Entre la inercia y el desencanto

POR: Juan Cuvi

Publicado en la Revista El Observador (Febrero de 2017)

Incertidumbre. Esa sola palabra resume el panorama político-electoral del Ecuador a pocos días de las elecciones de 2017. En efecto, pocas veces en la historia nacional se tienen tan pocas certezas sobre el escenario electoral faltando poco tiempo antes de concurrir a las urnas. Al margen de las declaraciones triunfalistas de algunos candidatos a la Presidencia de la República, la mayoría de ellas sustentadas en encuestas cada vez más inverosímiles, la indecisión mayoritaria del electorado es la que marca la pauta política del momento. Esta situación coyuntural es el resultado de la vulnerabilidad estructural de la política ecuatoriana, caracterizada por los límites de la organización partidaria, de los movimientos sociales, de las formas institucionales y legales, y que se ha profundizado durante la etapa caudillista autoritaria de Rafael Correa.
El fracaso de los sondeos constituye un primer elemento de desorientación general. Y no por lo que ha sucedido recientemente en otras regiones del mundo, sino por lo que sucedió en nuestras propias narices en las elecciones de 2014. Además, la confirmación del vertiginoso descenso del apoyo electoral al régimen no se da sólo por una información estadística, sino que se refleja en una decisión política del propio gobierno: la negativa del correísmo a procesar dos consultas, una por el Yasuní y otra por las mal llamadas enmiendas constitucionales. Con o sin encuestas, el gobierno está perfectamente consciente de su debilidad. Hoy es evidente que, con la crisis económica y sus secuelas, y con la corrupción galopante, el apoyo al oficialismo es mucho menor. Tal vez no tan grave como para dejarlo fuera de la segunda vuelta en febrero de 2017, pero sí como para empujarlo al infierno de la derrota en abril.
Esta pérdida de popularidad no implica, sin embargo, el endoso de votos a algún binomio de la oposición en particular. La creciente negativa de la gente a votar por Alianza País se traduce en la persistencia de un alto número de indecisos, mas no en un alineamiento electoral. La gente sigue esperando por la alternativa ganadora para volcarse en su favor. A diferencia de 2013, cuando las cartas estaban echadas desde el inicio, hoy el ingreso a la segunda vuelta asoma como crucial.
La opacidad que recubre a los grupos de poder económico es la segunda causa de incertidumbre electoral. La vieja lógica de confrontación de intereses concretos (v.g. entre exportadores e importadores, entre terratenientes serranos y comerciantes costeños, entre especuladores financieros e industriales proteccionistas) ha cedido paso a una complejidad capitalista tan extrema y voluble que torna difícil definir una relación entre sectores económicos y representación política.
El último esquema medianamente estructurado (Izquierda Democrática, Democracia Popular, Partido Socialcristiano y Partido Roldosista Ecuatoriano) sucumbió ante la arremetida de fuerzas caracterizadas por su funcionalidad coyuntural y por la acción del caudillismo populista. Ahora la mayoría de partidos, empezando por Alianza País, son una amalgama de intereses cruzados que procesan sus diferencias en los cotos cerrados de la esfera privada, de acuerdo con negocios transitorios.
Por eso también el espacio público-político por excelencia, es decir la Asamblea Nacional, ha quedado convertido en un mero simulacro.
La reciente confrontación del gobierno con el banquero Fidel Egas, a propósito del incremento del encaje bancario, refleja este clima de ambigüedad. En efecto, pareciera que la ofensiva del régimen se particulariza en el Banco Pichincha más que en el sector bancario en general; y no porque sea el banco más grande del país, sino porque sus principales accionistas estarían vinculados a determinadas opciones electorales. ¿Por qué el gobierno ataca al Banco Pichincha y no al Banco de Guayaquil? Ahí es cuando la sospecha de un pacto de trastienda entre Correa y Lasso cobra una vez más fuerza. La finalidad sería consolidar un modelo económico articulado a nuevas formas de acumulación transnacional del capital financiero (los extractivismos, la maquila de alta tecnología, los Tratados de Libre Comercio) donde otros grupos oligárquicos no coinciden.

Lasso o la impotencia electoral del empresariado.
En el contexto anteriormente descrito se explican las permanentes presiones de ciertos grupos empresariales de derecha –que recuerdan a la vieja oligarquía– para que Cynthia Viteri decline su candidatura. La posibilidad –no asegurada– de endosarle los votos socialcristianos a Guillermo Lasso parece ser la única medida para sacarlo del anquilosamiento en que ha caído su candidatura. A las limitaciones inherentes al candidato hay que añadir el fraccionamiento de la derecha, ubicada fuera y dentro del gobierno de Correa.
La imposibilidad de forzar un pacto estratégico entre CREO y los socialcristianos (Madera de Guerreo) planteó un serio dilema a los sectores del empresariado, sobre todo guayaquileño, que apuntan a un recambio político. Lasso no les garantiza el triunfo, lo cual, en buen romance, les obliga a una negociación con los grupos económicos –nuevos y viejos– florecidos a la sombra del correísmo. La posibilidad de redefinir la hegemonía se desvanece.
La displicencia con que Jaime Nebot ha respondido a estos apremios por la unidad de la derecha tiene una explicación muy simple: el control de la alcaldía de Guayaquil sigue siendo una fuente de poder importante y decisiva. Nebot –al contrario de Lasso– puede darse el lujo de no llegar a Carondelet. En tales circunstancias, la candidatura de Cynthia responde a la necesidad de alcanzar una influencia nacional indispensable para proteger y apuntalar un poder local crucial.

Alianza País o la descomposición de la política.
La conflictividad interna de AP puede alcanzar ribetes dramáticos de aquí a poco. Las dificultades para definir un binomio y elaborar las listas de asambleístas, cuyo clímax se produjo 48 horas antes de inscribir las candidaturas, anticipan un fraccionamiento de difícil pronóstico, en particular si este movimiento experimenta una derrota en las urnas.
En efecto, la escasez de recursos ya no alcanza para tapar las desavenencias y contentar a todos. Algo queda en claro de este callejón sin salida: no fue el liderazgo de Correa el que mantuvo la cohesión del proyecto: fue la plata. En este sentido, la incidencia actual del caudillo es producto de un mensaje tan claro como práctico: asegurar la continuidad de un proyecto que ha logrado una hábil combinación entre corrupción e impunidad. Es ahí donde Correa ancló la conexión con los cuadros del partido y los funcionarios afines a la argolla íntima, quienes terminaron forzando un esquema electoral en el cual Lenín Moreno fue relegado a un papel secundario. No tiene ni medio amigo en las listas para asambleístas.
¿Cuál es el principal objetivo de Correa? Si no se llega a la Presidencia, hay que impedir que la próxima Asamblea Nacional eche abajo al menos dos normas constitucionales: la reelección más de dos veces y la muerte cruzada. Sobre todo sin la primera, Rafael Correa quedará condenado al ostracismo definitivo. No hay que descartar que la amenaza de regresar por cualquiera de estas dos vías haya sido el argumento más contundente para chantajearles a los morenistas. ¡O se someten ahora, o se atienen a las consecuencias mañana!
Esta situación también explica que Moreno haya aceptado una consulta popular tan riesgosa, como las del mal llamado pacto ético. Todo hace presagiar que el efecto será catastrófico para el binomio oficial: será el llamado a votar en contra de todo lo que huela a correísmo El gobierno no tiene la calidad ética para plantear el tema de los paraísos fiscales teniendo entre manos a varios de sus militantes con depósitos o empresas en los paraísos fiscales, empezando por el Fiscal General. Igualmente, hablar de ética mientras se destapan cada vez más casos de corrupción es una grosera tomadura de pelo. Finalmente, con esta consulta simplemente no desaparecerán las prácticas de esconder recursos en los paraísos fiscales en la medida que se fortalecerá la figura de los testaferros.
El colapso de las candidaturas locales de AP en 2014, como consecuencia de la irrupción de Correa en la campaña, aún está fresco. Y eso puede repetirse en las actuales elecciones. Ahora, además de introducir una figura desgastada y abombante como la de Correa en media campaña, el oficialismo proyecta una imagen de sometimiento de Moreno que será lapidaria en el próximo proceso electoral. Correa en campaña, al contrario de lo que suponen sus adláteres, restará votos. Con justa razón la gente empieza a preguntarse quién mismo gobernará en caso de que AP triunfe.
En realidad, más allá de los desaciertos propios de un proyecto que perdió la iniciativa de manera más acelerada en la medida que se quedaba sin dinero, es posible detectar una cierta indolencia de la cúpula correísta respecto de su candidato a la Presidencia. No se observa mayor empeño en triunfar como antaño, aunque sí en conservar fichas claves del poder del Estado (Contralor, Procurador, Fiscal General, Defensor Público y un importante bloque en el parlamento). Desde la lógica caudillista de Correa, un gobierno de AP desprestigiado por la crisis económica pone en serios apuros su eventual regreso. Un gobierno de Lasso parece más conveniente a Correa, sobre todo si pactan de facto la impunidad frente a los actos de corrupción.
En este contexto es complejo entender la última bronca del gobierno con la cúpula militar. El estamento militar es indispensable para una eventual manipulación de los resultados electorales (además de que constituyen una significativa fuente de votos). Cualquier arreglo político al que quiera llegar el régimen depende de la posibilidad de asegurar ciertos resultados y no otros. Por ejemplo, favorecer a Lasso en desmedro de Moncayo. No es suficiente con mantener el control informático del proceso a través de la empresa Telconet, ni contar con un Consejo Nacional Electoral afín. El control físico de las papeletas es imprescindible, y para ello se necesita de la incondicionalidad de los militares.
El reciente recambio de la cúpula militar puede ser una forma desesperada de buscar esta incondicionalidad, sobre todo luego de las críticas y la inconformidad expresada sucesivamente por los anteriores mandos a propósito de medidas como la intervención al ISSFA, la reasignación de funciones, la política salarial, etc.
Cuatro iniciativas reflejan lo que podría ser la estrategia del gobierno en la actual coyuntura: la ley de plusvalía, la consulta popular por el “pacto ético”, el incremento del encaje bancario y la firma expedita del TLC con la Unión Europea. Con las tres primeras la intención sería activar resortes ideológicos populistas respecto de una supuesta confrontación entre ricos y pobres, mientras que la firma del TLC apunta a vender la idea del éxito en el comercio exterior y las supuestas ventajas del acuerdo: empleo, producción, exportación, etc.
Al mismo tiempo, el régimen tiene que lidiar con situaciones adversas, como el caso de la agresión de género propiciada por el director del diario El Telégrafo o la represión a las comunidades shuar de la Amazonía. Estos hechos van a ser aprovechados por la oposición en la campaña electoral, y seguramente implicarán un costo para el oficialismo.

¿Dónde quedó Avanza?
La falta de candidato a la Presidencia ha implicado la potencial desaparición de Avanza del escenario electoral nacional. La que fuera la segunda fuerza política luego de las elecciones de 2014 quedó atrapada entre sus disputas internas y el ingenuo manejo de las alianzas electorales. Pretender imponerle condiciones a un viejo político como Jaime Nebot fue un despropósito (no tan absurdo como el que protagonizó Paúl Carrasco, quien ni siquiera tenía un partido registrado como para hacer el amague; ahí puso en evidencia su visión absolutamente parroquiana de la política).
No hay que minimizar, sin embargo, la potencialidad local de Avanza. Sus estructuras electorales provinciales siguen aparentemente intactas. Lo que no está claro es el papel que cumplirá su bloque legislativo en el próximo período. Su reciente ubicación en la oposición a Correa, luego de un largo maridaje, no implica necesariamente una postura político-ideológica clara. Avanza podría llegar a ser el partido bisagra de las futuras alianzas móviles en la Asamblea Nacional. Todo dependerá del número de asambleístas que consiga.

Moncayo o la inocuidad del discurso.
La candidatura del general Paco Moncayo, que arrancó con mucha fuerza y expectativa, no ha logrado despegar debido a errores intrínsecos a su estrategia electoral. La pérdida de identidad y coherencia ha derivado en la exclusión temporal de aliados importantes y la pérdida de cohesión de sus propias filas. Haber subordinado el discurso político al marketing contradice las propias posibilidades del candidato: Moncayo no puede ser presentado como un producto publicitario. Ni su trayectoria, ni su condición de exitoso militar (retirado), ni su imagen, ni su edad lo permiten. Moncayo requiere de un discurso serio, responsable y convincente que le diferencie de los otros binomios opositores y del binomio gubernamental, al tiempo que asegure a los sectores populares y medios que su gobierno será capaz de protegerles frente a las amenazas que se avecinan como consecuencia de la crisis económica.
Son sectores que están aterrorizados ante la posibilidad de perder lo que han conseguido en estos años de bonanza. Las medidas tomadas por el gobierno de Correa en estos dos últimos años son apenas la antesala de lo que se puede venir a futuro.
Una parte considerable del extravío de la campaña de Moncayo radica en su alejamiento de los espacios amplios y diversos que lo auparon durante más de un año, un acercamiento a sectores de la derecha como condición para un triunfo electoral y el consiguiente alineamiento con un solo partido: la Izquierda Democrática. Hoy, el general aparece como candidato de ese partido antes que del Acuerdo Nacional por el Cambio, o de los movimientos sociales que lo proclamaron mucho antes que la ID alcanzara su registro en el CNE. Y la principal desventaja es que la reinscripción de este partido no aparece como una renovación sino como una resucitación. En la práctica, la ID aplica estrategias electorales añejas. Como la alianza con Centro Democrático.
En términos contables, esta alianza ha implicado un costo electoral significativo en el principal bastión electoral de Moncayo: Quito y las ciudades de la sierra. Todo a cambio de una improbable penetración en el electoral guayaquileño. En efecto, Jimmy Jairala tiene que competir con cuatro grandes aparatos electorales en sus zonas de influencias: CREO, AP, PSC-MG y el roldosismo de Dalo Bucaram. Y la torta es demasiado pequeña para tanto invitado. No habrá compensación para la pérdida señalada.

Una inmensa cantera de votos.
Dos fenómenos se pueden percibir en la actual coyuntura electoral: los indecisos y los desencantados. Y ambos universos son de difícil detección desde las encuestas. La única predicción posible, en tales circunstancias, es que habrá segunda vuelta (a menos que la manipulación electoral logre torcer la voluntad popular). También se puede afirmar que muchos indecisos no votarán por el binomio del oficialismo. Por simple deducción: si luego de diez años de clientelismo, propaganda y demagogia el correísmo no ha logrado adherirlos, difícilmente lo hará ahora. En ese sentido, AP cuenta única y exclusivamente con su voto duro, que bordearía el 30Es posible que se incremente el porcentaje de votos blancos y nulos precisamente por aquellos indecisos que no sabrán finalmente por quién votar. La clave para las demás candidaturas, fundamentalmente las tres del pelotón principal, radica en canalizar ese enorme caudal de votos, que seguramente bordearía el 50 e los electores.
Por otro lado, bastará con que uno de estos binomios empiece a posicionarse como la alternativa al correísmo para que la avalancha de apoyos se produzca. Ya ocurrió en 2014 con la disputa por las alcaldías y prefecturas claves. No sería extraño que incluso una candidatura de la oposición llegue adelante en la primera vuelta en febrero de 2017.
En síntesis, la incertidumbre caracteriza a un proceso electoral sometido a una inercia desesperante. Mientras tanto, en el país real, la corrupción, el desempleo y la violencia extractivista comienzan a caldear los ánimos de la sociedad, sin que las candidaturas presidenciales o de asambleístas logren sintonizarse con esta dura realidad.