La semana pasada, la Corte Constitucional ecuatoriana autorizó al
Congreso enmendar la Carta Magna para que, en lugar de permitir solo una
reelección inmediata, permita la reelección indefinida. De aprobarse esta
reforma en el Congreso –en el que el oficialismo tiene una sólida mayoría–, el
presidente Rafael Correa, en el poder desde el 2007,
podría extender perpetuamente un mandato que se esperaba venciera el 2017. Y un
mandato que, dicho sea de paso, ya había logrado prorrogar cuando en el 2009
comenzó un nuevo “primer” período bajo la nueva Constitución que él mismo
promovió, lo que le permitió postular por “segunda” y supuestamente última vez
en el 2013.
Lo que parecen olvidar las autoridades ecuatorianas es que prohibir la
reelección indefinida tiene (al igual que prohibir la reelección inmediata) un
sentido: evitar que aparezca un presidente-caudillo que use su tiempo en el
poder para copar todas las instituciones. Un caudillo que sienta poco probable
que venga alguien después de él para supervisar que haya actuado según la ley,
y que crea que el país es su reino. Uno que se valga de los recursos del
aparato estatal para competir en condiciones desiguales en las urnas. Un
caudillo que, en pocas palabras, se vista de demócrata para instaurar una
dictadura.
Los peligros de perpetuarse en el poder son bien demostrados en el
propio caso ecuatoriano, donde todo parece indicar que –aunque habiéndolo
negado antes– el presidente buscará aferrarse al poder, no contento con los
diez años al mando de Ecuador que tendrá en el 2017 y que viene
usando para someter todas las instituciones de su país.
Así tenemos que en Ecuador la independencia del Poder Judicial está muy
lejos de ser una realidad. Recordemos, por ejemplo, que hace algunos años se reemplazó
el Consejo de la Judicatura (órgano independiente encargado de seleccionar,
ascender y destituir a los jueces) por un “consejo de transición”, integrado
–como denuncióHuman Rights Watch– por miembros elegidos en
la práctica por el propio Correa. La misma organización denunció en su más
reciente reporte anual que el Poder Judicial ecuatoriano ha sido afectado
durante años por la influencia política y ha recordado cómo en diciembre del
2012 observadores de cinco países de América Latina, invitados por el gobierno,
concluyeron que existían anomalías en el proceso de designación de los
magistrados.
Si hablamos del Congreso, por su parte, tenemos que recordar que una
reforma constitucional estableció que el presidente tuviera derecho no solo a
archivar por un año entero cualquier proyecto de ley, sino que incluso pudiese
disolver el Congreso si este obstruyese “el plan nacional de desarrollo” (lo
que se traduce en poder disolverlo cuando considere más conveniente).
El presidente Correa, además, ha aprovechado su tiempo para asfixiar uno
de los controles más importantes que debe tener toda democracia: la prensa
libre. Así, se aprobó una ley de comunicación que permite al Estado controlar
los medios independientes y que con sanciones y multas termina restringiendo la
libertad de expresión. Asimismo, durante el gobierno de Correa se han usado las
cortes para perseguir a periodistas opositores, como cuando la justicia
ecuatoriana sentenció a tres directivos y un periodista del diario “El Universo” a tres años de cárcel y al pago
de US$40 millones de multa por publicar una columna que ofendió a Correa. En
época electoral, además, el gobierno ha prohibido convenientemente la
publicación de opiniones “tendenciosas”, lo que no es otra cosa que una forma
de acallar a la crítica. Esto, por supuesto, por solo mencionar algunos puntos
de una interminable lista de medidas, que fueron bien resumidas por un
secretario de Comunicación ecuatoriano cuando, justificando la actitud
oficialista de persecución a la prensa, aseguró: “Un jardinero debe podar todos
los días la mala hierba”.
Es cierto que lo que sucede en Ecuador no es un fenómeno aislado. En
Bolivia, Evo Morales, presidente desde el 2006, acaba de
ser re-reelegido. En Argentina, Cristina Fernández está en el poder desde el
2007, y se sospecha que podría buscar un tercer mandato. En Venezuela el
chavismo se ha perpetuado en el poder durante más de 15 años. Pertenecer a este
grupo, más que un consuelo por pecar en mayoría, debería ser una señal de
alerta para los ecuatorianos.
Ecuador, en fin,
haría bien en entender que una reforma constitucional que permita la reelección
indefinida no sería más que el último golpe a la famélica democracia ecuatoriana:
la institucionalización de la dictadura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario