Partido de Correa en jaque por la corrupción

LEÓN HERNÁNDEZ

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El Gobierno de Rafael Correa tiene características que lo enmarcan en el modelo de dictaduras disfrazadas de democracias, con inexistencia de independencia de poderes públicos. Las denuncias de corrupción no tocan a los más altos funcionarios del Gobierno. ¿Podría ser de otra manera, tomando en cuenta que el Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, es primo lejano del mandatario? Tal vez sí, pero este no parece ser el caso.

Los próximos comicios presidenciales en ese país suramericano se efectuarán el 19 de febrero, bajo el ventajismo propagandístico del partido Alianza País de Rafael Correa. El proceso, como se expone a continuación, estará caracterizado por la pérdida de popularidad del oficialismo, producto de escándalos de corrupción, ventajismo propagandístico y latente posibilidad de fraude.

Una mirada profunda a Refinería Esmeraldas

El periodista Fernando Villavicencio concedió a el Nuevo Herald una entrevista desde la clandestinidad. Está acusado de revelar información confidencial, por destapar una gran red de corrupción por medio de un portal web llamado Focus.

Semanas después de darse a conocer sus informaciones, el presidente Correa solicitó al Fiscal General un juicio penal en su contra y a partir de entonces fue emitida una orden de prisión. La denuncia de este comunicador ha sido puntal para la pérdida de prestigio de una gestión corrupta y no tan próspera por la caída de los precios del petróleo.

“El caso más grave de corrupción revelado en 10 años lo hizo Focus y mi persona, en abril de 2016. Involucra una masiva corrupción en los contratos realizados en la repotenciación en la refinería estatal de Esmeraldas. Un proyecto que hace 10 años, 2007, inició costando $187 millones, y que luego de prácticamente una década al país le han pasado una factura de $2,200 millones”, comenta.

EN ECUADOR NO HAY LICITACIÓN. TODAS LAS GRANDES OBRAS SON CONTRATADAS DE MANERA DIRECTA POR LAS AUTORIDADES. EN ESTE CASO, LA RESPONSABILIDAD CENTRAL RECAE SOBRE EL PRESIDENTE CORREA Y EL CANDIDATO A LA VICEPRESIDENCIA JORGE GLAS ESPINEL
Fernando Villavicencio, periodista, investigó la corrupción

Según refiere el periodista, unas 20 personas están sindicadas por los hechos, desde el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien tiene orden de captura y está prófugo, aparentemente en Estados Unidos, hasta contratistas privados vinculados a compañías, como Ramiro Luque y Marianela Meza, “que están en Miami y están prófugos”, asegura.

“Acaban de emitir una orden de prisión para Carlos ‘Charlie’ Pareja Cordero, que se entiende que también está prófugo en el Perú. Hay una cadena de implicados bajo las figuras de distintos delitos como lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias y peculado”, por la denuncia presentada por Focus y Fernando Villavicencio de irregularidades en contratos en Petroecuador.

Refiere el comunicador en la clandestinidad que de los $2,000 millones, han sido descubiertas pequeñas cantidades gracias al aporte de Panamá y de otros países, en cuentas bancarias de off shore de Álex Bravo, Carlos Pareja Yannuzzelli y contratistas de Petroecuador, pero las grandes sumas de dinero aun no aparecen. Apenas se habría identificado el destino de $13 millones.

Pero surge la pregunta, ¿si hay órdenes de captura, se podría denunciar complicidad por parte del mandatario y su círculo más cercano? Villavicencio asegura que, precisamente, las investigaciones de Focus conducen a Correa y a quien aparece como candidato a la vicepresidencia, Jorge Glas, también en el cargo en la presente gestión, y quien según analistas sería el poder detrás del trono del candidato a presidente por Alianza País, Lenín Moreno.

Las irregularidades en la contratación de la Refinería Esmeraldas se gestaron después de la imposición de un sistema discrecional de contratación directa, autorizado por el presidente Correa en 2007, con un decreto ejecutivo a través del cual él creó un sistema de emergencia. Sobre la base de ese decreto, el directorio de Petroecuador declaró un proceso de contratación directa que eliminó las licitaciones internacionales, normales en cualquier parte del mundo.

“En Ecuador no hay licitación. Todas las grandes obras son contratadas de manera directa por las autoridades. En este caso, la responsabilidad central recae sobre el presidente Rafael Correa y sobre el candidato a la vicepresidencia Jorge Glas Espinel, que es quien maneja los sectores estratégicos, principalmente el sector petrolero”, indica Villavicencio.

La carencia de licitación estalla en la mesa de análisis, cuando Villavicencio destaca la ruta de los contratos, que culmina en alguien cercano al mandatario.

“Una de las empresas que está seriamente implicada es la fiscalizadora del proyecto refinería Esmeraldas y refinerías del Pacífico, una firma domiciliada en Delaware, la compañía Warren Parsons International. Todos los contratos se adjudicaban con la firma y el aval de esta compañía, que ha suscrito contratos por más de $340,000,000 con el estado ecuatoriano. Esta compañía cometió un gravísimo error, si llámese error, al haber tercerizado la fiscalización, entregando este trabajo a una empresa ecuatoriana llamada Azul, del Grupo Azul, propiedad de la asesora del presidente Correa, Mónica Hernández de Phillips y de su esposo, William Phillips, de nacionalidad estadounidense. Aquí se puede configurar un delito de grave conflicto de intereses.”

Pero, ¿por qué si el fiscal general emitió orden de captura contra una parte de los implicados, no fue más lejos y emprendió averiguaciones contra el mandatario? La respuesta no culmina con el parentesco entre Correa y el alto funcionario.

“El Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, fue ministro de Hidrocarburos y presidente del directorio de Petroecuador en 2007, cuando se autorizó la contratación de la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Galo Chiriboga no está sindicando a los peces gordos, a los tiburones, como llamamos acá. Están cogiendo sardinas y no quieren llevar a la cárcel a los grandes implicados, porque entre ellos está el propio fiscal general, además del vicepresidente de la República y candidato a la Vicepresidencia, Jorge Glas Espinel, y el propio presidente de la República, creador de este sistema de contratación directa a través de un estado de emergencia falso”.

“No hay independencia de funciones, lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado es dejar un manto de impunidad para impedir que las investigaciones lleguen a los autores del más alto nivel del Gobierno”, concluye Villavicencio.

Sin popularidad, ¿habrá fraude?

El Instituto Interamericano para la Democracia, presidido por el analista Carlos Alberto Montaner, ha alertado a los votantes de Ecuador sobre las intenciones declaradas de la gestión de Rafael Correa, a quien califica como aliado de los regímenes de Cuba y Venezuela, sin contar su nexos con los mandatarios boliviano y nicaragüense, Evo Morales y Daniel Ortega.

Ante la caída de la popularidad de la tolda de Correa, Montaner se manifiesta esperanzado de que por lo menos, por ahora, termine “el ciclo de expansión del socialismo del siglo XXI, como consecuencia de la crisis económica, de la corrupción terrible de esos regímenes”.

“Lo que va a ocurrir es una especie de movimiento pendular de la otra dirección. Y esa es la dirección de la gran familia liberal democrática. No hay grandes diferencias, afortunadamente, entre la democracia, la socialdemocracia, la democracia cristiana, el liberalismo, el conservadurismo. Todos esos partidos funcionan dentro de la idea de República, de que debe haber poderes que se contrapesen, elecciones periódicas, multipartidismo, una supremacía de la sociedad sobre el Estado. Frente a eso está el neopopulismo, que tiene ribetes marxistas, una conducta distinta, que es lo que se agrupa en el socialismo del siglo XXI”, indicó el analista.

Sin embargo, otros expertos en la materia no ven sencillo el cambio en la esfera gubernamental. Roberto López, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador, manifiesta que habrá que acudir a instancias internacionales, como la OEA, debido a que en Ecuador “existe una democracia ficticia”.

“Imagine usted que en Estados Unidos le prohíban a los candidatos presidenciales contratar publicidad durante las elecciones. Si usted revisa la Constitución de Ecuador, en el artículo 115, va a a encontrar lo que le estoy diciendo. Y no puede haber una democracia, si no se conoce la propuesta de los candidatos. El prohibir la publicidad en el sector privado, es una forma de controlar la publicidad de la oposición, así de simple”, señala el profesor de posgrado de Derecho Constitucional.

Acotó la posibilidad de que se manipulen los resultados en los comicios, que en el escenario más favorable para la oposición, obligarían a ir a una segunda vuelta, pues la disidencia no se encuentra unificada de cara a la primera vuelta y la Alianza País luce como la “minoría más grande”.

“Desde que estos señores llegaron al poder se suprimió la publicación del padrón electoral. ¿Por qué lo hicieron? En el año 2013, presenté ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una denuncia por fraude electoral. ¿En qué consistió el fraude? Ellos manejan una cifra aproximada del 10 por ciento del padrón donde votan muertos y terroristas. Con esa variación se gana una votación”, denunció el profesor, quien acotó que el oficialismo tiene un control absoluto sobre el Consejo Nacional Electoral.

López señala que la única vía posible sería que la OEA aplique a Ecuador la Carta Democrática y se descalifique la papeleta del candidato de Gobierno, que recordó que la Constitución de Ecuador establece que para ganar en primera vuelta, el candidato oficialista debería obtener 40 por ciento de los sufragios y al menos 10 puntos de ventaja sobre quien le sigue de segundo. A pesar de que la popularidad del oficialismo tiene tendencia a la baja, el índice se mantendría en 30 por ciento, según las encuestas.

Para Martha Roldos, directora ejecutiva de la Fundación 1000 Hojas, que investiga y promueve la rendición de cuentas de funcionarios, destaca en la primera vuelta debido al cercenamiento de las candidaturas de la oposición, el candidato de Correa pudiera llegar a tener 10 por ciento de ventaja sobre su seguidor inmediato y que el cálculo se hace sobre los votos válidos, lo que subiría la posibilidad de obtener el 40 por ciento necesario.

“Si un 20 por ciento votó nulo o son votos considerados no válidos, el cálculo, sobre la base del 80 por ciento de los votos emitidos, pudiera darle la ventaja al candidato gubernamental. Allí viene una preocupación adicional, pues el Gobierno controla el tribunal electoral y la posibilidades de transparencia son limitadas. Antes ya han existido una serie de cuestionamientos al sistema de escrutinios de votos”, indicó.

No obstante, Roldós no pierde las esperanzas, ante la continua baja del Gobierno en los sondeos. “En la medida que los resultados de la tendencia decreciente continúe, eso haría difícil cualquier tipo de manipulación”, sentenció.

De llegarse a una segunda vuelta, la opción de un cambio para una mayoría ecuatoriana opositora se inclinaría a favor de Guillermo Lasso o Cynthia Viteri, quienes pugnan por el liderazgo disidente, según los sondeos.