Ochoa: siete razones para mandarlo a casa

Documentos sobran, y prueban las violaciones a la ley del titular de la Supercom, según asambleístas. El juicio político arrancó.

ROBERTO AGUILAR / QUITO / 02 FEB 2018 / 00:01

Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar (CREO) son los proponentes del juicio. Junto a ellos, Mercedes Cuesta y Patricio Donoso, durante el acto de presentación.
Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar (CREO) son los proponentes del juicio. Junto a ellos, Mercedes Cuesta y Patricio Donoso, durante el acto de presentación. (CORTESÍA / API)
Son 514 páginas de argumentación jurídica y anexos. Caso Teleamazonas. Caso El Comercio. Caso Martha Roldós... La sustentación del juicio político contra Carlos Ochoa, el superintendente de Comunicación del correísmo (y del morenismo), lo pinta como el ejemplo emblemático de la arbitrariedad en la guerra contra los medios. Aplicación discrecional de la ley, abuso de autoridad, atentado contra la propiedad privada... La lista de irregularidades que se imputan al funcionario es larga y bien documentada. Con ella, los asambleístas proponentes, Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, ambos de CREO, confían en convencer al Consejo de Administración Legislativa sobre la procedencia del juicio. Aquí un compendio de los argumentos presentados.

Interpretación extensiva de la Ley

1.Entrevistada por Teleamazonas, Lourdes Cuesta criticó duramente a la Supercom. El organismo consideró que sus palabras atentan contra su honor y el de su titular. En primer lugar, porque los organismos del Estado no son sujetos de derecho. Estos corresponden a los ciudadanos, precisamente para protegerlos de los abusos del Estado. En segundo lugar, porque el superintendente no puede utilizar el aparataje estatal para defenderse a sí mismo. La decisión de la Supercom no solo viola el derecho de Lourdes Cuesta y el de Teleamazonas de expresarse libremente, sino el de la colectividad, que se ve privada de conocer sus opiniones. El caso sienta un precedente nefasto.

Aplicación discrecional de la Ley

2.Carlos Ochoa procedió con condescendencia frente a actores políticos de su agrado (y que violaron la Ley de Comunicación) y se comportó sancionador y punitivo con quienes criticaban al gobierno. Ejemplo: las sabatinas de Rafael Correa incurrieron en delitos de difamación, pero ningún proceso fue abierto para abordar estos casos. Esta conducta es un atentado contra la seguridad jurídica: la ciudadanía no dispone de certezas sobre el tratamiento que recibirán sus denuncias (y las del poder).

Abuso de autoridad

3.Carlos Ochoa ha reservado para sí el derecho (inexistente) de ser demandante, juez y parte de los procesos que instaura contra los medios que persigue. Además, imponiéndoles multas de manera discrecional, ha violado el principio (consagrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) según el cual la facultad del Estado de disponer de bienes, fondos y cuentas de los medios de comunicación no es un derecho absoluto.

Atentado contra la propiedad privada

4.Un total de 500.172 dólares impuestos en multas en 817 procesos contra medios de comunicación constituyen un atentado contra la propiedad privada cuando no persiguen un fin legítimo, como es el caso: esas multan persiguen la imposición de una censura previa en los medios y entorpecen el derecho a la libre comunicación de ideas.

Permisividad ante el uso de dinero público

5.La Constitución impide a los funcionarios públicos actuar en casos en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo que representan. En el caso Teleamazonas, Carlos Ochoa incumplió esta disposición constitucional al inmiscuir sus derechos personales dentro del proceso del cual era sustanciador.

Uso del estado para intereses privados

6.300 mil ejemplares de la Ley de Comunicación fueron impresos con sospechosos “errores de transcripción”. Todo con un costo. El superintendente no tomó medidas para sancionar ese dispendio de recursos públicos.

Sanción con base en normas inexistentes

7.No solo que los ejemplares impresos de la ley contenían errores de bulto, sino que Carlos Ochoa no tuvo reparo en aplicarlos para sancionar a varios medios de comunicación.

La persecución de la Supercom contra Granasa

Fue una ley construida bajo una premisa oficial: el control de los medios. Y la Superintendencia de Comunicación (cuya creación fue ilegal al ser incluida tardíamente) se convirtió en la herramienta perfecta para someter, sobre todo, a los medios privados a esa visión.

Gráficos Nacionales (editora de Extra y EXPRESO) está en la larga lista de afectados. Carlos Ochoa, titular de esa instancia, firmó la primera resolución contra Extra apenas dos meses después de haber sido posesionado, en 2013. Desde entonces se han abierto, al menos, 44 procedimientos, lo que equivale a casi uno por mes. La Supercom (en procesos iniciados, sustanciados y resueltos por sus mismos funcionarios) impuso amonestaciones escritas, rectificaciones y multas que superan el millón de dólares. Esa es una pelea que ahora está en el Tribunal Contencioso Administrativo.

En todos estos años Ochoa no ocultó su animadversión en contra de esta casa. En febrero de 2014, el funcionario incluso sugirió que Extra debía “cambiar su política”. Añadió: “Yo creo que le haría muy bien a este país que el diario Extra rectifique su línea editorial”.

Lo dijo tras haber ordenado dos rectificaciones. Él consideró que hubo tratamiento morboso de la información. Y es que Ochoa (que nunca aceptó una entrevista personal con Extra o EXPRESO) jamás tuvo problemas para justificar una sanción aunque sea desproporcionada. Impuso, por ejemplo, el pago del 10 % de la facturación promediada de los últimos tres meses a Granasa por un faltante del 1,47 % de información intercultural, contradiciendo así el principio de proporcionalidad previsto en la Constitución. Y echó mano de una particular lectura de la semiótica al sancionar a Extra por una noticia publicada sobre el accidente de Malaysia Airlines, en 2014.

Como EXPRESO se lo dijo entonces, los funcionarios de la Supercom sentenciaron a tenor de teorías dispersas que nunca juzgaron la publicación de Extra sancionada, y condenaron con verbos condicionales que significan posibilidad pero nunca certeza. A mayor ahondamiento, los funcionarios censuraron la metáfora de un titular.