El gobierno de Lenín Moreno cree que la responsabilidad por la fuga de Fernando Alvarado está en los funcionarios medios del Ministerio de Justicia encargados del sistema de rehabilitación social, incluyendo a los operadores del ECU 911 encargados del monitoreo del grillete electrónico que el ex zar de la comunicación correísta llevaba puesto por orden de una juez. Por eso, decidió cancelarlos a todos.
La decisión de despedir a los mandos medios del Ministerio de Justicia demuestra que el tema de Fernando Alvarado no era, para el régimen, un asunto que ameritaba un operativo de seguridad e inteligencia concebido por el Alto Gobierno, es decir por aquellos funcionarios cuya responsabilidad no es únicamente cumplir órdenes y funciones establecidas por las normas, sino entender cuáles son los intereses más importantes para el Estado, entre los que obviamente tenía que estar el tema de Fernando Alvarado. En otras palabras, para el gobierno de Moreno, la calentura estaba en las sábanas.
Fernando Alvarado no era un personaje cualquiera, y si llevaba grillete electrónico, en lugar de haber sido condenado a prisión preventiva, era de suponer que la supervisión sobre él debía haber sido cercana, especializada y con el involucramiento personal de, al menos, el ministro de Justicia, Paúl Granda. Alvarado es todo un emblema de un ejercicio del poder basado en el abuso del poder y en la dispocisión de los bienes públicos como si fueron privados. Por eso, su suerte es un tema de especialísimo interés social y el gobierno no podía abstraerse de ese hecho.
Según Xavier Andrade, penalista y profesor de la Universidad San Francisco, consultado por 4P, había al menos dos circunstancias que hacían imperativo imponer sobre Alvarado una vigilancia especialísima. La primera, el hecho de que sobre el ex secretario de la Secom hay 11 procesos judiciales por casos de corrupción. No se trata, entonces, de un simple caso más de corrupción sino de una persona que es todo un emblema de la corruptela correísta. Tener 11 casos encima en lugar de uno o tres, dice Andrade, hacía ya una diferencia gigante. Esto, sumado al significado de su perfil de operador máximo del abominable aparato de propaganda del gobierno de Correa, hacía de él un personaje que debía haber sido custodiado con un celo extraordinario y con un sentido político impecable.
La segunda circunstancia que hacía que el caso de Alvarado ameritaba una vigilancia estrecha y un sistema de inteligencia especial es la noticia, que se produjo una semana antes de su fuga, y que tiene que ver con la decisión de uno de sus ex colaboradores de entregarse a la justicia para colaborar como testigo protegido. Fue el caso de Pablo Yánez, quien había sido su mano derecha en la Secretaría de Comunicación. Si Yánez había pedido protección para colaborar con la Fiscalía, dijeron los penalistas, es porque su caso es sensible y evidentemente iba a hacer de Alvarado una persona con “probabilidad alta de fuga”. ¿Cómo es entonces que si Yánez ofrece colaborar no se extremaron las medidas de seguridad sobre Alvarado? El anuncio de Yánez volvía a Alvarado nuevamente en un una “persona con alta probabilidad de fuga” y lo obvio y responsable era poner un equipo de inteligencia a seguirle los pasos.
La rueda de prensa que las autoridades dieron el domingo 21 de octubre, demuestra que el Estado no tomó en cuenta ninguna de estas consideraciones y que a Alvarado se le dio un trato como si se hubiese tratado de un personaje secundario con pocas probabilidades de que huya. En esa rueda de prensa se evidenció además que, a pesar de toda la información que el grillete proporcionaba sobre los desplazamientos de Alvarado, algunos de los cuales eran, por decir lo menos, “llamativos” de Alvarado, no se tuvo siquiera la cautela de hacer una investigación para saber en qué se hallaba el personaje de marras.
La técnica del Ministerio de Justicia indicó con pelos y señales los sitios que Alvarado recorrió los dos últimos días que llevó el grillete encima. El viernes había ido a presentarse ante la justicia en Guayaquil, de ahí se dirigió a Durán, luego a Quevedo y de ahí hizo cinco horas hasta Quito donde recorrió la Ruta Viva, entre otras arterias de tránsito. Al día siguiente subió hasta la zona del teleférico, desde donde bajó para luego ir al Quicentro Shopping y de ahí a la Avenida Simón Bolivar donde el grillete indicó que se quedó quieto durante dos horas, hasta que llegó el mensaje por Whatsapp en el que gentilmente Alvarado comunicaba que se había ido del país. ¿Cómo es posible que ante la información de un desplazamiento tan llamativo nadie en el Ministerio de Justicia se preocupó por saber en qué se hallaba el angelito?
Más increíble, sin embargo, es que Alvarado no fue objeto de un operativo de inteligencia desde que se le colocó el grillete a pesar de sus antecedentes personales y todo lo que representa. Se sabe que tiene recursos económicos, buenas relaciones y vínculos políticos con mucha gente que le debe favores o no quieren que hable de ellos. ¿Así y todo no había un equipo de inteligencia siguiéndolo, viendo a quién frecuentaba, a quién llamaba, por dónde se desplazaba?
Los penalistas consultados por 4P creen, además que, dado el perfil de Alvarado, era absurdo permitirle movilizarse por el país, como pudo hacerlo. Según ellos, se le debió haber regulado el grillete para que solo pudiera desplazarse dentro de Guayaquil y así evitar que se acercara a fronteras o aeropuertos desde donde podía salir del país. En el caso de otras personas que tuvieron que usar grilletes, como Fernando Villavicencio o Cléver Jiménez, el dispositivo les impedía salir del perímetro de las ciudades donde estaban. ¿Por qué ellos sí tenían límites y Alvarado no?
El Estado ecuatoriana falló de una forma escandalosa en su obligación de asegurarse que un personaje como Alvarado no huya y goce de las más absluta impunidad. Es evidente que los más altos funcionarios fueron incapaces de entender lo que Alvarado representaba para la sociedad: corrupción, cinismo y prepotencia. Si lo hubieran entendido, su monitoreo hubiera sido un tema de Estado y no de funcionarios de medio pelo que ahora ya están en el desempleo.
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