Mexicanos se levantan ante el horror en Iguala

Autoridades con vínculos con carteles de la droga, narcotraficantes sicarios que operan con la complicidad de policías; y, ciudadanos y víctimas que viven con el miedo son una muestra de la crisis social que vive México.

La relación de carteles con funcionarios de distintos niveles no es nueva, pero el caso de la desaparición de 43 jóvenes en la ciudad de Iguala, del estado de Guerrero, marca un antes y un después en el mandato de Enrique Peña Nieto, quien es cuestionado por el viaje que realizará este fin de semana a China y Australia en medio de esta crisis que ha generado una fuerte presión nacional e internacional.

Hay consternación y reclamo. La declaración del fiscal general, Jesús Murillo Karam, el pasado viernes, de que por versión de tres de los 74 detenidos en el caso, los estudiantes de la escuela rural normalista de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en un botadero de basura de Cocula, vecina a Iguala, ahonda más el dolor de sus padres y familiares.

Ellos se niegan a reconocer esta versión hasta que haya una comprobación científica. “Quieren darle carpetazo a la población haciéndole creer que todo está resuelto, pero sabemos que están vivos y vivos los queremos”, dijo un padre de los desaparecidos que no se identificó por temor a represalias.

Desde que la Fiscalía General asumió la investigación solo logró reconstruir parte de lo que ocurrió la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala cuando policías municipales atacaron a un grupo de alumnos que se había trasladado para reclamar y recaudar fondos. La orden fue dada por el ahora exalcalde José Luis Abarca. Quería evitar que sabotearan un acto de su esposa, María de los Ángeles Pineda, que se postularía a la Alcaldía.

Cuatro días después de que ocurrieron los hechos se esfumaron. El martes pasado fueron localizados en una modesta vivienda del barrio de Iztapalapa en la Ciudad de México. Ya no ostentaba el lujo que caracterizaba a la ‘pareja real’, como ahora se la conoce. Porque si bien Abarca era el alcalde, cargo al que llegó sin una trayectoria política en septiembre del 2012 de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD), era ella, según adversarios políticos, la que tenía el poder. La pareja, según la Fiscalía, era supuesta socia y operadora de Guerreros Unidos, una organización desprendida del cartel de los Beltrán Leyva.

Fiscales mexicanos señalaron que la pareja utilizaba a este grupo para deshacerse de quienes creía eran sus enemigos.

Ese 26 de septiembre, a causa del ataque, seis personas murieron y otros 43 jóvenes, según confesiones de otros detenidos, fueron entregados por policías a los Guerreros Unidos.

Las escalofriantes declaraciones de tres presuntos guerrilleros apresados, difundidas parcialmente por el fiscal en varios videos, reconstruyen lo que habría pasado después. Los sicarios llevaron a los jóvenes por una vía sin pavimentar que conduce a la Loma de los Coyotes, a medio camino entre Iguala y Cocula. Los embarcaron en un camión y una camioneta y los condujeron hasta el basurero de Cocula.

Cerca de quince llegaron muertos por asfixia y los otros fueron asesinados. Hicieron una hoguera con llantas, gasolina y leña. Quemaron los cuerpos durante 14 horas (hasta la tarde del 27 de septiembre) y colocaron los restos calcinados en fundas de basura que lanzaron en el río San Juan.

Peritos rescataron en el basural una gran cantidad de fragmentos de huesos y dientes, pero debido al grado de calcinación resultará difícil identificación, expresó Murillo.

Las revelaciones del caso difundidas en vivo por la Fiscalía provocaron la inmediata reacción. Unas 300 personas se concentraron con velas en la emblemática plaza del Ángel de la Independencia y luego se desplazaron a la Fiscalía, donde pintaron en la fachada: “#YaMeCanséDelMiedo”. Para el historiador Lorenzo Meyer, ahora “lo importante es cómo va a reaccionar la sociedad mexicana. ¿Va a seguir tan apática como por años lo fue? ¿Tan acostumbrada a que así son las cosas?”. “El estado de shock espero que no sea solo mío, sino que sea compartido por mis conciudadanos. Si esto no produce un shock entre nosotros, ya nada lo puede producir”.

Para Human Rights Watch (HRW), este caso es considerado uno de los “más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina”. Por el momento, los agotados padres de los estudiantes prometen no “bajar la guardia” ante el nuevo giro en las investigaciones al que no dan crédito.