Publicado el 2017/02/04 por AGN
[Alberto Ordóñez Ortiz]
A mediados del año pasado, el doctor Nicanor Merchán Luco, Director y Columnista de este Diario, en un artículo al que con justificada razón denominó: “Carta al señor Alcalde de Cuenca”, tuvo el acierto de prevenirle sobre los catastróficos daños que se provocarían de ejecutarse la entonces anunciada explotación minera en las áreas de Quinsacocha y Loma Larga, pertenecientes a El Cajas. Con esa oportunidad le solicitó que como máxima autoridad edilicia interpusiera sus buenos oficios para evitar la catástrofe. La carta en cuestión, a más de su premonitorio contenido puso énfasis en que debía precautelarse sobre todo la explotación en las cercanías del río “Blanco”, proveedor del agua potable que consumimos los cuencanos. Por tanto resulta incuestionable que el señor Alcalde de Cuenca estuvo advertido con suficiente antelación sobre el desastre que se veía venir en el horizonte de los entonces posibles acontecimientos.
Respecto a la cuestión en análisis, se vuelve imperativo destacar -por sus proyecciones esclarecedoras- que en abril del 2016 el Alcalde de Cuenca celebró un convenio con las Universidades de Cuenca y del Azuay para que un equipo de técnicos determinara si dicha explotación provocaría perjuicios ecológicos. El costo del convenio ascendió a la suma de dos millones cien mil dólares. En declaraciones que el Alcalde diera a la fecha: “señaló que los estudios tienen un plazo de 5 años, (¿Porqué tanto tiempo si se trataba de un asunto más que emergente?); sin embargo, -agregó- que aspiraba a “contar hasta finales del 2017 con los primeros resultados de los análisis…”.
El tema que ha concitado el interés ciudadano ha generado, -como es normal, versiones y versiones-, entre las que consta la que sostiene que tal convenio y la falta de resultados se habría constituido en la excusa perfecta para soslayar toda responsabilidad municipal; pues que, sin los mismos el Municipio podría haber alegado la imposibilidad de adoptar decisión alguna.
Sin embargo la reciente resolución edilicia en contra del extractivismo, demostraría de forma categórica que el costoso convenio no fue necesario. ¿Por qué se lo suscribió si se iba a dictar dicha resolución? Lo que además no me queda claro es porqué la declaratoria no se efectuó antes del convenio y porqué se realiza recién ahora, no obstante que el año pasado se inició la explotación. Es destacable que en el tema del tranvía -la incomprensible demora en la terminación unilateral del contrato-, como en el relacionado con el extractivismo, la política municipal sería la de los hechos consumados. Y lo sería, porque resulta extrañamente extemporánea. El caso del tranvía estaría en trance de ir a la Asamblea Nacional. La situación del Alcalde se tornaría candente. Es importante subrayar que en este Diario y en esta columna -gracias al periodismo investigativo- se denunció por primera vez el delicado asunto del tranvía. Lo que dejo dicho se corresponde con la luz que nos conduce de lleno al “veritatis esplendor” o, esplendor de la verdad. ¿Qué opina Usted? (O)
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