Así se incinera la cocaína en el Ecuador
Luego de años de opacidad, el Ministerio del Interior develó las cifras oficiales e históricas de capturas de droga, su correspondiente destrucción y los saldos correspondientes. Un operativo en Cuenca mostró a varios medios, entre ellos Plan V, la incineración de 10 toneladas de droga. Un informe.
01 de octubre del 2018
REDACCIÓN PLAN V
La semana pasada se destruyó 10.5 toneladas de droga en Cuenca. Fue la segunda incineración del alcaloide que se hizo durante este año y también la segunda a cargo del Ministerio del Interior, desde que esa cartera de Estado asumiera esta tarea después de la eliminación de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas (Seted) en abril pasado.
Según el Ministerio del Interior, en bodega aún existen 25 toneladas por quemar y para octubre esperan eliminar 20 toneladas más. Interior recibió de la Seted, a corte 19 de junio pasado, 11.2 toneladas y desde esa fecha hasta la semana pasada llegaron a sus bodegas 27.45 toneladas más. De esas 38.65 toneladas, cuatro fueron destruidas en julio y la semana 10.5 más. Hasta la semana pasada había un saldo de 34 toneladas en las bodegas de Interior por quemar, pero con la última incineración de 10.5 toneladas esa cifra bajó 24.17 toneladas.
Los paquetes de droga son trasladados hacia el sitio donde se efectúa la incineración, en Cuenca.
61,04 tm
de droga han sido capturadas en lo que va del año.
Pero esa cantidad puede aumentar. Según Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la Policía ha incautado 61.04 toneladas en lo que va del año, de las cuales solo 30 toneladas han sido depositadas en el Ministerio del Interior para su quema, y adicionalmente pueden haber más incautaciones en lo que resta del año.
El funcionario estuvo en la destrucción de la droga en Cuenca, que se realizó bajo estrictas normas de seguridad en una empresa privada y con la presencia del doctor José Miguel Torres, juez de Garantías Penales de la Unidad de Flagrancia de Guayas. La droga destruida correspondía a cinco operativos contra cargamentos, que en su mayoría iban a ser exportados a través del puerto de Guayaquil. La mayoría de la droga era cocaína y estaba embalada en material impermeable para que no se moje y marcada con logotipos, que usan los grupos narcotraficantes para identificar las droga.
El juez de garantías penales muestra los paquetes de alcaloide antes de la incineración.
Una de las inquietudes alrededor de estos procesos ha sido la transparencia de las cifras sobre cuánta droga efectivamente ha sido quemada. Y la inconsistencia de las cifras, de acuerdo con Tipán, se deben a tres factores. Una de ellas sería un problema técnico. Tipán explicó que los datos de la Seted (y antes el desaparecido Consep) y de la Policía Nacional no son iguales porque ambas entidades pesaban de forma distinta el cargamento, porque sus balanzas no estaban homologadas.
“Cuando hablamos de droga estamos hablando de gramos, la balanza debe tener la capacidad de medir en gramos. Las balanzas de la Policía y de la Seted no están calibradas de igual forma para medir esto al detalle”. La nueva administración a cargo de la ministra María Paula Romo ha dicho que va a homologar las balanzas.
La segunda razón es el peso de la droga neto versus el peso en bruto de la droga. El primero corresponde solo al peso del polvo (o líquido) de la droga, mientras que el segundo incluye el empaque que puede ser desde una envoltura en plástico hasta botellas cuando se trata de droga líquida. “Solo el peso neto es lo que está sancionado y es lo que permite establecer la pena”, dice Tipán. Cuando incauta la droga, la Policía no saca las envolturas e informa sobre el peso en bruto del cargamento. Este es el procedimiento que el Ministerio del Interior recibió de la Seted y que en su análisis histórico ha identificado que no siempre se diferenció peso neto del peso en bruto, además que no hubo un protocolo detrás de esto. La nueva Ministra ha dispuesto trabajar en un reglamento de sustancias sujetas a control y fiscalización porque el mecanismo de incautación y destrucción debe estar en una normativa.
La verificación científica de que los paquetes son de cocaína se realiza mediante técnicas de laboratorio. El reactivo produce una coloración azul el momento en que toma contacto con el alcaloide.
20 tm
de droga se tiene previsto incinerar en octubre de este año.
Y un tercer factor tiene que ver con el tiempo de la droga en las bodegas. Tipán dice que en el 2016 encontraron que aún droga de 1992 no había sido destruída. La droga tiene una composición química y el peso puede variar dependiendo de cuánto tiempo ha pasado entre lo que fue fabricada y cuando es quemada. Dice que existe un proceso de evaporación de ciertas sustancias químicas, como cuando se deja una botella alcohol abierta y su contenido se evapora. En el caso de la cocaína se usa gasolina para procesarla y este elemento también se evapora y de ahí que existe una alteración respecto a los pesos. Según la cifras entregadas por la Seted al Ministerio del Interior, desde 1992 hasta mayo de 2017, 6.1 toneladas de droga acumulada en bodegas. En la actualidad, Tipán asegura que en las bodegas solo existe droga de 2016 hasta 2018. Por eso lo ideal es destruirla lo más pronto posible y de ahí que en las reformas del COIP se estableció que la droga sea destruida en máximo 15 días.
Pero ese problema aún continúa, según el funcionario. Para quemar la droga se necesita una orden judicial. Esa disposición solo puede venir del mismo juez de la causa. La acumulación depende de si los jueces ordenan o no la destrucción de la droga. Tipán recuerda que esa fue una de las principales razones para hallar droga embodegada de 1992 porque no hubo orden judicial o esos procesos judiciales ya se habían extinguido. En 2016 hubo una excepción pues se destruyó la droga después de solicitar un acto urgente al Consejo de la Judicatura para que ordenara a un juez que se encargue de este proceso. Pero ese cuello de botella aún permanece. “He enviado tres oficios al Consejo de la Judicatura solicitando que instruya a los jueces para que ordenen la destrucción de la droga”, dijo Tipán a Plan V. Se refiere a las 20 toneladas que tienen previsto quemar en octubre.
Trabajadores proceden a quemar las piezas de alcaloide en los hornos de una empresa cuencana.
En precursores químicos el tratamiento es otro. Hasta el momento existen 326 toneladas en las bodegas del Ministerio incautadas desde el 2017. Dentro de este grupo están los precursores decomisados a miembro del grupo armado de alias Guacho, cuyo operativos se dieron a inicios de este año. Esas sustancias se las subastan, se las donan a empresas públicas o se las destruyen cuando han perdido un valor químico. En ese caso, Interior no necesita la orden de juez.
USD1,46
cuesta al Estado la incineración de cada kilo de droga.
La estimación del costo de las USD 61 toneladas incautadas desde el 1 de enero hasta el 11 de septiembre pasado es de USD 5.141 millones de dólares en el mercado internacional. El 86% de esa droga era para exportación y el 14% para consumo interno. Para la destrucción de la droga, en el 2016 el presupuesto fue de USD 74.851; en el 2017, de USD 117.115; y en el 2018, de USD 110.00. La quema de cada kilo droga cuesta al Estado USD 1,46. La empresa privada en ocasiones apoya la destrucción de la droga como ocurrió la semana pasada donde dos industrias cuencanas prestaron sus hornos.
Pero el Ministerio del Interior analiza otras formas de destruir la droga. Una de ellas es el encapsulamiento. Esto significa mezclar en igual proporción cemento, cal y droga. El cemento y la cal anulan la reacción química que tiene la droga y queda almacenada en un bloque de cemento. Esto tiene ventajas en incautaciones de pequeñas cantidades en poblaciones alejadas de los centros de incineración, dice Tipán. Si se incauta en Shushufindi, el horno más cercano está en Orellana, lo que significan un viaje de 6 horas poniendo en peligro la vida de los funcionarios que la trasladan. La propuesta es que la persona encargada de la quema de droga se mueva al lugar de la incautación y proceda a la incineración con un juez de la localidad. A su vez el bloque de cemento puede ser almacenado, usado como adoquín o ser destruido en una escombrera.
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