Human Rights Watch INFORME MUNDIAL 2016

El gobierno del Presidente Rafael Correa ha ampliado el control estatal sobre los medios de comunicación y la sociedad civil, y ha ejercido abusivamente su poder para hostigar, intimidar y castigar a sus críticos. En 2015, miles de personas participaron en manifestaciones públicas contra políticas del gobierno. En reiteradas ocasiones las fuerzas de seguridad respondieron con un uso excesivo de la fuerza. No se han investigado adecuadamente los abusos contra manifestantes, incluidas detenciones arbitrarias.

Otros problemas que siguen vigentes en Ecuador incluyen la limitada independencia judicial, las deficitarias condiciones carcelarias y limitaciones en el acceso por parte de mujeres y niñas a servicios de salud reproductiva por temor a enfrentar acciones penales.

Actuación de las fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas han utilizado reiteradamente la fuerza contra manifestantes pacíficos durante 2015. En agosto, una minoría de participantes en manifestaciones mayormente pacíficas que se desarrollaron en distintos puntos del país agredieron a miembros de las fuerzas de seguridad con piedras, palos, lanzas y cócteles Molotov, y estos hechos dejaron un saldo de 116 oficiales heridos. Las fuerzas de seguridad respondieron en algunos casos con un uso innecesario e ilegítimo de la fuerza, golpearon o detuvieron arbitrariamente a decenas de manifestantes y transeúntes, e ingresaron ilegalmente a viviendas de personas que no estaban participando en las protestas.

Por ejemplo, la periodista y académica franco-brasileña Manuela Picq participaba pacíficamente en una manifestación en Quito cuando fue agredida con puntapiés y golpes por policías. Picq fue detenida y salió de país luego de que se revocara arbitrariamente su visa. Manuel Asunción Poma Poma, un residente de Saraguro, provincia de Loja, señaló que estaba saliendo de una tienda próxima al lugar donde se desarrollaba una manifestación, cuando miembros de las fuerzas de seguridad lo agredieron con golpes con toletes, causándole que perdiera cinco dientes y lesiones en el maxilar.

Las autoridades acusaron a 130 personas por su presunta responsabilidad en incidentes violentos, pero aparentemente no han realizado esfuerzos suficientes para investigar a los funcionarios que utilizaron fuerza brutal para dispersar protestas antigubernamentales, según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado en octubre. El Presidente Correa felicitó a las fuerzas de seguridad por su desempeño.

En los últimos años, fiscales y jueces de Ecuador han imputado cargos de “terrorismo” y “sabotaje” a personas que participaron en manifestaciones contra el gobierno. Si bien un nuevo Código Orgánico Integral Penal que entró en vigor en agosto de 2014 limitó las definiciones hasta entonces imprecisas y excesivamente amplias de ambos delitos, la justicia no usó oportunamente las nuevas disposiciones para reconsiderar condenas injustas en casos en los cuales altos funcionarios gubernamentales mostraron satisfacción por las condenas.

En octubre, la Corte Nacional de Justicia condenó a cinco manifestantes a 18 meses de cárcel por paralizar servicios públicos, y los acusó de haber ingresado por la fuerza a las oficinas de Ecuador TV, el canal de televisión pública, durante un motín policial en septiembre de 2010. Los manifestantes reclamaban que se les permitiera hablar al público, dado que el gobierno había dado instrucciones de que todos los demás canales transmitieran la programación de Ecuador TV. Entre los condenados se encontraba un estudiante que fue acusado de apoyar las acciones del grupo por haber aplaudido.
Libertad de expresión

La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 concede al gobierno amplia potestad para limitar la libertad de expresión. La ley exige que toda la información difundida por los medios sea “verificada” y “precisa”, lo cual facilita la posibilidad de censura, al permitir que el gobierno decida qué información cumple con estos criterios indefinidos. También prohíbe el “linchamiento mediático”, al cual define como “la difusión de información que [...] sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente [...] con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Asimismo, prohíbe lo que denomina “censura”, que conforme a la definición contenida en la ley incluye situaciones en las cuales los medios de comunicación privados no difunden temas que el gobierno considere de “interés público”.

La Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), un organismo gubernamental creado por la Ley Orgánica de Comunicación de 2013 que es distinto a la Secretaría de Comunicación, en decenas de casos ha ordenado a medios de comunicación y periodistas “rectificar” noticias, retractarse, u ofrecer una disculpa pública por su contenido, incluso en casos de artículos de opinión y caricaturas. La SUPERCOM también ha acusado a algunos medios de incurrir en “censura” al no publicar información que las autoridades consideraban importante.

El gobierno de Correa utilizó en reiteradas oportunidades la Ley Orgánica de Comunicación para ordenar a los medios que publicaran información favorable al gobierno. En julio, el periódico El Mercurio reprodujo un artículo de la agencia de noticias española EFE sobre la visita del Papa a Ecuador con el título: “Apoteósico recibimiento en Quito al papa Francisco y sonora pitada a Correa”. El secretario de comunicación ordenó a El Mercurio publicar una rectificación con el título “Correa no estuvo en caravana papal”. La SUPERCOM ha aplicado reiteradamente cuantiosas multas a medios de comunicación que se niegan a publicar rectificaciones empleando exactamente los términos exigidos por la Secretaría de Comunicación.

Periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales que critican abiertamente al gobierno han sido objeto de acoso y amenazas por parte de fuentes anónimas. En febrero, un activista ecuatoriano que había publicado memes satíricos en Facebook y Twitter, incluido uno donde se mostraba al Presidente Correa en un centro comercial de Europa, recibió una amenaza de muerte anónima luego de que el Presidente Correa revelara su identidad durante su programa de televisión semanal. La nota de amenaza, junto con un ramo de flores, se envió al domicilio donde estaba alojado el activista. El presidente había instado previamente a sus partidarios a unirse “a la lucha para terminar con los abusos en las redes sociales”.

En septiembre, un productor de televisión ecuatoriano que había trabajado en campañas de multimedia que cuestionaban políticas del gobierno recibió amenazas de muerte anónimas a través de Twitter y en una nota que se envió con un ramo de flores a su domicilio. La Fiscalía General del Estado no ha investigado adecuadamente ninguno de los dos incidentes.

Persisten las acciones penales por difamación, a pesar de que una reforma de 2014 limitó la definición de este delito. En mayo, el Presidente Correa consiguió que se iniciara un proceso penal por desacato contra tres hombres que, según afirmó, lo habían calumniado en 2010. Estas personas habían solicitado al Fiscal General que investigara si el presidente había violado la ley al ordenar la toma armada de un hospital durante un motín policial en 2010. Los tres decidieron no presentarse ante la justicia para evitar penas de hasta 18 meses de prisión, aunque uno de ellos se entregó voluntariamente luego de que su madre enfermara y cumplió la pena de seis meses que le habían impuesto. Ninguno pagó las multas de USD 180.000 que también se les habían aplicado.

El gobierno exige frecuentemente a medios privados que transmitan mensajes oficiales en respuesta a informes de noticias desfavorables. Durante varias de las manifestaciones que tuvieron lugar en 2015, la Secretaría de Comunicación ordenó a estaciones de radio que transmitieran en vivo manifestaciones a favor del gobierno, discursos del Presidente Correa y anuncios del gobierno. Se interrumpieron emisiones de noticias en radio y televisión para transmitir cadenas oficiales en las cuales se acusaba a medios de comunicación privados de “conspirar” contra el gobierno en su cobertura informativa de las protestas.
Independencia judicial

Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la influencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. En 2011, a través de un referéndum, el Presidente Correa recibió un mandato popular para abordar estos problemas. Sin embargo, como parte de las amplias reformas judiciales que implementó, el Consejo de la Judicatura designó y destituyó a cientos de jueces, incluidos todos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, a través de mecanismos sumamente cuestionables que han debilitado la independencia judicial.

Un informe publicado en 2014 por tres organizaciones no gubernamentales de la región —la Fundación para el Debido Proceso Legal, Dejusticia y el Instituto de Defensa Legal— documentó la intromisión habitual del poder ejecutivo en las decisiones judiciales, el uso indebido del sistema penal contra quienes cuestionan políticas del gobierno y el uso indebido del sistema de disciplina interno del poder judicial para castigar a jueces cuyas decisiones no concuerden con las políticas del gobierno de Correa.
Defensores de derechos humanos y sociedad civil

En 2013, el Presidente Correa emitió un decreto ejecutivo que otorga al gobierno amplias facultades para intervenir en las actividades de las ONG, incluyendo la posibilidad de disolver a estas organizaciones cuando “afecten la paz pública” o hayan participado en actividades distintas de aquellas identificadas al momento de registrarse ante el gobierno. En diciembre de ese año, el gobierno disolvió a la Fundación Pachamama, una prestigiosa ONG que se dedicaba a la defensa del medioambiente y los derechos humanos.

En agosto de 2015, el Presidente Correa dictó un nuevo decreto que conserva las amplias potestades para regular y disolver a organizaciones. En septiembre, la Secretaría de Comunicación inició un proceso administrativo para disolver Fundamedios, una organización ecuatoriana que monitorea la situación de la libertad de expresión, alegando que había participando en actividades “políticas” al publicar mensajes de Twitter con enlaces a blogs y artículos de noticias en los cuales se criticaba al gobierno. Semanas después, luego de que varios observadores internaciones, incluidos relatores del sistema de derechos humanos interamericano y el de las Naciones Unidas, exhortaran a las autoridades a frenar el proceso de disolución, la Secretaría desistió del procedimiento. No obstante, en octubre determinó que Fundamedios no podía indicar en su estatuto que uno de sus objetivos era defender la libertad de expresión, alegando que únicamente el Estado tiene la potestad de “respetar” y “proteger” derechos fundamentales.

Persisten los actos de persecución contra activistas que cuestionan abiertamente políticas gubernamentales. En febrero, Javier Ramírez, un activista de Intag, provincia de Imbabura, que se opone a un proyecto de minería en la zona, fue acusado de atacar a trabajadores de la empresa minera, a pesar de evidencias convincentes de que el día en que se produjo el ataque Ramírez se encontraba en su domicilio recibiendo un tratamiento médico por una lesión en la rodilla. Fue condenado por “rebelión” a 10 meses de cárcel, pero el mismo día de la condena fue puesto en libertad debido a que ya había cumplido la pena durante su detención en prisión preventiva.

Algunos defensores de derechos humanos y abogados han denunciado que sufrieron amenazas anónimas y actos de intimidación. Juan Pablo Albán, un abogado que representa a varias víctimas de abusos ocurridos durante este gobierno y administraciones anteriores, en octubre de 2014 recibió una nota en su oficina de Quito que decía “deja de meterte con nuestro glorioso Ejército y Policía”. La nota, además de contener insultos, también le advertía que lo matarían. Albán le dijo a Human Rights Watch que ha visto automóviles que lo seguían y que si bien está formalmente en un programa estatal de protección de testigos, víctimas y abogados, nunca se ha reunido con los agentes supuestamente asignados a su protección ni ha tenido señales de su presencia.
Derecho a la privacidad

En julio, fuentes de noticias difundieron presuntos documentos gubernamentales clasificados que se habían filtrado extraoficialmente, los cuales indican que la Secretaría de Inteligencia habría vigilado ilegalmente a defensores de derechos humanos, activistas ambientales, organizaciones indígenas, académicos y opositores políticos del Presidente Correa. Según el derecho ecuatoriano, estas medidas de vigilancia solamente pueden ser autorizadas con una orden judicial. Los documentos filtrados incluyen evidencias de que la Secretaría de Inteligencia intentó rastrear el origen de financiamiento del exterior recibido por ONGs y organizaciones indígenas.
Condiciones en centros de detención

La sobrepoblación y otras condiciones deficientes en centros de detención son problemas crónicos en Ecuador. Desde 2012, el gobierno ha destinado millones de dólares a construir nuevos centros de detención. Sin embargo, su ubicación en sitios remotos y las normas rigurosas sobre visitas limitadas dificultan el contacto de los internos con sus familiares. Algunas personas que ingresan a estos centros como visitantes habrían sido sometidas a controles vaginales y rectales.
Juicios por abusos del pasado

Siguen avanzando lentamente los esfuerzos para que funcionarios ecuatorianos rindan cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008, el período examinado por una Comisión de la Verdad creada por el gobierno de Correa. En 2010, se creó una fiscalía especializada a la cual se encomendó la investigación de 118 casos de abusos contra 456 víctimas, incluidas 68 ejecuciones extrajudiciales y 17 desapariciones forzadas.

A la fecha de redacción de este informe, los fiscales habían presentado acusaciones en siete casos, incluidos dos en los cuales los imputados fueron condenados, y estaba previsto que comenzara en la Corte Nacional de Justicia el primer juicio en Ecuador por crímenes de lesa humanidad.
Derechos reproductivos

El derecho a realizar abortos se limita a casos en que la salud o vida de la mujer estén en riesgo, o cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una “mujer con discapacidad mental”. El temor a ser perseguidas penalmente genera que algunas mujeres y niñas recurran a abortos practicados de manera ilegal e insegura, y obstaculiza el acceso a servicios y atención de la salud para víctimas de violencia sexual. El temor a la persecución penal también dificulta la detección y prevención de la violencia sexual y de género. Las estadísticas oficiales indican que una de cada cuatro mujeres mayores de 15 años en Ecuador ha sido víctima de violencia sexual.
Actores internacionales clave

El gobierno se ha negado a participar en todas las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, excepto una, y ha señalado que no cumpliría con sus recomendaciones.

En marzo, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por el acceso limitado de las mujeres al aborto terapéutico, quienes, consecuentemente, recurrían a abortos inseguros. También expresó consternación ante la violación de la confidencialidad por parte de personal de atención de la salud que denuncia ante las autoridades a mujeres que procuran obtener un aborto o atención de la salud luego de abortos espontáneos.

En mayo, Ecuador adoptó la Declaración sobre Escuelas Seguras, de alcance global, comprometiéndose así a reforzar sus acciones para proteger a estudiantes, docentes y escuelas en tiempos de conflicto armado, entre otras medidas, implementando las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados.

En junio, Ecuador donó USD 1 millón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un mes después, miembros de la Organización de los Estados Americanos nombraron juez de la Corte Interamericana a Patricio Pazmiño, un abogado ecuatoriano que se desempeña simultáneamente como juez en la Corte Constitucional de Ecuador.

En agosto, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas instó a que se iniciara una investigación justa e imparcial de todos los actos de violencia ocurridos durante las protestas de agosto de 2015, incluidas las denuncias de que policías y militares recurrieron a un uso excesivo de la fuerza.

En septiembre, la Corte Interamericana determinó que Ecuador había violado los derechos de una niña de tres años que contrajo VIH en un hospital público en 1998. La Corte ordenó que el gobierno adoptara medidas para prevenir y abordar la discriminación enfrentada por personas con VIH/SIDA, especialmente los niños.

En octubre, la Asamblea General de la ONU eligió a Ecuador para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2016-2018.