martes, 22 de agosto de 2017

  
Odebrecht: el pecado original
El procurador del Estado, Diego García, autorizó al acta de transacción de Hidropastaza con Odebrecht para el regreso de la multinacional en el 2010. El retorno fue gracias a un convenio de 12 páginas al cual llegaron antes de obtener la previa autorización de la procuraduría, como manda la Ley. Gracias a ese convenio, el contralor Carlos Pólit, hoy acusado de recibir coimas de Odebrecht, desvaneció las glosas contra la transnacional brasileña.
20 de agosto del 2017
REDACCIÓN PLAN V

Convenio firmado entre Odebrecht y otros con Hidropastaza. El documento completo aquí
El procurador general del Estado,  Diego García, dijo a El Comercio que su participación en el retorno de Odebrecht al Ecuador —luego de la expulsión en el 2008 por mala ejecución de obras en el proyecto Hidroeléctrico San Francisco— se limitó a dar el aval a un acuerdo transaccional entre la empresa estatal Hidropastaza y la multinacional brasileña.
El acta transaccional, que se firmó el 8 de julio del 2010, llegó a algunos acuerdos. Entre estos estaba el desestimiento por parte de Hidropastaza de todas las demandas judiciales, glosas, reclamos administrativos y denuncias penales que interpuso la estatal contra la empresa brasileña por el fiasco de San Francisco. Entre el 8 de julio y el 1 de octubre de ese año, estas condiciones se fueron cumpliendo, incluido el pago de USD 20 millones a Hidropastaza por parte de la empresa brasileña a cuenta de los perjuicios patrimoniales provocados.
El convenio fue firmado —entre otros— por el entonces apoderado de Odebrecht, por José Concienciao Santos Fillo, quien luego de varios años, en el 2016, se entregaría a la justicia brasileña con una batería de grabaciones realizadas secretamente, en las cuales se muestra que Odebrecht sobornó a funcionarios, como el contralor del Estado, y operadores políticos que supuestamente actuaban en nombre de Jorge Glas, quien —de acuerdo a declaraciones de Alexis Mera, exsecretario nacional jurídico de la Presidencia, ante la Fiscalía— estuvo al frente de todas las negociaciones para el retorno de Odebrecht al Ecuador. 
El convenio fue firmado —entre otros— por José Concienciao Santos Fillo, quien luego de varios años, en el 2016, se entregaría a la justicia brasileña con una batería de grabaciones realizadas secretamente, en las cuales se muestra que Odebrecht sobornó a funcionarios.
El procurador Diego García, en se refiere al oficio 16872, firmado por él, dirigido a Ciro Morán Maridueña, gerente de Hidropastaza, en el cual responde a un oficio previo donde este funcionario le adjunta el proyecto de acta de liquidación transaccional a suscribirse entre Hidropastaza EP, y el consorcio Odebrecht-Alstom-Vatech “con el fin de que esta Procuraduría autorice su suscripción y los desestimientos derivados del mismo.
El 8 de junio del 2010, luego de reuniones en las cuales participó Jorge Glas, entre otros, Hidropastaza y Odebrecht suscribieron el Convenio de Transacción, para los términos y condiciones para terminar las controversias existentes entre ambas partes, derivadas del contrato de construcción de San Francisco, bajo la modalidad de llave en mano.
El hecho es que el procurador Diego García, en un oficio dirigido al gerente general de Hidropastaza, autoriza la firma del acuerdo: “de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Convenio de Transacción, el Consorcio cumplió con a) entregar a Hidropastaza EP la garantía bancaria prevista en el numeral 3.3 del Convenio “lo que se verifica con la copia de la garantía bancaria incondicional, irrevocable, y de cobro inmediato, otorgada por el Citibank sucursal Ecuador, el 29 de junio de 2010, a favor de Hidropastaza EP”. También, el procurador dice haber verificado que el consorcio inició los trabajos preliminares, de acuerdo al informe de la asesoría técnica de la empresa Cevaconsult Cia. Ltda. Entregado a Hidropastaza y firmado por el ingeniero Jorge Cevallos Orozco, jefe del equipo asesor, el 15 de septiembre del 2010, el cual contenía los detalles sobre la movilización del personal técnico, fotografías de los equipos, nuevo sistema de válvulas, estudios de mejoría del sistema de agua potable…
De acuerdo al abogado del Estado, en su resolución asegura que “otra de las condiciones cumplidas ha sido el desvanecimiento de las responsabilidades establecidas en las glosas de la Contraloría General del Estado”. Estas glosas fueron desvanecidas por el entonces contralor, Carlos Pólit, al cual el propio José Concienciao Santos acusó, en su delación ante las autoridades brasileñas, que entre el 2012 y el 2015, Odebrecht pagó en efectivo al excontralor USD 4’100.000 por favorecer informes", según reportó el propio diario oficialista El Telégrafo
En su informe, el procurador se refiere también a que en vista "de las obligaciones emanadas del Convenio de Transacción, Hidropastaza presentó los escritos de suspensión de la demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ambato y del reclamo administrativo presentado contra la empresa aseguradora Latina de Seguros del Ecuador. "Por otra parte, dice el procurador, se informó a la Fiscalía y al Juzgado Penal de Ambato de la suscripción del convenio".
También en el convenio, las partes establecieron precedentes a la transacción para que a) el Consorcio esté obligado a efectuar el pago de USD 20 millones, b) Hidropastaza proceda a efectuar los desestimientos definitivos en la demanda de arbitraje y procesos reclamos administrativos, y proceda a retirar la demanda penal y el desestimiento ante la Fiscalía.
El procurador autorizó este Convenio basado en el Art. 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, el cual determina que "los organismos y entidades del sector público, con personería jurídica, podrán transigir  o desistir del pleito, en las causas en las que intervienen como actor o demandado, para lo cual deberán previamente obtener la autorización del  Procurador General del Estado, cuando la cuantía de la  controversia sea indeterminada o superior a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América". La autoridad señaló que un informe jurídico de la Procuraduría, del 1 de octubre del 2010 recomendaba se autorice a Hidropastaza transigir de sus demandas y que se había constatado el cumplimiento de condiciones precedentes en el Convenio de Transacción. 
De este modo, el procurador autorizó a la empresa estatal que desista de sus demandas ante las diversas instancias administrativas y judiciales. Pero, "en lo que respecta al desestimiento de la acusación particular, se deja constancia de que toda vez que, con el convenio del 8 de julio de 2010 y la transacción que se autoriza, se han cubierto los perjuicios patrimoniales de Hisropastaza EP, procede el mismo, sin perjuicio de la facultad de la Fiscalía para continuar el proceso".
En los últimos párrafos de esta carta de autorización, el procurador se curó en sano: "Expresamente, dice la carta de autorización, que el Convenio no excluye al Consorcio de responsabilidad alguna por la determinaciones de responsabilidad que las autoridades de control puedan establecer administrativa o judicialmente". Y, además -dijo el Procurador- "se deja constancia que es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de Hidropastaza EP y de quienes hayan participado en el proceso transaccional, lo concerniente a los aspectos técnicos, económicos y financieros del convenio".

Sin embargo ni Hidropastaza ni organismo de control alguno del Estado ecuatoriano continuaron con los procesos; al contrario, Odebrecht regresó triunfal a obtener contratos por más de 5000 millones de dólares, para los cuales no obtuvo objeción alguna.

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