¿Se puede dejar el poder con denuncias como las del primo Pedro?
Mientras más denuncias de corrupción, más motivos para temer que quienes ahora controlan el poder no pueden darse el lujo de dejarlo y que harán todo lo posible para aferrarse a él.
La reflexión surge de denuncias, como la que ha hecho el prófugo de la justicia Pedro Delgado, sobre cómo el presidente Rafael Correa manejó las cuentas de Alianza País a través de allegados suyos. Según Delgado, uno de esos casos es el de Pamela Martínez, quien de asesora de la Presidencia terminó como vicepresidenta de la Corte Constitucional. Aunque Delgado no presenta pruebas documentadas de lo que afirma, su denuncia debería empujar a cualquier fiscal a investigar el tema.
Resulta que la acusación de Delgado, hecha a través de su flamante cuenta de Twitter, es lo suficientemente verosímil como para empezar una instrucción fiscal, sobre todo si se tiene en cuenta la historia personal de Martínez. Claro, esto únicamente bajo el supuesto de que en el Ecuador hubiese un sistema de justicia independiente. Bajo ese esquema, si se comprobara que Delgado miente, entonces la justicia también lo podría sancionar por acusación falsa y temeraria. Sin embargo, en el Ecuador de ahora eso suena muy improbable ¿Alguien en sano juicio pensaría que el fiscal Galo Chiriboga va a ordenar la investigación de las cuentas de la magistrada Martínez para ver si lo que dice Delgado es verdadero? ¿O Carlos Baca Mancheno, el incondicional de Correa que seguramente será el próximo fiscal?
Según Pedro Delgado, Correa ordenaba manejar recursos de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores para así evitar el control de la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, sostiene Delgado, manejaba en sus cuentas dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que Correa exigía que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Delgado asegura además que el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela Martínez por no poder demostrar el origen de los fondos.
ATENCIÔN
Así lava dinero Alianza País, por medio de la Jueza y vicepresidenta de la Corte Constitucional @pamemartinezl #PrimoLeaks
La denuncia de Delgado tiene al menos dos posibles implicaciones muy graves. Por un lado está el tema del manejo irregular de dineros que implicaría, además, un esquema clandestino de entrega y uso de fondos provenientes de funcionarios públicos. ¿Como se gastaron esos dineros? ¿En qué? Pero también está el tema de Pamela Martínez que actualmente es una de las magistradas con mayor influencia en el país al ser la Vicepresidenta de la Corte Constitucional. ¿Qué independencia puede tener Martínez si es cierto lo que asegura Delgado? Si bien resulta bastante evidente que esa Corte ha sido incondicional a Correa, una evidencia como la que menciona Delgado le haría perder la poca credibilidad y prestigio que ese organismo puede tener.
La denuncia de Delgado es verosímil, sobre todo, por los antecedentes personales de Martínez. Ella fue electa jueza de la Corte Constitucional en octubre del 2015 cuando se renovaron tres jueces del organismo. Según la comisión seleccionadora de la misma Corte, Martínez tuvo una puntuación perfecta de cien puntos sobre cien. Cualquiera podría pensar que se estaría hablando de uno de los más destacados constitucionalistas del país, pero ese evidentemente no es el caso. Al momento de su elección se habló tanto de su llegada a la Corte por su cercanía a Correa, que se pensó que sería nombrada Presidenta. Pero finalmente se le asignó el cargo de Vicepresidenta, lo cual no es poca cosa tampoco.
¿Cuáles eran los antecedentes profesionales o académicos para ocupar un cargo que en cualquier país democrático del mundo tiene una importancia y trascendencia enorme? Básicamente haber sido asesora del Presidente de la República, quien en enero del 2015 la nombró delegada al “Comité para el otorgamiento de reconocimientos públicos del Estado”. Pero en honor a la verdad ese no era su único mérito. Según un perfil que Mil Hojas hizo sobre Martínez, la actual Vicepresidenta de la Corte Constitucional había sido durante su juventud miembros del grupo de Boy Scouts del presidente Rafael Correa. Entre varios abogados de Guayaquil consultados, no se conoce que Pamela Martínez haya litigado o actuado como abogada. Por ese motivo llamó mucho la atención que haya llegado a un cargo tan alto. Es evidente, además, que Martínez no tiene trabajos académicos conocidos como para pensar que podría llegar a ser magistrada del más alto tribunal constitucional del país, ni casos de relevancia en los que haya actuado como abogado que se le conozcan. Basta una hojeada a sus cuentas de redes sociales para darse cuenta de que no se está frente a un constitucionalista de peso. Para nada.
Se sabe, en cambio, que por muchos años se dedicó a la compra y venta de vehículos usados y a solucionar casos de personas que querían migrar a Europa, según la investigación de Mil Hojas. Más tarde, Martínez trabajó en la Universidad de Guayaquil en el área administrativa hasta que fue llevada a la Presidencia de la República a desempeñarse con Correa en calidad de Asesor 1. En sus redes sociales se la vio alguna vez promocionando y buscando dueño a los cachorros de Correa, según muestra Mil Hojas con una fotografía.
Pamela Martínez está casada con Jimmy Salazar quien en febrero del 2013 fue electo presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Su elección se produjo en medio de denuncias de intervención del gobierno a su favor. El abogado Juan Vizueta, que fue el candidato perdedor en ese entonces, denunció que el Gobierno había entregado dinero para sumar 650 agremiados al padrón electoral. Salazar fue un entusiasta defensor de la reelección indefinida.
La actual jueza de la Corte Constitucional y su esposo mantienen en el canal incautado TC Televisión un programa llamado “Es de Justicia”, que se transmite los domingos.
Si algo curioso hay en la elección de Martínez es que ella, como miembro de la Comisión Calificadora de la primera Corte Constitucional, elaboró las normas del concurso que finalmente ganó para ser miembro. Vale la penar ver la entrevista que el medio de gobierno El Ciudadano le hizo en septiembre del 2012.
Según el portal Fundación Mil Hojas, el colegio de abogados del Guayas presidido por el esposo de Martínez adquirió un edificio en la avenida 9 de Octubre de Guayaquil, donde se habilitó un piso que se ofreció en alquiler a la Corte Constitucional para que sirva de oficina para Pamela Martínez quien ha manifestado prefiere despachar desde la ciudad de Guayaquil para seguir siendo activa militante de AP, toda vez que quiere conseguir para su esposo la designación a candidato a la alcaldía por el movimiento político AP.
La denuncia de Delgado no tendría credibilidad si no fuera por los antecedentes profesionales de Martínez. Es evidente que entre ella y el Presidente hubo una relación cercana, algo que se repite en el gobierno correísta donde abundan los casos en los que los funcionarios de la Presidencia pasan a ocupar cargos en institucionales donde se supone deben observar independencia. El caso del fiscal Galo Chiriboga es uno de ellos: de ser su abogado personal pasó a ser Fiscal.
El caso de la magistrada Martínez es un perfecto ejemplo de los temas que hacen prever que Alianza País no puede dejar el poder y que no está dispuesto a dejar. Sin el manejo de las cortes y de los organismos de fiscalización casos como éste, que abundan, serían objeto de investigación. Es cierto que el correísmo deja a Fiscal, Contralor y jueces a su servicio por cinco años más, pero no es menos cierto que perdiendo el control de la Presidencia la tarea de mantener la impunidad se vuelve más difícil. Hay muchos casos que explican que aferrarse al poder es un tema de supervivencia no solo política sino personal. ¿Sin control sobre el poder Ejecutivo, cómo evitar que se conozca el alegre manejo de las cuentas de los canales incautados que están quebrados? ¿O de El Telégrafo.
El correísmo no va a dejar el poder sin hacer todo lo posible para quedarse con él. Por las buenas y por las malas.
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