fiscalía allanó su casa, la sede de su partido político, Avanza, y otros inmuebles relacionados con sus actividades personales, y detuvo a su esposa (quien se encuentra con medidas sustitutivas, es decir no está en la cárcel pero tiene un monitoreo constante). De él, no se sabe nada. De cómo funcionará el alicaído sistema de control y transparencia del Ecuador de aquí al futuro, tampoco.

Todo el sistema político se adecuó convenientemente para blindar autoridades y permitir procesos poco transparentes. La Asamblea Nacional también quedó en falta en su tarea fiscalizadora. De 2009 a 2017, la mayoría de País, frenó cualquier posibilidad de fiscalización. No dio paso a juicios políticos contra el Ministro de Educación, Augusto Espinosa, ni contra el exfiscal Galo Chiriboga, impulsado por la Asambleísta de Creo, Mae Montaño. La suposición parecía ser que toda denuncia era un ataque, en un estado de sospecha que, después de tanto tiempo en el poder, se convirtió en paranoia. Ante su vista y paciencia ocurrieron todos estos hechos por los que hoy, los exministros, exfiscal y excontralor están siendo investigados o procesados. El Legislativo fue presidido por Fernando Cordero y Gabriela Rivadeneira, ambos correístas entusiastas, que fueron funcionarios de Correa antes de ser legisladores. La Comisión de Fiscalización también tuvo al frente simpatizantes del oficialismo: la socialista —y aliada incondicional del régimen— Silvia Salgado, Gabriel Rivera, otro militante convencido de País, y finalmente María José Carrión, que volvió a ser nombrada en 2017. Ellos no encontraron ninguna razón para investigar lo que hoy sale a la luz.

La partida de Rafael Correa ha significado un agujero en ese blindaje político. El nuevo presidente ha dado golpes de efecto y su retórica frente a la corrupción es tajante, pero el contexto en el que operan las autoridades sigue siendo el mismo. La estructura creada por el correísmo sigue ahí, sin cambios sustanciales hecho: el sistema de contratación pública que permitió la corrupción sigue siendo el mismo; el organismo y el proceso para designar autoridades de control —el Consejo de Participación Ciudadana— en teoría independientes del Ejecutivo fue montado por el gobierno de Correa para tener control sobre los puestos clave, y ha terminado funcional al gobierno. El Código Orgánica Integral Penal (el COIP, aprobado en la pasada década) estableció como requisito indispensable que para pueda haber un juicio por peculado haya un informe de Contraloría en el que se establezcan indicios de responsabilidad penal. Esto que parece inofensivo, es un golpe gravísimo en la lucha anticorrupción porque, según la Constitución y el mismo COIP el peculado es imprescriptible, pero la facultad de revisión de la Contraloría expira, por ley, a los siete años. Entonces, es imposible que después de siete años un delito de peculado pueda ser perseguido si, hasta ese momento, no hubo un informe de la Contraloría. Mientras esa estructura siga igual, lo que veremos será una justicia a medias, un control a medias que responde más a la presión de la opinión pública que al convencimiento de que un Estado de Derecho tiene la obligación de velar por el buen uso de los recursos públicos.