¿Pueden los bachilleres elegir su carrera universitaria?
Si con un amplio acuerdo de los diversos sectores parlamentarios y el ejecutivo, se presenta la reforma a la Ley en mayo de 2017, podrá entrar en vigencia en agosto del mismo año. Sus resultados inmediatos ya se verán en octubre. Más jóvenes podrán estudiar la carrera que elija en instituciones públicas gratuitas, cerca de su familia sin gastos adicionales.
03 de enero del 2017
POR: Enrique Ayala Mora
PhD en Historia por Oxford, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, político socialista.
Hay gran frustración e injusticia. Muchos jóvenes no logran cumplir sus aspi-raciones".
Un problema serio
Muchos jóvenes han vivido en los últimos años la tensión de ingresar en una universidad o escuela politécnica. Y muchos han experimentado la frustración de no poder hacerlo. Este se ha transformado en uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Hay decisiones que deben tomarse con mucha conciencia y libertad. La elección del trabajo o profesión que se va a ejercer toda la vida es una de ellas. Con frecuencia, el haber optado por la carrera inadecuada o no haber podido ingresar a la que se deseaba le marca la existencia a una persona.
Las políticas que los estados y gobiernos adoptan sobre educación superior tienen gran trascendencia y mucho peso en la vida de la gente. Por ello se debe tomar en serio el ingreso a la universidad, sus condiciones y consecuencias.
Una realidad muy negativa
Hasta 1970 en el Ecuador el ingreso a la universidad en el Ecuador era muy restringido. Por ello, una lucha de los bachilleres logró que se abriera el ingreso a las universidades. Eso trajo apertura, pero también el problema de la masificación y el deterioro. La calidad de la educación bajó, en buena parte por el ingreso descontrolado en las universidades públicas.
En la primera década de este siglo se reveló una grave crisis de la educación superior. Deterioro académico y falta de reglas claras en buena parte de las universidades pública y particulares, ausencia de investigación y de mecanismos de control de la calidad, proliferación de universidades privadas, a veces sin el nivel mínimo para funcionar. Una reforma era necesaria.
Cuando llegó Rafael Correa al gobierno hubo la expectativa de que la reforma se haría. Se tomaron algunas medidas positivas, como la evaluación de las instituciones superiores, pero eso no duró mucho. En 2010 el régimen impuso una Ley de Educación Superior (LOES) que atropella la autonomía de los centros universitarios, establece un control vertical y autoritario, reprime a los profesores y a las organizaciones estudiantiles y obstaculiza el acceso de los jóvenes a la educación superior a través de varios mecanismos como la limitación de cupos en las universidades públicas, la aplicación de un examen nacional de ingreso y la falta de entrega de fondos a las instituciones superiores.
Restricción del ingreso
Pese a la propaganda sobre la “democratización” de la educación superior, bajo este gobierno se ha restringido el ingreso a las universidades públicas.
Pongamos un ejemplo. Antes de que Correa llegara al poder, la Universidad Central tenía 46.000 estudiantes. Ahora la cifra de 37.000. ¿Dónde están los 9.000 que no pudieron llegar? Algunos en la educación privada que debe pagarse. La mayoría está vagando por allí sin estudios ni trabajo. Las autoridades no dan cifras sobre este asunto, pero existe la evidencia de que se ha reducido o se ha congelado el ingreso de bachilleres a la universidad pública.
Pruebas, cupos y limitaciones
El examen o la prueba nacional de ingreso se ha transformado en la pesadilla de los jóvenes. Muchos, sobre todo los que vienen de colegios rurales o barriales, no logran el puntaje requerido y deben esperar uno, dos y hasta tres años intentándolo para obtener un cupo. Cuando lo logran, se les manda a una carrera distinta a la que desean seguir o a otra ciudad, a veces muy lejana. Conozco un caso de un muchacho de Imbabura que aplicó para Medicina y a la cansada pasó el examen, pero le mandaron a Loja a Medicina Veterinaria.
La Senescyt señala cupos para las carreras. Lo más grave es que la prueba de ingreso, que se supone es “técnica”, es la adaptación de un examen de dudoso nivel científico que se base en medir “aptitudes”, lo que ha sido cuestionado como método desde hace cuarenta años y en muchos lugares del mundo ya no se aplica.
Hay gran frustración e injusticia. Muchos jóvenes no logran cumplir sus aspiraciones. Los que van a otra ciudad viven en condiciones terribles, con gastos que sus familias deben afrontar con grandes sacrificios y endeudamientos.
Con la rebaja de los ingresos públicos (la “crisis” que el gobierno dice que no existe) se ha dejado de entregar fondos que por la Ley del FOPEDEUPO le corresponden a la educación superior. Se paga solo sueldos y no se transfieren recursos para inversiones, becas, investigación y cursos de nivelación. Por ello, las instituciones limitan el ingreso de bachilleres. Buena parte se queda fuera.
Contra la libertad de elegir
Ahora pocos jóvenes pueden elegir libremente la carrera que desean seguir. Las reformas del régimen han condenado a muchos a esperar años por un cupo, a no poder estudiar en sus lugares de origen o no seguir la carrera que han elegido. Ante ello, todos los candidatos, hasta los correístas, ofrecen que solucionarán el problema. Pero no dicen como lo van a hacer, unos porque no saben, otros porque en realidad no piensan cambiar las cosas que el gobierno dice que van muy bien.
Desde hace años he venido sosteniendo que se debe hacer una reforma radical de la educación superior para que funcionen organismos como el CES y el CEAACES, desparezca la Senescyt, remplazándola por un secretaría técnica del CES, y se modifique radicalmente el sistema de ingreso.
La necesaria reforma
La experiencia universitaria y legislativa me ha enseñado que hay que actuar rápido y con un gran consenso en la Legislatura. Por ello, propongo que el próximo mes de mayo, apenas se instale la nueva Asamblea, se presente una reforma a la Ley de Educación Superior (LOES), entre otros con estos puntos:
- Primero: Suprimir el examen nacional de ingreso, antitécnico y antidemocrático. El ingreso debe ser responsabilidad de cada institución superior, a base de los lineamientos generales establecidos por el CES y el CEAACES.
- Segundo: Elevar el número de plazas de matrícula para nuevos alumnos en las universidades públicas. Esto es posible y debe hacerse en forma ordenada y progresiva. Por ejemplo, la Universidad Central, la Politécnica y la Técnica del Norte, podrán recibir dos mil cuatrocientos alumnos más cada año.
- Tercero: Ratificar que las universidades públicas son autónomas y gratuitas. Todos podrán entrar en ellas sin trabas. Para lo cual se debe cumplir el mandato constitucional de transferir los fondos completos y a tiempo.
Si con un amplio acuerdo de los diversos sectores parlamentarios y el ejecutivo, se presenta la reforma a la Ley en mayo de 2017, podrá entrar en vigencia en agosto del mismo año. Sus resultados inmediatos ya se verán en octubre. Más jóvenes podrán estudiar la carrera que elija en instituciones públicas gratuitas, cerca de su familia sin gastos adicionales.
Becas y crédito educativo
Complementariamente se debe impulsar un sistema de becas para financiar costos de colegiatura y manutención de quienes ingresan a la universidad. Las becas deben incluir un aporte en dinero para que los mejores estudiantes, sobre todo hijos de familias pobres, puedan mantenerse en la educación superior.
Un sistema de becas con fondos para estadía y manutención es posible. Cuando fui rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sin haber recibido un centavo más de lo legal, lo creamos y mantuvimos desde 1993 hasta este año, aún en medio de la agresión y el recorte de fondos del régimen de Correa.
Manos a la obra
Entre trescientos mil y medio millón de jóvenes se quedaron fuera de la educación superior en los últimos años. Hablar de ello no es suficiente. Hay que tomar las medidas necesarias para que se realice una reforma rápida y eficiente. Esa será una prueba inicial para la nueva Asamblea Nacional. Por ello estamos preparando ya el proyecto de reforma de la LOES y nos comprometemos a discutirlo en un grupo de trabajo con los sectores parlamentarios antes del 15 de mayo próximo para poder presentarlo esa fecha y tramitarlo de inmediato.
Muchos jóvenes han vivido en los últimos años la tensión de ingresar en una universidad o escuela politécnica. Y muchos han experimentado la frustración de no poder hacerlo. Este se ha transformado en uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Hay decisiones que deben tomarse con mucha conciencia y libertad. La elección del trabajo o profesión que se va a ejercer toda la vida es una de ellas. Con frecuencia, el haber optado por la carrera inadecuada o no haber podido ingresar a la que se deseaba le marca la existencia a una persona.
Las políticas que los estados y gobiernos adoptan sobre educación superior tienen gran trascendencia y mucho peso en la vida de la gente. Por ello se debe tomar en serio el ingreso a la universidad, sus condiciones y consecuencias.
Una realidad muy negativa
Hasta 1970 en el Ecuador el ingreso a la universidad en el Ecuador era muy restringido. Por ello, una lucha de los bachilleres logró que se abriera el ingreso a las universidades. Eso trajo apertura, pero también el problema de la masificación y el deterioro. La calidad de la educación bajó, en buena parte por el ingreso descontrolado en las universidades públicas.
En la primera década de este siglo se reveló una grave crisis de la educación superior. Deterioro académico y falta de reglas claras en buena parte de las universidades pública y particulares, ausencia de investigación y de mecanismos de control de la calidad, proliferación de universidades privadas, a veces sin el nivel mínimo para funcionar. Una reforma era necesaria.
Cuando llegó Rafael Correa al gobierno hubo la expectativa de que la reforma se haría. Se tomaron algunas medidas positivas, como la evaluación de las instituciones superiores, pero eso no duró mucho. En 2010 el régimen impuso una Ley de Educación Superior (LOES) que atropella la autonomía de los centros universitarios, establece un control vertical y autoritario, reprime a los profesores y a las organizaciones estudiantiles y obstaculiza el acceso de los jóvenes a la educación superior a través de varios mecanismos como la limitación de cupos en las universidades públicas, la aplicación de un examen nacional de ingreso y la falta de entrega de fondos a las instituciones superiores.
Restricción del ingreso
Pese a la propaganda sobre la “democratización” de la educación superior, bajo este gobierno se ha restringido el ingreso a las universidades públicas.
Pongamos un ejemplo. Antes de que Correa llegara al poder, la Universidad Central tenía 46.000 estudiantes. Ahora la cifra de 37.000. ¿Dónde están los 9.000 que no pudieron llegar? Algunos en la educación privada que debe pagarse. La mayoría está vagando por allí sin estudios ni trabajo. Las autoridades no dan cifras sobre este asunto, pero existe la evidencia de que se ha reducido o se ha congelado el ingreso de bachilleres a la universidad pública.
Pruebas, cupos y limitaciones
El examen o la prueba nacional de ingreso se ha transformado en la pesadilla de los jóvenes. Muchos, sobre todo los que vienen de colegios rurales o barriales, no logran el puntaje requerido y deben esperar uno, dos y hasta tres años intentándolo para obtener un cupo. Cuando lo logran, se les manda a una carrera distinta a la que desean seguir o a otra ciudad, a veces muy lejana. Conozco un caso de un muchacho de Imbabura que aplicó para Medicina y a la cansada pasó el examen, pero le mandaron a Loja a Medicina Veterinaria.
La Senescyt señala cupos para las carreras. Lo más grave es que la prueba de ingreso, que se supone es “técnica”, es la adaptación de un examen de dudoso nivel científico que se base en medir “aptitudes”, lo que ha sido cuestionado como método desde hace cuarenta años y en muchos lugares del mundo ya no se aplica.
Hay gran frustración e injusticia. Muchos jóvenes no logran cumplir sus aspiraciones. Los que van a otra ciudad viven en condiciones terribles, con gastos que sus familias deben afrontar con grandes sacrificios y endeudamientos.
Con la rebaja de los ingresos públicos (la “crisis” que el gobierno dice que no existe) se ha dejado de entregar fondos que por la Ley del FOPEDEUPO le corresponden a la educación superior. Se paga solo sueldos y no se transfieren recursos para inversiones, becas, investigación y cursos de nivelación. Por ello, las instituciones limitan el ingreso de bachilleres. Buena parte se queda fuera.
Contra la libertad de elegir
Ahora pocos jóvenes pueden elegir libremente la carrera que desean seguir. Las reformas del régimen han condenado a muchos a esperar años por un cupo, a no poder estudiar en sus lugares de origen o no seguir la carrera que han elegido. Ante ello, todos los candidatos, hasta los correístas, ofrecen que solucionarán el problema. Pero no dicen como lo van a hacer, unos porque no saben, otros porque en realidad no piensan cambiar las cosas que el gobierno dice que van muy bien.
Desde hace años he venido sosteniendo que se debe hacer una reforma radical de la educación superior para que funcionen organismos como el CES y el CEAACES, desparezca la Senescyt, remplazándola por un secretaría técnica del CES, y se modifique radicalmente el sistema de ingreso.
La necesaria reforma
La experiencia universitaria y legislativa me ha enseñado que hay que actuar rápido y con un gran consenso en la Legislatura. Por ello, propongo que el próximo mes de mayo, apenas se instale la nueva Asamblea, se presente una reforma a la Ley de Educación Superior (LOES), entre otros con estos puntos:
- Primero: Suprimir el examen nacional de ingreso, antitécnico y antidemocrático. El ingreso debe ser responsabilidad de cada institución superior, a base de los lineamientos generales establecidos por el CES y el CEAACES.
- Segundo: Elevar el número de plazas de matrícula para nuevos alumnos en las universidades públicas. Esto es posible y debe hacerse en forma ordenada y progresiva. Por ejemplo, la Universidad Central, la Politécnica y la Técnica del Norte, podrán recibir dos mil cuatrocientos alumnos más cada año.
- Tercero: Ratificar que las universidades públicas son autónomas y gratuitas. Todos podrán entrar en ellas sin trabas. Para lo cual se debe cumplir el mandato constitucional de transferir los fondos completos y a tiempo.
Si con un amplio acuerdo de los diversos sectores parlamentarios y el ejecutivo, se presenta la reforma a la Ley en mayo de 2017, podrá entrar en vigencia en agosto del mismo año. Sus resultados inmediatos ya se verán en octubre. Más jóvenes podrán estudiar la carrera que elija en instituciones públicas gratuitas, cerca de su familia sin gastos adicionales.
Becas y crédito educativo
Complementariamente se debe impulsar un sistema de becas para financiar costos de colegiatura y manutención de quienes ingresan a la universidad. Las becas deben incluir un aporte en dinero para que los mejores estudiantes, sobre todo hijos de familias pobres, puedan mantenerse en la educación superior.
Un sistema de becas con fondos para estadía y manutención es posible. Cuando fui rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sin haber recibido un centavo más de lo legal, lo creamos y mantuvimos desde 1993 hasta este año, aún en medio de la agresión y el recorte de fondos del régimen de Correa.
Manos a la obra
Entre trescientos mil y medio millón de jóvenes se quedaron fuera de la educación superior en los últimos años. Hablar de ello no es suficiente. Hay que tomar las medidas necesarias para que se realice una reforma rápida y eficiente. Esa será una prueba inicial para la nueva Asamblea Nacional. Por ello estamos preparando ya el proyecto de reforma de la LOES y nos comprometemos a discutirlo en un grupo de trabajo con los sectores parlamentarios antes del 15 de mayo próximo para poder presentarlo esa fecha y tramitarlo de inmediato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario