Décimo periodista mexicano asesinado, luego de recortar fondos para protección.
Otro periodista fue asesinado en México justo un día después de que Reporteros sin Fronteras (RSF) se alarmara al enterarse de los planes del gobierno mexicano de recortar los fondos para la protección de los periodistas. RSF nuevamente pide al gobierno que intensifique la protección.
Mario Leonel Gómez Sánchez fue asesinado a tiros por hombres en una motocicleta en la calle cuando salió de su casa en Yajalón, en el estado sureño de Chiapas, el 21 de septiembre. A los 40 años, fue corresponsal del diario regional El Heraldo , que a menudo cubría el crimen y el aumento de la violencia en la región.
Desde 2010, Gómez había estado recibiendo amenazas de muerte regulares y mensajes anónimos que le decían que dejara de cubrir los casos de presunta corrupción que implicaban a funcionarios municipales. Había presentado tres quejas ante las autoridades de Chiapas y había solicitado protección.
El fiscal del estado de Chiapas dijo a RSF que dos guardaespaldas de la policía fueron asignados a Gómez en septiembre de 2017, pero que fueron retirados por su propia solicitud en diciembre de 2017. Esto fue contradicho por su familia, que dijo que recibió protección en 2016 solo para que se retirara rápidamente. El mismo año sin ningún motivo.
La muerte de Gómez eleva a diez la cantidad de periodistas asesinados este año en México, siete de los cuales fueron asesinados en conexión directa con sus actividades periodísticas. RSF sigue investigando los casos más recientes.
La víspera del asesinato de Sánchez, el Consejo Consultivo del Mecanismo Federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas confirmó en una conferencia de prensa en la Ciudad de México que el gobierno estaba recortando los fondos para la protección. Creado en 2012, el Mecanismo Federal está vinculado al Ministerio del Interior de México, conocido como SEGOB.
"Este último asesinato ha puesto de relieve la falta de voluntad del gobierno para frenar la espiral de violencia que ha afectado a los periodistas de México durante años, y la necesidad de mantener e incluso reforzar el Mecanismo de Protección", dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire. "Las autoridades deben respetar los compromisos que asumieron en 2017, después de la muerte de Javier Valdez, o de lo contrario se convertirán en cómplices de los próximos actos de violencia contra periodistas".
El Mecanismo opera actualmente más de 3.500 medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos en peligro. Las medidas incluyen escoltas policiales, cámaras de vigilancia, centros de recepción y dispositivos de alarma. Algunas de estas medidas de protección ahora podrían ser suspendidas y las nuevas solicitudes de protección rechazadas.
De los 126 millones de pesos buscados por el Consejo Consultivo para cubrir, hasta fin de año, medidas de protección para los 727 beneficiarios actuales del Mecanismo (que incluyen a 302 periodistas), SEGOB ha aprobado hasta el momento solo 76 millones. Confirma que el gobierno saliente del presidente Enrique Peña Nieto no tiene interés en brindar a los periodistas una mejor protección.
El presupuesto del Mecanismo para 2019 será aprobado por el congreso mexicano en diciembre, poco después del juramento del presidente electo Manuel López Obrador. Luego, le corresponderá a López Obrador decidir si se adopta una política plena y efectiva para proteger a los periodistas y prevenir ataques contra ellos, según lo solicitado por RSF durante la campaña electoral.
La Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México y muchas ONG locales e internacionales de libertad de prensa también han expresado su preocupación por el futuro del Mecanismo.
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