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Aprovechando su estancia en Quito, el periodista Galo Muñoz Arce, entrevistó a la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, doctora Guadalupe Fierro, para conocer su opinión sobre el drama y paradoja del periodismo ecuatoriano y los medios de comunicación que no comparten la Ley de Comunicación y exigen su derogatoria por atentar contra las libertades democráticas, los derechos humanos y la libertad de expresión.
Guadalupe Fierro a más de periodista, es abogada de la república, sus análisis sobre la deontología de la comunicación, el feriado de las frecuencias, la persecución y procesamiento al periodismo crítico e investigativo, gozan de credibilidad, por tratarse de una profesional con una larga trayectoria ética y transparente. P. Cuál es la panorámica de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión en el régimen del presidente Rafael Correa? R. El Presidente Correa, se ha caracterizado por descalificar cualquier opinión sobre la libertad de expresión y los derechos humanos., actitud que que ha merecido opiniones críticas respetables a la Ley de Comunicación, como es del relator de la Organización de las Naciones Unidas, señor Frank Larue. Cuando se estaba tramitando la Ley, el funcionario de la ONU, envió una carta abierta al señor Presidente de la República, expresando que, “no puede haber un error tan grave al calificar a la comunicación como un “servicio público”. Se trata de expropiar un derecho humano que no debe ser administrado por el Estado. La libertad de expresión es un derecho especial en el conjunto de los derechos fundamentales. No existe proceso de cambio en el mundo que no haya tenido como requisito previo el ejercicio de una opinión discrepante de la sociedad. El derecho a la libertad de expresarse, informar u opinar libremente, así como el de tener acceso a los medios de comunicación, está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas que dice: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. P. El comunicólogo español, Ignacio Ramonet, director de Lemond Diplomático, asegura que Ecuador es uno de los países de América Latina, que más ha avanzado, en materia de libertad de expresión, al estar en vigencia la Ley de Comunicación. Qué opina al respecto?. R. Considero que los intelectuales de izquierda han cometido gravísimos errores al no identificar lo que es la teoría y la práctica, más grave todavía por cuanto han confundido la teoría de la comunicación, con la teoría política. Es una pena que Ramonet haya visto la realidad del Ecuador desde muy lejos y no ha podido confrontar, actos como el linchamiento mediático, la censura y persecución a los hombres y mujeres de prensa, así como las multas y procesos judiciales a medios de comunicación independientes. Cuando se discutía la Ley, la UNP, hizo llegar su opinión exhortando que debía separarse el tema del manejo del espectro electromagnético y el uso de las frecuencias. Al ser calificado por la Ley, el espectro electromagnético como un bien público, el Estado asume la potestad de regularlo, es decir interviene en la divulgación y contenido de mensajes de los medios independientes y comunitarios estableciendo sanciones multas y procesos judiciales a quienes la incumplan. Bajo el concepto de servicio público, nos encontramos con la sorpresa de que el primer país que aplicó esta ley, fue España en tiempos de la dictadura del General Franco, siguiendo las políticas de Hitler y Mussoline. Sería interesante que el señor Ramonet, de origen Español, quien habla de las bondades de la Ley de Comunicación en el Ecuador, nos indique, por qué esas similitudes entre la Ley del Franquismo y la nuestra al considerar que la comunicación es un servicio público. P. Cuál ha sido el impacto de la Ley de Comunicación a través de la aplicación de los modelos: públicos, privados y comunitarios, sobre todo en la distribución de frecuencias radiofónicas y banda abierta de Tv?. R. Uno de los caballos de batalla en los cuales se embancó está Ley, fue la supuesta democratización en la distribución de las frecuencias tratando de llegar a todos los sectores populares. Hay que reconocer, que años atrás, Ecuador es uno de los países con más emisoras comunitarias, en donde la iglesia progresista, liderada por Monseñor Leonidas Proaño, desde la teología de la liberación del oprimido, abrió espacios de comunicación comunitaria, a través de las Escuelas Radiofónicas, logrando empoderar al mundo indígena y popular para afianzar el derecho y acceso a hacer un uso social de los medios de comunicación de doble vía o participativos. Tratando de apoyar esta iniciativa de democratización de espacios comunicacionales, en un primer momento la UNP, presentó una propuesta consensuada desde la óptica de las organizaciones indígenas y movimientos sociales, que no fueron acogidas por los asambleístas de Alianza País, al aprobar una Ley, desde la lógica de sus intereses políticos partidarios, ajena a los intereses ciudadanos. Ha pasado mucho tiempo y no hay nada que ocultar, desde que se hizo la auditoría de frecuencias, los resultados han dejado claro que la distribución de medios radiales y televisivos, está envuelta en vicios de corrupción, que han sido denunciados desde el seno del gobierno. Se acusa a funcionarios de cobrar hasta 200 mil dólares para otorgar frecuencias, dinero que supuestamente sería invertido en la campaña electoral de los candidatos de Alianza País. En la era digital, algunas de las frecuencias que se otorgan como la AM, resultan ser basuras. La adjudicación de frecuencias FM, tienen nombre y apellido, por lo que se hace necesario en cuando termine este proceso, realizar un seguimiento, que sin duda arrojarán nuevas sorpresas, como aquella que encontraron dinero en los tumbados. P. Qué opinión le merece la censura y penalización a la libertad de expresión en los tiempos de la “Revolución Ciudadana”, como es el caso del periodista Jaime Cedillo, director de la Revista “El Observador” de la ciudad de Cuenca, por el delito de haber compartido una investigación sobre La Ruta Criminal del Oro en Ecuador? R. Lo que sucede con Jaime Cedillo es un buen ejemplo para ilustrar todos los defectos de esta pretendida Ley que buscaba ampliar la democracia comunicativa y que ha ocurrido todo lo contrario. El supuesto delito de Jaime Cedillo es haber insertado en las redes sociales, una publicación sobre un tema que ya fue publicado en una revista digital del exterior, por el periodista Venezolano, residente en Miami, Casto Ocando. Lo que calificaría como gravísimo, es el hecho de que cuando se difundió la investigación en el exterior, la fiscalía ecuatoriana, alarmada por esta situación utilizó el material para iniciar un proceso investigativo o una indagación previa. Lo curioso, es que en este caso, se aplica de forma indebida un principio de solidaridad, es decir la culpa de Pedro, si acaso lo hubiera cometido, tendría que pagar Juan. La ley, reconoce el equivocado concepto de solidaridad, que la UNP, está en desacuerdo por el hecho de que compartir una información no da lugar a ser señalado y juzgado como reo o culpable. Esto nos recuerda los tiempos de la última dictadura militar que en su afán de imponer el orden, mediante decreto, dictaminó una Ley que establecía la solidaridad penal, es decir si en un colectivo social, alguien cometió un delito, todos sus miembros se convertían en solidarios de la infracción. Por esa vía la dictadura encontró el expedito para perseguir a quien lo desagradaba. Cuando recuperamos la democracia en 1989, una de las principales leyes que fueron echadas abajo por el Tribunal Constitucional, fue: El Principio de la Solidaridad”, por constituir una flagrante violación del derecho a compartir y respetar la libertad de expresión. Si la Fiscalía Ecuatoriana, tomo el caso para una investigación previa, dio pleno aval para encontrar indicios de hechos delictivos. Pero resulta que, en vez de investigar el hecho y establecer sanciones a los involucrados en la Ruta Criminal del Oro, persigue y enjuicia a quien comparte la denuncia. Con esa lógica, el señor Caupolicán Ochoa, debía demandar a la Fiscalía y al fiscal. Si ellos acogieron la información para abrir una investigación previa, el señor Caupolicán Ochoa si acaso tiene lógica y coherencia jurídica debía demandar a ellos y no a nuestro compañero periodista. Quienes somos formados en el derecho, queremos ver a la justicia aplicada en la sociedad como uno de los fundamentos de la democracia. Cuando vemos fallos como el de la jueza señora Pachar, nos congratulamos y recobramos la fe al no encontrar en la denuncia, ninguna posibilidad de delito. Si el señor Ochoa ha presentado su apelación al fallo, nosotros como Unión Nacional de Periodistas queremos conservar la fe en que la Función Judicial del Azuay, a la que le toque conocer en subida de grado, tenga la actitud digna que ha tenido la jueza de primera instancia. Sería funesto que una función judicial que se ha caracterizado ser una de las mejores y más probas del país tenga una caída tan grave ante una muestra de prepotencia y poder que es lo que ha originado el juicio. Lo que aquí está en juego, es la libertad de expresión, por eso hemos respaldado al compañero Jaime Cedillo Feijoo y consideramos totalmente injusta esta persecución, nacida de alguien que en algún momento ha llegado a acumular tanto poder, para querer meter la mano en la justicia ecuatoriana. Dr. Enrique Ayala Mora Dirigente políticoUna felicitación muy real y sentida para la Revista El Observador, mantiene su línea, mantiene su posición y en términos editoriales técnicos, está cada vez mejor, esa es una muy buena noticia. Lo que es mala noticia, es que una vez más la revista traiga una denuncia grave, de atropello de libertad de expresión de la libertad de investigación, a propósito, de la Ruta del Oro. Yo creo que eso tiene que ser sancionado, primero por la opinión pública y luego por los tribunales Jorge Herrera Presidente de la CONAIE La CONAIE respalda al Lcdo. Jaime Cedillo, director de la Revista “El Observador”, desde todos los rincones del Ecuador y estará pendiente en caso de llevarse a cabo un proceso o sanción y a todo lo que suceda porque tiene a todo un pueblo que lo respalda. En este caso, no es la primera vez, se trata de una persecución política, por pensar distinto y no estar sometido a un ejecutivo. Con toda la experiencia que ha pasado después del levantamiento de agosto del 2015, hay jueces que no han demostrado transparencia y son sometidos a un ejecutivo como parte de la corrupción que se ha vivido en esta última década. Nosotros vamos a seguir firmes en la lucha para la liberación de nuestros pueblos y defender el derecho a la libre expresión. Nosotros estamos esperando que el general Paco Moncayo, llegue a la Presidencia, ganar la Asamblea Nacional y hacer una revisión de la Ley de Comunicación, por que estos casos son los que han ido poniendo candado para restringir derechos de comunicación y perseguir a las personas que están informando de manera transparente al pueblo. Hoy el Lcdo. Jaime Cedillo es uno más de los que están siendo procesados y condenados a una justicia corrupta y en ese sentido nosotros vamos a estar pendientes. Dr. Carlos Pérez Presidente de la ECUARUNARI Nuestra total solidaridad con Jaime Cedillo, un periodista que está cumpliendo con su deber ético de amplificar la noticia, la información. Reprimir, tratar de tapar la vos, intentar silenciar un pensamiento, es una actitud canallesca de cobardía. No puede el poder a través del monopolio de la fuerza, intentar amedrentar. |
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