Para la mayoría de ecuatorianos en las pasadas elecciones del 02 de abril hubo fraude. Sin embargo, la reacción frente a esta coyuntura es distinta de una a otra clase social y entre las organizaciones políticas y populares.
El correísmo que inicialmente se autoproclamó como vencedor, durante los días siguientes al balotaje presidencial jugó un triste papel defensivo apelando a unas cuantas comparecencias públicas, en las que los exabruptos del licenciado Moreno fueron evidentes, y exaltando las misivas de felicitaciones enviadas por algunos líderes y presidentes de los países de la región.
Por otro lado la mayoría de las organizaciones sociales y políticas, la oposición popular y la burguesa, coinciden en la calle en rechazo a la parcialización del árbitro electoral y demandan la aceptación de las impugnaciones a varias inconsistencias existentes, la auditoría al sistema informático del CNE y el reconteo de los votos.
Los movilizados provienen de una estructura ideológica, étnica, social y política diversa; reclaman su pertenencia a las distintas franjas de un movimiento anticorreísta que alcanza dimensiones de policlasismo por su composición heterogénea, en ella existen simpatizantes de Lasso (que ha fortalecido un liderazgo en esta lucha) y de otras fuerzas políticas de derecha, pero también se visibiliza la presencia de partidos y organizaciones que desarrollan su accionar desde la tendencia democrática, progresista y de izquierda.
En la pluralidad y complejidad de actores que intervienen en este movimiento de masas existe un imaginario simbólico que se expresa en la presencia de banderas tricolores del Ecuador, las cuales superan con creces a las portadas por cualquier organización social o partidista.
Es preciso apuntar que en el transcurso de las protestas se principaliza una disputa que enfrenta de un lado a un régimen autoritario con aguda tendencia dictatorial y por otro a quienes reclaman la vigencia de la democracia expresada en el respeto a la voluntad del sufragio. En esa disputa están especialmente presentes las pugnas interburguesas y en menor proporción las contradicciones pueblo versus oligarquía.
La dimensión de las antítesis entre correístas y anti-correístas es de tales proporciones que configuran una nueva crisis política que está en pleno desarrollo. El desconocimiento del candidato oficial como presidente, la impugnación de todo el proceso electoral y del sistema informático del CNE, el cuestionamiento a la parcialización y abuso de las instituciones del Estado, la creciente movilización de masas opositoras al régimen, la escalada de violencia y persecución ejercida desde el gobierno de Alianza País son expresiones de cómo se desarrolla la crisis.
Esta realidad también es interpretada por el oficialismo que urgido por la creciente movilización de masas opositoras rectificó la declaratoria del presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, sobre la irreversibilidad de la victoria de Moreno y se adhirió a la petición de revisión de las actas impugnadas. Tales maniobras son propagandizadas en frecuentes y repetitivos spots publicitarios que intentan convencer sobre la transparencia del régimen en las elecciones y la irresponsabilidad de la oposición que promueve la protesta social.
El correísmo complementa su apertura a las demandas de los manifestantes ejecutando la teoría de la zanahoria y el garrote 1 . Se trata de una suerte de institucionalización de la violencia: represión y judicialización selectiva que tienen el propósito de intimidar y domesticar al movimiento de masas. La frágil gobernabilidad en el eventual gobierno del continuismo, después de los peores resultados electorales que obtendrían en más de una década, tratan de corregirla sometiendo por la fuerza a la oposición.
Al parecer se inauguró una cacería de brujas postelectoral, a propósito del allanamiento a las oficinas de la empresa encuestadora CEDATOS y la detención de algunos de sus empleados por orden de la cuestionada Fiscalía. Sin embargo, se debe anotar un ejercicio parcializado y no proporcional ante acciones similares que involucran a encuestadoras cercanas al gobierno como Perfiles de Opinión.
¿Quiénes siguen en la lista de judicializados y encarcelados: la Corporación Participación
Ciudadana, dirigentes sociales y políticos, periodistas y medios de comunicación? Es evidente que la criminalización de la lucha social y la penalización del pensamiento diferente, que en un inicio fueron prescritos para la oposición popular y de izquierda, ahora se extiende a otras capas y clases de la sociedad.
Los acontecimientos experimentados en estos días permiten prever que el continuismo apunta a tensar la subordinación de las instituciones del Estado bajo el mando de Alianza País, a someter a la sociedad bajo formas organizativas de un funcionalismo estructural y al disciplinamiento coercitivo de la oposición.
El riesgo de una real involución de la democracia liberal representativa que disimule el desempeño de un gobierno socialmente débil, políticamente ilegítimo y electoralmente impuesto está en marcha. La consolidación o el fracaso de los propósitos del correísmo no sólo dependen de su voluntad, sino de la extensión numérica y cualitativa de la protesta social.
¡A las calles!
Lcdo. Francisco Escandón Guevara
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