En Estados Unidos investigan esquema de sobornos a funcionarios del gobierno de Rafael Correa

febrero 17, 2017


Una investigación hecha por la empresa australiana Cardno reveló ante un tribunal de Florida un complejo esquema de sobornos para lograr jugosos contratos, puesto en práctica por la firma consultora de ingeniería ecuatoriana Caminosca y funcionarios del Ministerio de Energía del gobierno de Rafael Correa. Hasta el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas aparece como beneficiario de las coimas por los favores recibidos

Por Maibort Petit | @maibortpetit

Tras haber conseguido evidentes violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos tres jueces del laudo arbitral de Florida, que atendieron la demanda de la empresa australiana Cardno contra los antiguos dueños de Caminosca de Ecuador, recomendaron a las autoridades judiciales investigar y tomar acciones ante el esquema de sobornos usado por la firma ecuatoriana para lograr jugosos contratos del gobierno del presidente Rafael Correa.

Un documento sometido a consideración de los jueces de arbitraje por Cardno describe los mecanismos usados por la directiva de Caminosca para pagar coimas a funcionarios encargados de las licitaciones de obras millonarias relacionadas con hidroelectricidad. Los pagos de comisiones llegaron a los más altos niveles de la administración e incluyeron al vicepresidente Jorge Glas y al ministro de Energía, Esteban Albornoz.
Como suele ocurrir en estos casos, los funcionarios cobraban un porcentaje en torno a 80% y 90% en comisiones que recibían en cuentas en paraísos fiscales. El dinero era transferido a través de empresas offshore. La investigación de apenas tres contratos reveló que Caminosca pagó al menos 3 millones de dólares en sobornos a los involucrados en otorgar los tres contratos y que el dinero se movió por empresas de maletín: Asesorías Australes, con domicilio en Chile, y Crown Mergers, de España. Dichas firmas tienen cuentas en Bahamas, Brasil, España y Estados Unidos y nunca han sido registradas en Ecuador ni autorizadas para contratar con el Estado.

La evaluación de los hechos presentado por la empresa afectada concluyó que el esquema de coimas está soportado por las evidencias y que dicho comportamiento viola las leyes norteamericanas antisobornos. El caso en Ecuador no ha sido investigado y los funcionarios del gobierno niegan su participación y se lavaron las manos ante la denuncia.
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La demanda con lujo de detalles

c1En la documentación presentada en el laudo arbitral, obtenida en exclusiva por el periódico ecuatoriano el Expreso, se destaca que las empresas demandantes, a saber: Cardno International Pty Ltd, Cardno Holdings Pty Ltd y Cardno Limited, luego de investigar a través de la auditora externa BDO, lograron conseguir evidencias sobre un esquema de sobornos puesto en marcha por los directivos de la empresa Caminosca en Ecuador, y cuya información fue ocultada al momento de ejecutar la venta de la firma a la multinacional con sede en Australia.

Los antiguos dueños de Caminosca que fueron demandados por Cardno son: Carlos Diego Fernando Jácome Merino, Eduardo Jácome Merino, Rafael Alberto Jácome Varela, Galo Enrique Recalde Maldonado, María del Carmen Moreano Barragan y Patricia Rosero Garcés.

El laudo arbitral fue atendido por los jueces del tribunal de arbitraje del estado de Florida: Francisco Cerezo y Marty Steinberg, (árbitros) y Eduardo Palmer (presidente).
Gastos muy especiales

Cardno es una empresa de infraestructura fundada en 1945 en Brisbane, Australia; y Caminosca es una firma consultora de ingeniería creada en Quito, Ecuador que ofrece servicios relacionados con proyectos de hidroelectricidad.

El 80% de los proyectos que ha ejecutado Caminosca pertenecen al gobierno. Hasta la fecha se contabilizan 13 contratos. Por más de 35 años la empresa fue propiedad de un grupo de ciudadanos ecuatorianos: Eduardo Jácome, Carlos Diego Jácome, Alberto Jácome y Gao Recalde. En 2013, la firma fue vendida a Cardno, empresa que creyó que había hecho un tremendo negocio para ampliar sus operaciones en América Latina. Pero al poco tiempo descubrió que la subsidiaria funcionaba a fuerza de sobornos pagados a los funcionarios del gobierno que le otorgaban contratos millonarios violando las leyes de licitación ecuatoriana.
Venta amañada

Cuando Cardno adquirió Caminosca Eduardo Jácome, Carlos Diego Jácome, Alberto Jácome y Gao Recalde cumplían las más altas responsabilidades de la empresa, mientras que la esposa de Carlos Diego, María del Carmen era jefa de finanzas desde 2001 y Patricia Rosero era gerente general de la compañía.

En la querella se describe cómo fue el proceso de adquisición de Caminosca como parte de la expansión mundial que experimentaba Cardno en el año 2012. Señala que en el proceso de transición que se produjo tras la compra de la firma de Quito, los nuevos dueños se mantuvieron en posiciones de gerencia. Antes de comprar Caminosca, Cardno poseía una subsidiaria en el país sudamericano Extrix Holding Company.

En el documento del arbitraje los representantes de Cardno afirman que los demandados eran los únicos autorizados para firmar cheques y pagar las facturas recibidas. Cuando los ejecutivos de Cardno viajaron a Ecuador en septiembre de 2012, para evaluar la posibilidad de la compra, los demandados fueron los encargados de atenderlos y de explicar “el enorme potencial” que tenía Caminosca para las operaciones de la multinacional australiana en América Latina.

Para proceder con las diligencias de la venta y planear la sucesión, Caminosca contrató como broker a Proventus.

El 2 abril de 2012, Proventus contactó al director de Cardno Entrix para América Latina, Edgar Gutiérrez y le pidió que hicieran una oferta de compra que inicialmente fue rechazada por Caminosca porque apenas alcanzaba a 10 millones de dólares. No obstante, las negociaciones continuaron. Luego de una reunión en Quito entre los ejecutivos de Cardno y Caminosca, el 21 de junio de 2012, donde estuvieron presentes Eduardo Jácome, Carlos Diego Jácome y Galo Recalde la transnacional australiana creyó que Caminosca representaba una fuerte estrategia de asociación en América Latina y procedió ampliar la oferta.

Cardno decidió ejecutar la compra y presentó dos ofertas en julio y en agosto de 2012 firmó una carta de intención por 16 millones de dólares para adquirir una empresa sin deudas y sin problemas de activos. La adquisición se llevó a cabo con la asesoría legal del bufete ecuatoriano Bustamante & Bustamante, la firma Internacional de abogados Kirkland & Ellis y la agencia contabilidad PWC .
Todo parecía estar bien

Cardno compró Caminosca luego de una investigación previa que reveló que la empresa tenía buena reputación financiera y prometía ser una oportunidad para el negocio. Basándose en las escrituras y garantías, Cardno pagó poco más de 17 millones de dólares por Caminosca, cancelando una parte en efectivo y otra en acciones del stock de Cardno, con un potencial de ganancias de 4 millones de dólares.

Luego del cierre en abril de 2013, y la adquisición de 24% de Caminosca, Cardno pagó a los dueños 3.220.738.62 dólares en efectivo. El 76% restante debía pagarse en mayo de 2014. Así, Cardno pagó 5.770.490 dólares en efectivo y el traspaso de acciones de Cardno valoradas en 4.428 516.
Un retraso “impuesto”

El cierre de la venta fue retrasado porque Caminosca no estaba en capacidad de asegurar el consentimiento de los clientes del gobierno para transferir los proyectos de Caminosca a Cardno, lo cual era un requerimiento para hacer efectivo el traspaso. Los documentos fueron enmendados tres veces a lo largo de 2013 (13 de febrero, 27 de febrero y 27 de marzo). El ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Ecuador rechazó dar el consentimiento hasta el último momento. Nuevamente se hicieron dos apéndices al documento de compra-venta.

El contrato en 2012 fue firmado por Carlos Diego Jácome, Eduardo Jácome, Alberto Jácome y Galo Recalde como accionistas. Posteriormente se incluyó otro apéndice para que firmaran las siguientes personas: Patricia Rosero y María del Carmen Susana Espinosa y María Fernanda Villamar. Cardno nunca recibió explicación del por qué se agregaron los nombres de cuatro personas que no eran accionistas de la empresa.
Números falsos

Cardno alega que la revisión de los estados financieros que presentaron los accionistas mostraban que la compañía no tenía obligaciones pendientes y una cláusula que decía que de haberlas, serían objeto de un incumplimiento del contrato por parte de los vendedores y, por ende, podría ejecutarse la garantía. Al no haber importantes deficiencias visibles el cierre de la venta se concretó el 15 de abril de 2013.

El 8 de mayo de 2014 se firmó la enmienda 5 para transferir el 76% de Caminosca a Cardno. Luego de la compra, los accionistas continuaron en los roles que ocupaban antes de la compra y Cardno introdujo a nuevos miembros para iniciar el periodo de transición. Cardno permitió que las autoridades salientes siguieran operando el negocio y propiciaron una integración con el nuevo personal.

Durante la primera etapa del proceso de transición Cardno desconocía la existencia de pagos irregulares. No obstante, al cabo de unos meses empezaron aparecer los primeros indicios de fraude. Los nuevos dueños abrieron una segunda investigación que puso al descubierto que Caminosca estaba involucrada en un complejo esquema de sobornos a funcionarios del gobierno de Rafael Correa que tenían responsabilidades en los proyectos que ejecutaba la empresa para el Estado ecuatoriano.

A finales de 2014 Cardno supo que se hacían pagos a proveedores que aparecían incorrectamente descritos en las planillas de impuestos. Inclusive, muchos de esos pagos no estaban en el cierre de año de los libros fiscales. Otros pagos levantaron más sospechas porque eran enviados a cuentas en Bahamas, Europa o Estados Unidos y los mismos correspondían a diferentes cuentas de una compañía que tenía domicilio en Chile. Asimismo aparecieron contratos firmados sin soportes, facturas presentadas para ejecutar los pagos que no proveían suficiente explicación o detalles de los servicios prestados a cambio de las altas sumas de dinero facturadas.

En diciembre 2014 Cardno pidió a Caminosca hacer una auditoría externa para certificar los pagos que Caminosca hacía a sus socios de Chile y, en especial, a la empresa Asesorías Australes SPA.

El 13 de enero de 2015 los auditores concluyeron que que no podían certificar los pagos a una sociedad offshore, fue entonces cuando se levantaron las banderas rojas con un informe que arrojó los siguientes elementos:

+ Los pagos a Asesorías Australes se hacían en bancos de Bahamas y Brasil. No había contactos e información sobre la empresa.
+ Las facturas no estaban registradas ante las autoridades de Impuestos de Chile.
+ Las facturas no incluían descripciones razonables de los servicios.
+ Los contratos entre Caminosca y Asesorías Australes no existían y las facturas y las copias que le dieron a los auditores no estaban firmadas.

Ante las irregularidades, Caminosca no pudo suministrar documentación de soporte de los servicios de la empresa, por lo cual se realizó una reunión el 14 de enero de 2015 donde participaron los ejecutivos de Cardno-Australia.

Los demandados, quienes también estuvieron presentes en la reunión junto a los representantes de la firma auditora, no ofrecieron respuestas satisfactorias cuando se les preguntó acerca de la relación de Caminosca con Asesorías Australes. Solo apelaron a decir que estaban en desacuerdo con los auditores sin responder a las preguntas

El 20 de enero de 2015 Cardno inició una investigación y Caminosca presentó una documentación que reflejó que había sido preparada por Caminosca y que tenía como objetivo hacer creer a Cardno que ellos tenían los documentos. La falsedad de los documentos fue presentada como evidencia en el proceso de arbitraje que se llevó a cabo en Florida.

En marzo de 2015 los demandados salieron de Caminosca y fue entonces cuando el personal joven de la empresa informó a los nuevos dueños sobre los montos de deudas que tenían con algunos subcontratistas y sobre la provisión de las cuentas incobrables. Asimismo, informaron que Caminosca practicaba una regla según la cual a los subcontratistas que no acordaran el pago de coimas, no se les cancelaba, y que en esos casos la empresa no daba facturas por razones de impuestos.

Las reservas de liquidez de Caminosca estaban totalmente agotadas, a tal punto que Cardno tuvo que hacer un préstamo a Caminosca para cubrir el capital de trabajo. Para colmo, la transnacional tuvo que declarar incobrables las cuentas de muchos de esos subcontratistas al igual que las inyecciones de capital prestado a Caminosca.

Las averiguaciones también arrojaron que Asesorías Australes es una empresa inactiva de Chile que envolvía a una consultora financiera de cuentas por cobrar y servicios de negocios. Fue incorporada el 13 de junio de 2012, pero la compañía no estaba inscrita en el registro de empresas de Ecuador. En una visita de Kroll a la oficina de Asesorías Australes se descubrió que la propiedad residencial tenía un letrero de venta, que la página web no tenía evidencias que condujeran a ningún negocio legítimo a lo largo de su existencia.

El reporte indicaba que Asesorías Astrales fue registrada por la abogada panameña Daisy Chacón Aparicio, quien actuaba como agente de cientos de compañías y que Asesorías Australes solo tenía un accionista que era Flamingo Management International SA, una corporación panameña desincorporada del registro en mayo de 2010. Lo más asombroso para Cardno es que la presidenta de Flamingo resultó ser la misma Chacón. Ambas empresas no podían ser ubicadas en la dirección usada para el registro original.

Chacón tiene un historial de haber creado compañìas offshore entre 1998 y 2010 y trabajó como paralegal para la firma panameña involucrada en el escándalo de los Panama Papers, Mossack Fonseca.

De acuerdo a la demanda de Cardno, Asesorías Australes era el vehículo usado para numerosas transacciones ilícitas en el caso que incluye un subcontrato por 508 mil 264 dólares con el proyecto PetroAmazonas; un subcontrato por 623 mil 180 dólares del proyecto Toachi-Pilaton y un subcontrato por 1.200.000 dólares para el proyecto Sopladora.

Cardno también identificó una transacción offshore con indicios de fraude de Asesorías Australes con la compañía española Crown Mergers and Acquisitions SL. Los investigadores descubrieron que Crown está inactiva en España, que no tiene dirección ni prueba que haya prestado servicios en el 2013 y que no posee estados financieros.

La mencionada compañía tiene en los sistemas operativos un solo dueño, Manuel Lameiro, quien posee otras cinco corporaciones inactivas. Lo extraño es que Crown fue registrada para hacer negocios en Ecuador y la investigación muestra que la dirección del registro es un edificio comercial donde la recepcionista principal nunca escuchó hablar de la empresa, ni de Manuel Lameiro.
Los códigos de la corrupción

La investigación reveló que Carlos Diego Jácome tenía unos calendarios con notas relacionadas con reuniones, llamadas telefónicas y otros eventos que ocurrieron a lo largo de varios años, en los cuales se creó un sistema de códigos para los mecanismos de sobornos pagados por Caminosca. 80% de las obras realizadas por esa empresa eran contrataciones públicas.

c3Entre los datos se detalla el código “dh” que simboliza los pagos hechos a individuos incluyendo a oficiales del gobierno. “Kbps” eran los montos contados por 1.000 dólares y “MHZ” el porcentaje de dinero. “Energization- energizing” refería el pagar dinero y “banwidth” el total de pagos.

Otros códigos que se encontraron en el calendario son:

+ CDJ Carlos Diego Jácome
+ EJM o EJA Eduardo Jacomo Merino
+ GRE Galo Recalde
+ DDJ o DD Diego Duenos Jácome.

El mismo sistema de abreviación y códigos se uso para representar al gobierno:

+ SeVA: Segundo Venegas, miembro de la comisión técnica de CELEC. Proyecto La Sopladora.
+ LAO: Juan Leonardo Espinosa Abad, gerente general de CELEC. Proyecto La Sopladora.
+ SaAr o SAÑ: Santiago Arias, gerente general de CELEC. Proyecto Toachi-Pilaton.
+ IvArm: Dr. Iván Armendariz, miembro de la Subcomisión CELEC para el Proyecto Toachi-Pilaton.
+ EsAl: Esteban Albornoz, ministro de Energía de Ecuador.
+ jGlas o vidrio o vp: Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador.
Todo sucio

La empresa Baker & McKenzie, Ernst & Young and Kroll hizo una comparación de los códigos del calendario con las transferencias de dinero y la información de los proyectos disponibles y los contrastó con los nombres de los oficiales del gobierno conectados con los proyectos. Concluyó que todo coincidía.

El calendario de Carlos Diego Jácome es una clara evidencia de la corrupción, dice la demanda.

Los investigadores concluyeron que los contratos de Caminosca con el gobierno son producto de un esquema de sobornos y la empresa Asesorías Australes fue el vehículo usado para pagar los sobornos de los dos contratos más lucrativos de Caminosca con el gobierno: los proyectos Sopladora y Toachi-Pilaton.

El calendario de Carlos Diego Jácome es una evidencia que los accionistas hicieron pagos irregulares a Asesorías Australes para beneficiar a los oficiales del gobierno conectados con los proyectos, que eran manejados por una división separada del Estado ecuatoriano, a través de una oficina creada por la Ley Eléctrica para manejar las empresas del sector eléctrico llamada CELEC Compañía de Energía.

Cardno pidió que Kroll condujera una investigación y análisis de los procesos para entender cómo se dieron las licitaciones de los contratos y cómo los proyectos fueron otorgados por el gobierno de Ecuador.
Proyecto Sopladora

En 2011, Hidropaute, una empresa pública, abrió un proceso de licitación para compañías de servicios interesadas en el manejo y supervisión de Sopladora. Extrañamente, Caminosca fue la única empresa que suministró una propuesta para el proyecto que incluye una tercera parte de un total de cuatro proyectos de la Paute River Basin implementado para crear un complejo de sistema de hidropower.

En septiembre de 2011 Caminosca entró en asociación estratégica con la empresa brasileña LEME Engenharia Ltda para la licitación del trabajo y operación del proyecto del consorcio Consultor Hidroaustral. Caminosca ganó Sopladora por un monto de 46 millones de dólares.

Cardno investigó que hubo pagos a la empresa Asesorías Australes en conección con el proyecto Sopladora a las siguientes personas:

+ Juan Leonardo Espinosa Abad, gerente general del proyecto Sopladora.

+ Segundo Venegas Valencia, miembro de la comisión técnica del proyecto Sopladora.

+ Claudio Esteban Albornoz Vintimilla, ministro de Electricidad de Ecuador y quien tiene el control directo y el manejo de las operaciones de CELEC y de Hidropaute, responsable del proyecto Sopladora.

+ Gabriel Tinano, representante de Leme, socio de Caminosca.

El Consorcio Consultor Hidroaustral ganó el proyecto Sopladora y Carlos Diego Jácome se reunió en Caminosca con su socio, Gabriel Tinano, con el objeto de pagar el soborno por el proyecto que fue negociado antes de haber ganado el contrato.

En mayo de 2011 Carlos Diego Jácome cenó en el restaurante Carmine, en Quito, con Segundo Venegas y Gabriel Tinano para pagar el 5% de las comisiones prometidas por el contrato. Usaron una compañía offshore de Costa Rica como vehículo para hacer los pagos.

c6Juan Leonardo Espinosa Abad, gerente del proyecto Sopladora, recibió 500 mil dólares, a repartir con el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz.

En la investigación se descubrió que había una nota que decía que estaba “ok si alguien más estaba envuelto en el esquema, además de Segundo Venegas y Juan Leonardo Espinosa Abad”.

Cardno descubrió que a Segundo Venegas, miembro de la comisión técnica del proyecto Sopladora, se le había prometido un pago de 50 mil dólares repartidos en pequeños montos y a Juan Leonardo Espinosa Abad otros 500 mil para el ministro de Energía, Esteban Albornoz.

Los pagos fraudulentos se hacían en compañías offshore. Un acuerdo entre el Consorcio Consultor Hidroaustral y Asesorías Australes está fechado el 15 de septiembre de 2012 y tres meses después Asesorías Australes fue formada con el objetivo de un contrato valuado en 1.200.000 dólares que fue firmado por Eduardo Jácome en representación del Consorcio Consultor Hidroaustral.

La compañía subcontratada como vehículo para el pago de los sobornos en relación al proyecto Sopladora logró traspasar 1 millón de dólares pagados cuando se aprobó el proyecto, de los cuales 290 mil fueron cancelados localmente en efectivo y 980 mil en cuentas fuera de Ecuador.

Igualmente ocurrió con el proyecto Toachi-Pilaton. En 2012 la CELEC llamó a una licitación de servicios y en diciembre de ese año Caminosca, junto a su socio brasileño, consiguieron el contrato de Pilaton Tochi por 21.680.000 dólares.

Cardno identificó los pagos correspondientes a este contrato para Edgar Rodrigo Castro Hitchcock, gerente del proyecto; Juan Ernest Armendariz Jaque, abogado de la subcomisión de soporte del proyecto Toachi-Pilaton; Claudio Esteban Albornoz Vintimilla, ministro de Electricidad de Ecuador; Jorge David Glas Espinel, vicepresidente de Ecuador; Gabriel Tinano, Wilson Carrilo y Carlos Pimenta, representantes de Lema, empresa socia de Caminosca para el proyecto.

El 1 de noviembre de 2012 Gabriel Tinano y Wilson Carrilo fueron a la oficina de Carlos Diego Jácome; quien además se reunió con Edgar Castro, gerente de Hidrotoapi. Se encontraron en un carro y acordaron un pago de 350 mil dólares usando para ello una empresa offshore en Europa.

El 20 de diciembre de 2012 se hizo un pago de 16 mil dólares por parte de Caminosca y el 27 de diciembre, Carlos Diego Jácome dijo a su hermano Eduardo Jácome que tomaría cuidado del pago de los 350 mil dólares, menos 55 mil que ya se habían pagado localmente y que -adicionalmente- 135 mil dólares menos 10 mil se pagarían a Edgar Castro. Ese pago se haría en montos separados de 16 mil, 20 mil y 19 mil dólares respectivamente.

El 29 de enero de 2013 se hizo un pago de 35 mil dólares, para un total de 51 mil dólares. El 27 de febrero de 2013 Carlos Diego Jácome recibió la visita de una persona que pidió más “dh” (dinero) y acordó una cita con un abogado de una empresa offshore.

El 13 de marzo de 2013 pagaron adicionalmente 19 mil dólares para un total de 70 mil dólares. El 24 de octubre de 2013, Gabriel Tinano de Leme y Carlos Diego Jácome hicieron un pago a Carlos Pimenta por 623 mil dólares, incluyendo 350 mil para Edgar Castro, 135 mil para el abogado Iván Armendariz y 60 mil para “vidrio”, es decir, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. En una de las notas se refiere a ese pago como “donación para la campaña”.
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Jorge Glas habría recibido pagos por 100 mil y 50 mil dólares por el proyecto Toachi-Pilaton. De ese monto, 20 mil habrían sido pagados en efectivo localmente y 115 mil por medio de una compañía offshore.

Otro pago correspondiente a ese contrato por 350 mil dólares se hizo de la siguiente manera: tres en efectivo en diferentes días por 16 mil dólares, 20 mil y 19 mil, para un total de 55 mil y el resto, 295 mil dólares, a una cuenta offshore.

También se cancelaron por concepto de consejería legal del proyecto 80 mil dólares a un abogado de nombre Fernando.

El 9 de mayo de 2013 el acuerdo con Asesorías Australes proveyó un pago por 623.180 dólares, de los cuales 200 mil debían ser pagados en 30 días después del contrato; 103 mil en un plazo de 60 días después de que el contrato tomara efecto y 14 mil en aportes mensuales.

El documento del arbitraje señala que Eduardo Jácome firmó un contrato con el Procurador Común con el Consorcio Consultor Toachi-Pilaton. A la vez hizo un subcontrato con Asesorías Australes de 505.635 dólares entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014. Los pagos fueron hechos y aparecen en los libros de Caminosca como “proveedores nacionales”, a pesar de que Asesorías Australes es chilena.

Entre otras irregularidades se citan pagos para Asesorías Australes por 200 mil dólares hasta el 20 de agosto de 2013 y otra factura por 103 mil fechada el 11 de septiembre de 2013, y una primera factura de 14 pagos de 22.870 fechada el 14 octubre de 2013.

A principios de 2013 Carlos Diego Jácome hizo varios préstamos personales para cubrir los “dh” de pagos relacionados con el proyecto Toachi-Pilaton por un total de 197.541 dólares y fueron firmados por Asesorías Australes y el Consorcio Consultor.
Esquivar las culpas

Los antiguos dueños de Caminosca demandados por Cardno alegaron su derecho a no “autoincriminarse” cuando les preguntaron por el ahora conocido código de la corrupción de la empresa que se vendió como un negocio de gran potencial económico y terminó siendo un escandaloso caso que pasó a formar parte de la lista de esquemas de sobornos que investiga la justicia federal norteamericana.

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