La Prefectura de Azuay recibe multa de $ 7.500

Los trabajadores están distribuidos en dos edificios. Uno en la calle Bolívar y otro en el parque de San Blas. Foto: Fernando Machado / EL TELÉGRAFO Los empleados de la institución, según la Dirección de Trabajo, no han cobrado sus remuneraciones de marzo. Redacción Ciudadanía Cuenca.- Una multa de 20 salarios básicos unificados fijó la Dirección Regional del Trabajo en Azuay, en contra de la Prefectura de esta provincia, por el retraso en el pago de los sueldos a sus trabajadores. Son 232 empleados que no han recibido sus remuneraciones correspondientes al mes de marzo, lo que motivó la sanción que equivale a $ 7.500. El Gobierno Provincial del Azuay tiene 48 horas para apelar la decisión que fue notificada este martes. Según el director regional de Trabajo, Fernando Carvallo, las autoridades de la Prefectura no han cancelado, tampoco, los fondos de reserva de los obreros de la institución, lo que significa una “concurrencia de varias faltas”, por lo que se aplica la mayor sanción prevista en la Ley, indicó el funcionario. El director de Trabajo añadió que en uno de los oficios recibidos desde la Prefectura, y firmado por Jorge Arce, director financiero del Gobierno Provincial, se justificaba el retraso de los sueldos señalando que “no se ha recibido la transferencia (del Gobierno Nacional) del mes de abril” y, por ello, no se paga el sueldo de marzo. “No está en mi competencia conocer el funcionamiento financiero de la Prefectura, pero nos parece ilógico que se quiera pagar el sueldo de marzo con la transferencia de abril, mes que todavía no termina”, dijo Carvallo. Arce ayer en Radio Tomebamba, insistió que el Gobierno Nacional mantiene una deuda con esta institución que es de $ 11,7 millones, de los cuales $ 5 millones corresponden a un convenio con el Banco del Estado para riego y drenaje en varios sectores de la provincia de Azuay. También mencionó que no han recibido $ 929.000 por concepto de IVA correspondiente al año 2015, entre otras deudas, según el funcionario. El director regional del Ministerio del Trabajo indicó que la sanción no representa una represalia, sino que va encaminada a garantizar el derecho de los trabajadores a recibir sus sueldos a tiempo. Juan Pablo Cordero, asesor legal del Ministerio de Trabajo, coincidió en que la acción legal está plenamente justificada. La gobernadora María Augusta Muñoz sostuvo que tras una revisión de cuentas con el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Finanzas y el Banco del Estado, los pagos desde el Gobierno a la Prefectura están “al día”. (I)

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