El observador

Otra ley macabra

Publicado el 2017/01/14 por AGN

[Gerardo Maldonado Zeas]

Mientras los ecuatorianos deseábamos iniciar el año 2017 con algo de tranquilidad, la innombrable mayoría oficialista de la Asamblea Nacional aprobaba en segundo “debate” la tristemente célebre Ley para la Eficiencia de la Contratación Pública, que incluye -entre otras cosas- “la contribución especial de mejoras por obras a cargo del Gobierno central, que deberán pagar los usuarios cuando un inmueble esté cerca a una obra pública como un intercambiador, escuelas del milenio y demás”. Cuando preparaban todo el escenario para detonar el apresamiento de Mauro Terán y politizar un tema tributario privado, con el protagonismo del SRI y su inefable director Leonardo Orlando, la mayoría Correista y ahora Leninista de la Asamblea, silenciosamente se aprestaba a dar un zarpazo más a los ciudadanos y dueños de emprendimientos y negocios, creados con el trabajo y esfuerzo de quienes buscan prosperar, ajenos a los conciliábulos de esta mayoría infame disque representante del segundo poder del Estado, manipulados descaradamente desde hace 10 años por el jefe mayor. Mientras se distraen las miradas hacia cualquier cosa que en este escenario político se lanzan para tratar de tapar la corrupción galopante que mortifica el alma y los sentidos de los ecuatorianos honrados, un grupo de desleales a las buenas costumbres en política pública, levanta manos y acérrimos seguidores de un modelo de “impuestología” vigente en este país, buscaban los mejores atajos para detonar en la cara de los ecuatorianos una bomba más.

Cuando recién tratábamos de digerir la ley de plusvalía con el golpe del 75% de impuestos a las supuestas ganancias extraordinarias al producirse la venta de un bien, enseguida, sin dejar a los ecuatorianos respirar después de las iras de semejante desatino, ahora vienen con este mamotreto, con una sui generis interpretación del despistado asambleísta oficialista Fausto Terán cuando dice: “no se trata de un doble impuesto, lo que se dice es que quien haga la obra tiene el derecho de cobrar la contribución”. Simplemente inaudito. A partir de ahora, quienes tienen un bien o un negocio cuya ubicación puede considerarse una “ventaja competitiva” y por el mero hecho de estar cerca de un lugar en el cual el gobierno central construya una escuela, u hospital público, deben pagar hasta el 50% de la plusvalía que le generará en el valor del bien, esta nueva edificación. Una ley macabra por decir lo menos, insólita e inmoral. Pregunto: ¿Y todo el coctel de impuestos que pagamos los ciudadanos para qué sirven?.

Por eso queridos lectores, fíjense bien por quien votar en las próximas elecciones para no mandar a la Asamblea a seres cabizbajos, simples adeptos a un estilo de gobernar, llenos de miedo, que sólo sirven para calentar las sillas y glorificar a un ídolo con pies de barro; busquen a ciudadanos con criterio y formación profesional que tengan como carta de presentación el entendimiento cabal de las leyes o hayan administrado entidades complejas en las cuales prima el criterio sobre la emoción hepática. Las grandes decisiones de los verdaderos líderes no son aquellas para dar gusto a uno o a pocos, sino que precautelan el bienestar general sobre el particular.
Esta innombrable codicia del Gobierno de buscar dinero a toda costa, es una clara manifestación de un país endeudado hasta la crisma. (O)