El observador

POR: Diego Delgado Jara Publicado en la Revista El Observador (Octubre de 2018, edición 107)

¡Increíble! ¿No se evaluará sentencias de los jueces correístas?

La consulta popular del 4 de febrero del 2018, se dijo que era para descorreízar al país y sobre todo la Administración de Justicia por los terribles atropellos que se habían producido en ese período dictatorial. No obstante, informa toda la prensa del país: “POR UNANIMIDAD, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó una resolución que prohíbe la evaluación de cualquier funcionario judicial, incluyendo a los 21 jueces y 21 conjueces de la Corte Nacional.” (Últimas Noticias, jueves 20 de septiembre del 2018, pág. 8.) Diario La Hora informa en su primera página, edición del jueves 20 de septiembre del 2018 lo siguiente: “JAQUE A LA JUDICATURA. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana de transición (CPCCS-t) aprobó por unanimidad una resolución en la que ordena a los vocales encargados del Consejo de la Judicatura que no evalúen a la Función Judicial, particularmente a la Corte Nacional de Justicia.” Esta petición de NO analizar los contenidos de las sentencias emitidas durante el correísmo era exactamente lo que solicitaba el pleno de la Corte Nacional, según exposición de la presidenta de dicho organismo, doctora Paulina Aguirre. (Expreso, martes 18 de septiembre del 2018, pág. 3.) Prosigue diario La Hora: “La decisión deja prácticamente sin margen de acción en este tema a la Judicatura (de transición), ya que la resolución también dispone que no ejerza las facultades previstas en el numeral 3 del artículo 181 de la Constitución, que establece la potestad de “dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanciones …” Todo lo pendiente lo realizará el nuevo y definitivo Consejo de la Judicatura, que se nombraría en los próximos diez días. ¿Quienes serán parte del nuevo Consejo de la Judicatura? Para designar al nuevo Consejo de la Judicatura se necesitan cinco vocales, del siguiente origen: 1. Del Ejecutivo, por terna. 2. De la Asamblea, por terna, donde existen 74 de los 137 elegidos por Alianza País, que se juntan siempre (entre morenistas y correístas), como por ejemplo para que no sea enjuiciado políticamente el vicepresidente Jorge Glas, el ex presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh, o Augusto Espinosa, ministro de Educción de Correa, entre otros. 3. De la Corte Nacional, producto del concurso dirigido por Gustavo Jalkh, quien lo presidirá. 4. De la terna de la Fiscalía, cuyas autoridades fueron designadas en el período del ex Fiscal Galo Chiriboga Zambrano. 5. De la terna de la Defensoría Pública. ¿Alguien duda quién dispondrá de la mayoría en este Consejo de la Judicatura definitivo? ¡Las Cortes del correísmo no serán molestadas! ¿No revisar el contenido de las sentencias? Durante el correísmo se llevaron a cabo, sobre todo en materia penal, injusticias monumentales. Si se obstruye el análisis y evaluación de los contenidos, nadie será molestado por las sentencias derivadas de un golpe de Estado que jamás existió como fue el 30 de septiembre del 2010, cuando se mandó a la cárcel a cientos de compatriotas por la subordinación a la mitomanía de Correa de parte de 115 jueces y 65 fiscales. (El Comercio, jueves 20 de septiembre del 2018, pág. 1 y 6.). ¡Nunca hubo golpe de Estado ni intento de magnicidio! ¡Han pasado ocho años y todavía no saben quien es el golpista! ¿No se revisarán ni analizarán las sentencias infames contra los jóvenes del Mejía, del Montúfar, del Central Técnico, de los diez de Luluncoto, de los ambientalistas y defensores del agua, de los cientos de dirigentes populares e indígenas de la persecución correísta? ¿No se fiscalizarán ni evaluarán las resoluciones prevaricadoras emitidas contra diario El Universo para el pago de cuarenta millones de dólares (con la sentencia llevada redactada para el juez Paredes), de varios millones de dólares en contra de los autores de El Gran Hermano, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, o de las infames resoluciones judiciales en contra de Fernando Villavicencio, Cléver Jiménez, Galo Lara, Carlos Figueroa y de tántos otros ciudadanos? ¿No se alegrará Correa con una medida que favorece y protege a sus alfiles en la función judicial, a determinados jueces y fiscales tan eficientes para la persecución y esmerados en servirle en los atropellos y represión inaudita e insoportable? ¿No podrían estos mismos jueces tramitar acciones de protección para declarar nulo todo lo actuado por el consejo de participación ciudadana y control social transitorio? ¿No resulta todo lo actuado una tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano?