Simón Pachano
Lunes,
10 de noviembre, 2014
La Corte
Constitucional demostró que aprendió la lección que enseña que los caudillismos
no duran sin la presencia del personaje que los creó. Aferrándose a su deseo de
mantener el cargo o de conseguir otro más cercano al líder protector, como ha
ocurrido con otros funcionarios, dieron el visto bueno para que la reelección
pase automáticamente por la Asamblea de las manos alzadas y las cabezas vacías.
Gracias a esa decisión tendrán asegurado su futuro, si es que por seguridad se
entiende el goce de los privilegios del poder y la disponibilidad de unos
cuantos centavos adicionales cuando llegue la hora de su retiro. Pero es
imposible que no sepan que han hipotecado la posibilidad de recibir un saludo
respetuoso al ir por la calle, especialmente cuando baje la marea que ahora
mantiene a flote a tecnócratas y a esa rara especie que es la de los
revolucionarios conservadores.
Parecía
que se había tocado fondo en este tipo de maniobras cuando, por obra y gracia
de su propia voluntad, en el año 2008 se erigieron en Corte Constitucional. En
esa ocasión aprovecharon un vacío de los muchos que dejaron los asambleístas de
Montecristi. Era un vacío que ellos mismos, como integrantes del Tribunal
Constitucional, pudieron hacerle notar a la Asamblea antes de que fuera promulgada
la Constitución. Para ello hubo tiempo entre la difusión de su contenido y la
puesta en vigencia. No lo hicieron y de esa manera tuvieron su oportunidad para
demostrar que sabían hacer buena letra. Con lo de ahora simplemente han
corroborado que la siguen haciendo.
Pero, al
fin y al cabo, ese es un problema que esos personajes deberán afrontar en
términos personales. Lo de fondo y lo que nos afecta a todos es el precedente
que dejaron establecido y los efectos de los cambios que se vienen. Por dejar expedita
la reelección indefinida del caudillo, dejaron pasar también temas que son de
fondo y que tendrán graves consecuencias en la vida nacional. La limitación a
la iniciativa ciudadana para la consulta popular anula toda la verborrea de la
democracia directa y participativa que alimentó a la revolución ciudadana y es
un retroceso enorme en materia de derechos. Los recortes que se harán al amparo
constitucional (artículo 88 de la Constitución) es parte del desmontaje del
garantismo que ha sido anunciado en varias sabatinas y que será seguido por las
nuevas “enmiendas” notificadas por el revolucionario asesor jurídico. Las tres
propuestas que reducen los derechos de los trabajadores del sector público
constituyen un retroceso de más de medio siglo. La definición de la
comunicación como un servicio público será la puerta por la que puedan ingresar
los gobiernos autoritarios al control de la opinión y de la información.
Finalmente, al dejar sin efecto la conformación de regiones (prevista en la
primera transitoria de la Constitución) se altera la estructura del Estado.
Todo eso se lo debemos a unos señores y señoras que quisieron –y lograron–
ganarse un puesto en el Gobierno. Perdón, en la historia.
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