¿Cómo disimular la corrupción?
Lo que el oficialismo no ha calculado es que, tal como van las cosas, el próximo proceso electoral se resolverá en tiempo suplementario… hasta la segunda vuelta. ¿Tendrá el correísmo aliento y recursos para contrarrestar hasta abril el malestar y la indignación del electorado?
12 de enero del 2017
POR: Juan Cuvi
Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.
El Gobierno busca disimular a toda costa cualquier impli-cación que afecte a sus candidatos. El problema es cómo se esconden 33,5 millones de dólares bajo la alfombra".
Alianza País está pidiendo tiempo. Quisiera que, por obra y gracia del reloj, las elecciones de febrero se adelanten. Como cuando un equipo agotado suplica el pitazo final antes de que le encajen más goles. Un mes adicional con crisis económica y escándalos de corrupción pueden fácilmente virar el partido.
Lo que el oficialismo no ha calculado es que, tal como van las cosas, el próximo proceso electoral se resolverá en tiempo suplementario… hasta la segunda vuelta. ¿Tendrá el correísmo aliento y recursos para contrarrestar hasta abril el malestar y la indignación del electorado?
Si el desempleo y la carestía de la vida están minando la adhesión electoral correísta en los sectores populares, la corrupción y el abuso del poder lo hacen entre los sectores medios. Los principales pilares sociales de Alianza País se están cuarteando. Y esto se evidencia en la estrategia del binomio verde-flex (que, de paso, decidió cambiar de color en esta campaña): todo apunta a detener el vertiginoso descenso del apoyo electoral, a sostener ese supuesto 30% de voto duro que le atribuyen algunas encuestadoras.
Las últimas reacciones –por cierto, desesperadas– buscan impermeabilizar a los sectores populares frente a las denuncias de corrupción. Dos frentes simultáneos (desempleo y corrupción) son inmanejables. Por eso, hasta Correa ha decidido arriesgar su decreciente credibilidad para tapar la olla podrida y salvar a su delfín. ¿Será suficiente la demagogia presidencial para desvirtuar unas acusaciones que se vienen como tsunami? ¿Hasta dónde pueden estirar la vieja consigna de que “roban, pero hacen obras”? Inclusive el voto duro puede verse afectado cuando la inmoralidad se desborda.
Hay, no obstante, un problema aún más patético que el descalabro del proyecto político de Alianza País. Como en Brasil, la corrupción rampante amenaza con arrastrar al sistema político en su conjunto. Con cada nuevo capítulo de las novelas Petroecuador y Odebrecht, el morbo y la ansiedad se incrementan. La audiencia se muerde las uñas. Como en un naufragio, los involucrados quieren salvarse pisándoles la cabeza a los otros. Para satisfacción –y vergüenza– de los ecuatorianos, la posibilidad de destapar los enredijos de la deshonestidad política no está en manos de las autoridades nacionales de control y fiscalización.
En tales circunstancias, el meollo de la cuestión radica en cuál candidatura se verá más perjudicada por estos dos casos (y los que, eventualmente, pudieran aparecer hasta abril). Por ahora, el gobierno busca disimular a toda costa cualquier implicación que afecte a sus candidatos. El problema es cómo se esconden 33,5 millones de dólares bajo la alfombra.
Lo que el oficialismo no ha calculado es que, tal como van las cosas, el próximo proceso electoral se resolverá en tiempo suplementario… hasta la segunda vuelta. ¿Tendrá el correísmo aliento y recursos para contrarrestar hasta abril el malestar y la indignación del electorado?
Si el desempleo y la carestía de la vida están minando la adhesión electoral correísta en los sectores populares, la corrupción y el abuso del poder lo hacen entre los sectores medios. Los principales pilares sociales de Alianza País se están cuarteando. Y esto se evidencia en la estrategia del binomio verde-flex (que, de paso, decidió cambiar de color en esta campaña): todo apunta a detener el vertiginoso descenso del apoyo electoral, a sostener ese supuesto 30% de voto duro que le atribuyen algunas encuestadoras.
Las últimas reacciones –por cierto, desesperadas– buscan impermeabilizar a los sectores populares frente a las denuncias de corrupción. Dos frentes simultáneos (desempleo y corrupción) son inmanejables. Por eso, hasta Correa ha decidido arriesgar su decreciente credibilidad para tapar la olla podrida y salvar a su delfín. ¿Será suficiente la demagogia presidencial para desvirtuar unas acusaciones que se vienen como tsunami? ¿Hasta dónde pueden estirar la vieja consigna de que “roban, pero hacen obras”? Inclusive el voto duro puede verse afectado cuando la inmoralidad se desborda.
Hay, no obstante, un problema aún más patético que el descalabro del proyecto político de Alianza País. Como en Brasil, la corrupción rampante amenaza con arrastrar al sistema político en su conjunto. Con cada nuevo capítulo de las novelas Petroecuador y Odebrecht, el morbo y la ansiedad se incrementan. La audiencia se muerde las uñas. Como en un naufragio, los involucrados quieren salvarse pisándoles la cabeza a los otros. Para satisfacción –y vergüenza– de los ecuatorianos, la posibilidad de destapar los enredijos de la deshonestidad política no está en manos de las autoridades nacionales de control y fiscalización.
En tales circunstancias, el meollo de la cuestión radica en cuál candidatura se verá más perjudicada por estos dos casos (y los que, eventualmente, pudieran aparecer hasta abril). Por ahora, el gobierno busca disimular a toda costa cualquier implicación que afecte a sus candidatos. El problema es cómo se esconden 33,5 millones de dólares bajo la alfombra.
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